Nicaragua cumple dos meses sumida en crisis
Por Gabriela Selser (dpa)
HAVANA TIMES – Dos meses después comenzar la crisis que ha convulsionado a Nicaragua, el país continúa sumido en el caos y el terror, lejos de una solución negociada que ayude a resolver el peor conflicto desde el derrocamiento del dictador Anastasio Somoza en 1979.
La primera protesta estudiantil estalló el 18 de abril, por una reforma del Seguro Social, pero se multiplicó tras la violenta acción de la Policía y fuerzas de choque del Gobierno contra universitarios desarmados.
Tras un mes de tensiones, el diálogo nacional se instaló el 16 de mayo, pero se suspendió una semana después por falta de consenso entre el Gobierno de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica, que desde entonces exige su salida del poder.
Si bien el diálogo se reanudó el pasado viernes y el Gobierno se comprometió a “cesar la violencia venga de donde venga”, presuntos policías y paramilitares atacaron la mañana del sábado una vivienda en Managua y seis miembros de una familia murieron calcinados.
El suceso estremeció a la ciudadanía. Vecinos y sobrevivientes de la tragedia culparon a Ortega por el ataque, que puso en duda la credibilidad del Gobierno en el cumplimiento de sus compromisos.
“Las acciones criminales perpetradas por el Gobierno violentan flagrantemente los derechos de niños y niñas”, advirtió el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh, independiente) en un comunicado de denuncia ante lo que llamó “acciones de terrorismo de Estado contra la población civil”.
En las últimas dos semanas, Managua y otras ciudades se han visto presas del terror por la inédita presencia de francotiradores en lugares públicos y la movilización de hombres fuertemente armados en redadas contra opositores al Gobierno.
En muchos casos, esos elementos encapuchados y vestidos de negro se exhiben operando junto con policías uniformados y portando fusiles de asalto AK-47 y rifles M-16, entre otras armas de guerra, algo nunca visto en tiempos de paz en el hasta hace poco “país más seguro de Centroamérica”.
El director jurídico del Cenidh, Gonzalo Carrión, acusó al Ejército de estar “comprometido en el estado de terror” por tolerar desplazamientos de grupos irregulares dotados de fusiles de alta precisión, y recordó que sólo la entidad militar y la Policía tienen acceso a ese armamento.
El Ejército ha prometido no involucrarse en la crisis. Líderes de organismos de derechos humanos, que también han sido amenazados de muerte, aseguran que al menos 200 personas fallecieron y más de 1.400 resultaron heridas desde la primera protesta.
Miles más fueron detenidos y un número no precisado fue reportado como desaparecido, según las mismas fuentes.
Entre otros acuerdos del diálogo, el Gobierno accedió el viernes a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y la Uniòn Europea envíen misiones a Nicaragua para apoyar una investigación de las muertes ocurridas en las protestas, sancionar a los responsables y resarcir a las familias de las víctimas.
Sin embargo, el punto más espinoso de las negociaciones es la democratización, pues la oposición intentará incluir a toda costa temas como una reforma constitucional, el adelanto de las elecciones de 2021 y la salida de Ortega del poder a corto plazo.
“No aceptaremos imposiciones que rompan el ordenamiento jurídico y las reglas del juego establecidas para cambiar gobiernos a través de elecciones”, advirtió el canciller Denis Moncada, jefe de la delegación oficial en el diálogo.
El tema, como los demás, se discutirá de todas formas en una comisión a partir del lunes. Hasta ahora, el principal reclamo del Gobierno ha sido que los campesinos retiren más de 140 “tranques” (retenes) que impiden la circulación de unos 4.000 furgones de carga con mercaderías varados hace semanas sobre las carreteras que comunican con el resto de Centroamérica, lo que supone millonarias pérdidas al país.
“No vamos a quitar los ‘tranques’ hasta que no se vaya Daniel Ortega”, respondió tajante la líder campesina Francisca Ramírez, sumando presión al Gobierno en medio del conflicto que tiene paralizado al país.
La mayoría de las escuelas y colegios, y todas las universidades de Nicaragua siguen cerradas. De estas últimas, dos están bajo control de decenas de estudiantes atrincherados en sus instalaciones, a menudo atacadas a balazos por policías antimotines y fuerzas irregulares.
Los ataques buscan destruir las barricadas que protegen a los estudiantes universitarios. y que también se han levantado en barrios populares de la capital como medida de autodefensa.
Se estima que más de 800 barricadas de adoquines, troncos y piedras se han erigido para proteger a los manifestantes. De acuerdo con los economistas, las pérdidas suman más de 1.000 millones de dólares, una cifra muy alta para el segundo país más pobre de Centroamérica.
Los principales daños afectan a las exportaciones, la construcción, el turismo y la inversión externa, con su consabido impacto en la imagen del país. “¿Cuánto tiempo pasará para que podamos convencer al mundo de que somos un país seguro?”, se preguntó un empresario turístico.