Negocios particulares y la política de crédito en Cuba

Obstáculos, soluciones e ideas

Sasha Kolopic

HAVANA TIMES – En el 2011 el Estado cubano reformó su sistema bancario y las políticas de crédito para acompañar los cambios que ocurrían en el modelo económico y estimular el crecimiento dentro del sector privado. Este fue el primer intento significativo del gobierno para introducir préstamos y apoyar así el desarrollo del sector conocido como cuentapropista.

Las reformas bancarias significaban que tres bancos estatales (Bandec, BPA, y el Banco Metropolitano) podrían emitir microcréditos para financiar el capital inicial de la microempresa en el país.

Las ofertas de préstamos variaban desde mil a cinco mil CUP (50- a 250 dólares estadounidenses) y las tasas de interés eran muy bajas, de aproximadamente el 4,25 por ciento para los préstamos a corto plazo.

A pesar de las reformas, muy pocos préstamos a corto plazo han sido entregados a las microempresas privadas, a pesar de las atractivas tasas de interés. Sin embargo, antes de analizar las deficiencias, es necesaria, en primer lugar, una mirada más profunda a las razones por las cuales se introdujeron esas nuevas políticas de crédito.

Para el 2011, el Estado cubano había aceptado de manera indirecta el hecho de que gran parte de su fuerza de trabajo y de la población dependían de trabajos secundarios en el mercado negro para complementar sus minúsculos salarios mensuales (20 a 25 dólares al mes) y ser capaces de satisfacer sus necesidades básicas, tales como la alimentación (un litro de leche cuesta 2,20 dólares) o suministros para renovar los hogares (una unidad básica de aire acondicionado cuesta 400 dólares, como mínimo).

A partir de 2012, el Gobierno había anunciado que reduciría su fuerza laboral de manera significativa, con el objetivo de reducir alrededor de un millón y medio de empleos estatales en cuatro años. Se supone que los puestos de trabajo suprimidos sean recuperados por el sector privado recién legalizado, que consistía en alrededor de 200 actividades por cuenta propia que se permitirían, sobre todo, dentro de la industria de los servicios.

Estas políticas estaban destinadas a reducir el gasto público innecesario. Además, se esperaba que las políticas convirtieran una parte significativa del mercado negro en un nuevo sistema legal de trabajo por cuenta propia, lo que permitiría su control, y los impuestos.

Para incentivar la legalización de los negocios privados, se introdujeron las nuevas políticas crediticias. Sin embargo, su impacto ha sido insignificante y algunas de las razones de esto están dentro de los elementos básicos de las políticas. Esto ha sido analizado en profundidad por algunos de los principales economistas de Cuba, como Jéssica León Mundul y David J. Pajón Espina.

Por ejemplo, los préstamos para los negocios privados se limitan a quienes han sido registrados formalmente como cuentapropistas durante, al menos, seis meses antes de solicitar el préstamo.

El proceso de solicitud requiere la presentación de una multitud de documentos con los cuales la mayoría de los particulares cubanos ‘informales’ nunca han tratado, como por ejemplo comprobantes de pago de impuestos anteriores, estados financieros (ingresos y gastos) de los últimos seis meses, proyecciones financieras para la duración del préstamo, e incluso una autorización del Ministerio de Salud Pública que indique que la persona es físicamente capaz de realizar el trabajo.

Agregando, además, a la sofocante burocracia el asunto de la seguridad que el solicitante tendría que aportar como garantía para el préstamo. El proceso de valoración de los bienes que serían ofrecidos como garantía, eran realizados por una agencia que es independiente de los bancos y los criterios de valoración son confusamente abstractos.

En Cuba, la aceptación de viviendas particulares como garantía del préstamo es ilegal, pero los solicitantes serían capaces de presentar otras opciones, tales como joyas, objetos de valor domésticos (muebles, electrodomésticos, etc.), o un auto (no obstante, se aceptarán solo los carros de años después de 1974). Esto era un serio problema,  porque la agencia valoradora evaluaría objetos como mucho menos valiosos que lo que son en realidad, si se vendieran en el mercado negro.

Por otra parte, el valor de la garantía, así como los préstamos dados, serían tasados en la moneda nacional, en oposición al CUC vinculado al dólar estadounidense, que es la moneda de elección en el mercado negro.

La falta de transparencia institucional y la valoración realista de la garantía, junto con el hecho de que la mayoría de los interesados simplemente no pueden ofrecer muchos objetos de valor como garantía, siempre brindaban gran cantidad de elementos disuasivos a los posibles candidatos. Si la garantía no estaba disponible, los solicitantes podrían generar co-firmantes que podrían proporcionar activos de terceros en garantía.

Como consecuencia de todo esto, los economistas cubanos han llegado a la conclusión de que el proceso de aprobación del préstamo está orientado a favorecer significativamente a aquellas personas que tienen fuertes conexiones personales en posiciones de liderazgo que pueden proporcionar las garantías necesarias, lo cual los ayudará a pasar a través de la burocracia mucho más rápidamente que al ciudadano de a pie. De acuerdo con Mundul y Espina, fueron entregados solo 550 préstamos a los 444 mil 109 empresarios autónomos en 2013 – un alcance de poco más de un  0,1 por ciento.

Como una alternativa a los servicios bancarios del Estado para el capital de trabajo, los ciudadanos dependen cada vez más de las remesas para obtener el capital necesario para una operación de negocios. Los empresarios que inician negocios particulares financiados por generosas remesas están en mejor posición para recibir los préstamos de bajo interés, que les da una ventaja significativa sobre otros, porque los criterios de préstamo favorecen a aquellos que ya tienen el dinero y un negocio legítimo.

Las remesas anuales a Cuba han superado los cinco mil millones de dólares estadounidenses, convirtiéndose en uno de los principales motores de la economía y una importante fuente de ingresos del extranjero.

Por desgracia, el incremento de las remesas ha tenido también un aumento correspondiente en la desigualdad de ingresos por una simple razón: mientras algunas personas tienen familiares exitosos y con elevados ingresos en el extranjero, la mayoría no los tiene y, por tanto, no son capaces de recibir los fondos necesarios para convertirse en trabajadores particulares.

El Estado debe proporcionar una política de crédito viable para toda la población con bajos ingresos, si desea cerrar con éxito el período de transición económica y de esa manera aliviar el aparato estatal y crear más trabajo por cuenta propia en el país.

Teniendo en cuenta el actual sistema bancario, junto con la desigualdad económica creciente, generada por el escaso acceso a dinero en efectivo, es solo cuestión de tiempo de que surja un mercado negro de préstamos abusivos (y el crimen organizado junto con él)  para satisfacer la demanda local de capital, en un país donde el sustento básico no está al alcance de la población. El coeficiente GINI (medida de distribución de ingreso) de Cuba ha subido significativamente en años recientes se parece a la mayoría del resto de los países de América Latina.

Para mejorar su política de crédito y efectivamente alentar la legalización de la actividad económica informal en todo el país, el Gobierno debe asumir inicialmente más riesgos en cuanto a los créditos, con el fin de facilitar un mayor número de solicitantes y aprobaciones, y generar de esa manera el crecimiento del trabajo por cuenta propia, manteniendo bajas tasas de interés.

Mundul y Espina sugieren que los criterios de solicitud de préstamo deben crear un entorno más acogedor, inclusivo, que no sea preventivo en términos de burocracia o los impuestos excesivos (tal vez pueden ofrecer un corto período de gracia libre de impuestos para las empresas registradas recientemente) y no limitar a los nuevos empresarios que están dispuestos a cambiar de una forma informal de empresa registrada a una oficial.

Por otra parte, no puede ser un solo enfoque de política crediticia para todos por igual; el gobierno tiene que apoyar y alentar a las empresas que pueden crear puestos de trabajo, reducir la dependencia de las importaciones, mejorar la capacidad de fabricación, y otras actividades que puedan fortalecer y diversificar la economía local.

El fracaso de esta política se puede atribuir a la falta de experiencia, lo que llevó a un enfoque gubernamental excesivamente complicado y cauteloso para prácticas de préstamos. Cuba puede aprender de los ejemplos positivos en otros países de América Latina como Bolivia o Perú, donde los modelos de microfinanzas han mejorado de manera efectiva la generación de ingresos a nivel local a través del autoempleo, ayudados por políticas gubernamentales, centrándose  en la reducción de la desigualdad de ingresos.

Al mismo tiempo, también se puede aprender bastante de las muchas iniciativas negativas de microfinanzas. El gobierno cubano puede evitar ciertas trampas de microfinanzas, ya que los bancos comerciales privados no estarían involucrados en Cuba en el futuro previsible.

Sin embargo, hay organizaciones de microfinanzas a nivel internacional sin fines de lucro de renombre, como Root Capital, Acción Internacional, y Kiva cuyas actividades se centran a menudo en el desarrollo de los sectores agrícolas en las economías emergentes. El gobierno cubano se beneficiaría en gran medida con la cooperación de dichas entidades que son experimentadas a nivel mundial.