Los defensores de los presos políticos en Nicaragua

De izquierda a derecha: Yonarquí Martínez, Julio Montenegro y Leyla Prado, todos abogados de los presos políticos. Carlos Herrera , Claudia Tijerino | Confidencial

 

La CPDH defiende a más de 200 de los 777 reos de la dictadura

Los abogados que han asumido la defensa de los reos de conciencia de la dictadura enfrentan su propio calvario: delitos fabricados y hasta atentados

 

Keyling T. Romero  (Confidencial)

HAVANA TIMES – A la abogada Yonarquí Martínez se le quiebra la voz cuando habla del juicio de Dilon Ramos, el estudiante matagalpino que abandonó las filas de la UNEN para unirse a la años y seis meses de cárcel, que le impuso el juez orteguista por supuestos delitos de terrorismo, robo y secuestro simple. Lo recuerda, y dice sentir que algo en ella se rompe.

“Te afecta cuando mirás que a una persona inocente se le culpa, y vos dando los elementos y teniendo la ley en mano. Eso como ser humano te parte (…), porque los muchachos siempre tienen la esperanza de que el juez reaccione y dicte una resolución conforme al Derecho. Sin embargo, eso no ocurre”, lamenta.

Martínez es una de las abogadas que más casos de presos políticos tiene a su cargo, y ha sufrido asedio, difamación y atentados en contra de su vida, que buscan obligarla a que abandone los casos. La amenaza más reciente podría llevarla al banquillo de los acusados, o a la misma cárcel, como a sus defendidos, pues recientemente se inició un proceso judicial en su contra, en el cual la acusan de un supuesto robo contra una empleada del Poder Judicial. Si se acepta la acusación, su abogado defensor sería su colega Julio Montenegro, otro abogado de los presos políticos, quien igual que Martínez y la defensora Leyla Prado, enfrenta amenazas similares.

Desde que la dictadura ordenó la criminalización de las protestas cívicas, que iniciaron en abril, estos abogados deben lidiar con los obstáculos de la justicia orteguista, que condena a priori a jóvenes, líderes estudiantiles, campesinos, activistas y ciudadanos en general, que se rebelaron contra la dictadura.

Los abogados de los golpistas

El abogado de la CPDH, Julio Montenegro, está a cargo de la defensa de más de 70 presos políticos. Carlos Herrera | Confidencial

La primera vez que el abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Julio Montenegro, llegó a los Juzgados de Managua para asumir la defensa de un preso político, tuvo que azotar las puertas de vidrio de la Sala de Audiencias para que lo dejaran entrar. Sabían que llegaba a defender a uno de los que se rebeló contra la dictadura, a quienes el régimen decidió tildar de “golpistas”.

“Las acusaciones mismas que ha hecho el Ministerio Público no son objetivas, no cumplen con el artículo 90 del Código Procesal Penal, puesto que ellos perfectamente pudieron haber devuelto las diligencias a la Policía cuando no cumplían los requisitos, pero más bien nosotros miramos una especie de justificación a cualquier error que tengan los expedientes policiales”, alega Montenegro, quien está a cargo de la defensa de 75 presos políticos.

Solo una vez, recuerda, un juez rechazó las acusaciones, pero hacer esto le costó su cargo, pues pasó de ser juez de distrito de audiencia a juez de distrito de ejecución. Esto ocurrió en el caso del preso político, Reynaldo Lira, promotor de derechos humanos de la CPDH en Boaco, y el juez demeritado fue Carlos Solís.

En febrero reciente, el director de la CPDH, Marcos Carmona, denunció los obstáculos que los abogados de este organismo enfrentan al defender a los presos políticos, y las presiones que les imponen para que ellos abandonen la defensa.

Una de los cambios en el Complejo Judicial de Managua es la presencia excesiva de policías y antimotines cuando se realizan juiciios de líderes y denuncias. Carlos Herrera | Confidencial

“En las últimas semanas los jueces han impulsado quejas en la Corte Suprema de Justicia para que sancionen a nuestros abogados, para que no puedan tener la representación legal de los procesos que estamos llevando y, también, están pretendiendo que no se evidencie las violaciones a los derechos humanos, las violaciones a los derechos y garantías de la que están siendo objetos los presos políticos”, detalló.

Contra los abogados defensores hay quejas de impuntualidad, pero para llegar a una sala les revisan sus maletines varias veces, les juntan las audiencias —una detrás de otra o a veces hasta en el mismo horario— o los ubican en salas alejadas una de la otra. “Como ratón loco, tenés que andar corriendo para llegar a la sala”, compara Martínez. Además, les ordenan apagar sus celulares, para que no fotografíen el estado de los presos políticos.

Asedio y persecución

La abogada Leyla Prado asegura sentirse decepcionada del sistema de jucia de Nicaragua. Carlos Herrera | Niú

En los Juzgados de Managua, a Leyla Prado la intentan descalificar, llamándole “la abogada de los tranqueros y los golpistas”. Los judiciales con los que antes tenía un trato cercano, ahora evitan hablar con ella, y cuando los presos políticos son presentados por primera vez ante el juez, a ellos les inducen a que elijan a un defensor público.

El acoso en su caso es constante, cuando se reúne a conversar con los familiares de los presos políticos le toman fotografías y también vigilan su vehículo.

 “En el costado oeste del Complejo Judicial me han dicho que hay personas que se disfrazan de vendedores de cajetas o helados, y se ha logrado determinar que son personas que pertenecen a la Policía Nacional y que les toman videos a ellos (los familiares de los presos) y a mí también”, asegura.

También Montenegro ha sido asediado por motociclistas, que en una ocasión lo siguieron y le apuntaron con armas cuando se dirigía a su casa.

Martínez además ha sufrido cuatro incidentes en el cuales han atentado contra su vida. Uno ocurrió en diciembre pasado, cuando llevó el caso del hijo de la expolicía, María Teófila Aráuz, despedida por escribir en su estado de WhatsApp: “¡Que vivan los estudiantes!”. El hijo de la expolicía murió misteriosamente en un accidente de tránsito. Durante esa defensa, Martínez sufrió un atentado en su vehículo. Días antes, había recibido un mensaje, en el cual le amenazaron: “Tu muerte va a ser igual o peor que el hijo de la Teófila”.

Luego, en enero, Martínez y su asistente fueron asaltados a pocos metros de su casa. Eran los días en que ejercía la defensa del exmiembro de UNEN, Dilon Ramos.

La abogada, Yonarquí Martínez, ha sufrido un par de atentados en contra de su vida. Cortesía | Confidencial

“Yo siento que cada vez que se acercan los juicios de líderes (de la protesta), hay una represalia al respecto. Quizás para que uno renuncie al caso o no vaya a sala”, estima Martínez. Sin embargo, confía en que aunque ella no esté, siempre habrá alguien que pueda defender a los presos políticos, y descarta abandonar su labor por miedo o amenazas.

Montenegro reflexiona que cuando eligió esta profesión, quizá estaba prevista esta prueba: “Yo considero que la labor que estamos haciendo es importante. Por alguna razón no fui cura, por alguna razón no me dediqué al periodismo, de repente tenía que ser abogado para estar en este momento, en este trabajo”.

Premian a jueces orteguistas

Los abogados de la CPDH están a cargo de la defensa de más de 200 de los 777 presos políticos de dictadura. Veintidós de esos casos están ahora entre los cien reos de conciencia a quienes les han dado casa por cárcel o régimen de convivencia familiar.

El tres de mayo de 2016, el abogado Ernesto Rodríguez fue juramentado como juez Sexto de Distrito Penal de Juicio de Managua. Ahora será nombrado como magistrado. Foto tomada del sitio web del Complejo Judicial | Confidencial

A diferencia de todos los obstáculos que enfrentan los abogados de los presos políticos, los jueces obedientes a la dictadura son premiados, como Rosario Peralta y Ernesto Rodríguez, que han condenado a varios de los reos políticos, y recientemente fueron promovidos a magistrados, a pesar de que no participaron en el concurso al mérito para ganarse el puesto.

Las dispuestas entre jueces y abogados defensores también son comunes. A menudo, los jueces alegan contra de ellos “desconocimiento de la ley”, aun cuando se trata de todo lo contrario, pues los defensores sostienen que en los procesos se manipulan la ley y las evidencias, con tal de sostener las condenas que la dictadura dicta desde El Carmen

De esos alegatos, surgió el video en el cual la jueza Adela Cardoza le dice al doctor Julio Montenegro:

― Si tiene otro tipo de situación. No tengo ningún problema en suspender la audiencia, para que se prepare.

― No necesito tiempo porque tengo la suficiente capacitación. Esto es asunto de conocimiento de la ley y eso es lo que estoy alegando. No es por falta de preparación. Le recuerdo fui su docente en la escuela judicial, ―respondió Montenegro.

Esta discusión fue grabada por medios oficialistas, que son los únicos que tienen permitido entrar a las salas de los juzgados, y posteriormente se viralizó en las redes sociales.

 

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