Lo que se dijo en la OEA sobre la crisis en Nicaragua

Por Sara Barderas (dpa)

HAVANA TIMES – Más de dos meses después del inicio de la peor crisis en décadas en Nicaragua, donde los muertos suman ya 212, la Organización de Estados Americanos (OEA) se comprometió hoy finalmente a involucrarse en la búsqueda de una solución.

La crisis nicaragüense entró hoy por primera vez en el consejo permanente de la OEA, el órgano en el que se reúnen regularmente los 34 países miembro a través de sus embajadores, con la presentación allí del informe final que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha realizado tras la visita que en mayo hizo a Nicaragua para investigar la violencia.

Su secretario ejecutivo, Paulo Abrao, y la relatora para Nicaragua, Antonia Urrejola, pusieron sobre la mesa 212 muertos, la mayoría jóvenes, en el marco de las protestas que arrancaron el 18 de abril contra el Gobierno de Daniel Ortega tras la aprobación por decreto de una reforma de la seguridad social y acusaron al Ejecutivo del ex guerrillero sandinista de aplicar la “violencia estatal” para disuadir a los manifestantes.

“La respuesta de represión a las protestas ejercida por el Gobierno de Nicaragua ha tenido como consecuencia una grave crisis de derechos humanos”, señala el informe, de 97 páginas.

El documento constata un “uso excesivo de la fuerza” por parte de la policía, grupos parapoliciales y grupos de terceros armados y concluye que “el Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia”.

La CIDH, un órgano autónomo de la OEA, se encarga de velar por el respeto a los derechos humanos en el continente americano. Desde su visita a Nicaragua, la violencia se ha recrudecido. Más allá de los 212 muertos hasta el 19 junio, hasta el día 6 de este mes la CIDH contabilizó 1.337 heridos y 507 detenciones arbitrarias. En la sesión se guardó un minuto de silencio por las víctimas.

El informe de la CIDH cayó mal al Gobierno de Ortega. “Es subjetivo, prejuiciado y notablemente parcializado”, dijo su ministro de Exteriores, Denis Moncada, presente en Washington. “No es política de Estado la represión de protestas sociales y menos el uso represivo y arbitrario de la fuerza”.

Venezuela lo apoyó en su rechazo. “Se están usando las mismas técnicas de desestabilización que se utilizaron con Venezuela”, aseguró la embajadora venezolana, Carmen Velásquez.

Nicaragua ha sido hasta ahora una crisis prácticamente olvidada en la OEA, que desde hace dos años tiene puesto el foco en la situación en Venezuela.

Hasta hoy no hubo nada más allá de una declaración en la Asamblea General de principios de junio, la cual generó frustración entre la oposición a Ortega por su llamado genérico al fin de la violencia y la falta de una condena directa al mandatario por la represión de las protestas.

Hoy fue la primera vez que el consejo permanente abordó la crisis. Volverá a hacerlo pronto: México anunció que presentará próximamente una propuesta de implicación en la búsqueda de una solución tras consultar con otros países y la secretaría general.

“Los miembros de la OEA tenemos un papel que jugar”, manifestó el embajador mexicano, Jorge Lomónaco. Argentina y Chile se expresaron en términos similares. El embajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo, pidió “elecciones anticipadas, justas y libres”. “No hay otra para solucionar esta crisis”, dijo. El diplomático se reunió esta semana en Managua con Ortega, pero hoy rehusó dar detalles sobre esa conversación a la prensa.

Su petición de elecciones parece encajar a priori con el planteamiento del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que trabaja con Ortega en una reforma del sistema electoral.

“Nosotros hemos propuesto un camino a andar en materia de democracia; la realización de elecciones generales, presidenciales y parlamentarias anticipadas en un plazo mínimo de nueve meses, dada la necesidad de rehacer el registro electoral, y un plazo máximo de 14 meses”, dijo hoy Almagro.

Una de las críticas de la oposición, que saludó hoy el informe de la CIDH, es que no hable de excluir de esos comicios a Ortega. El malestar con el sandinista se remonta a mucho antes de esta oleada de protestas. La oposición denunció fraude en los comicios municipales de 2008 y en los presidenciales de 2011. De las de 2016, en las que fue reelegido con el 72,5 por ciento de los votos, fueron excluidos algunos opositores. Los comicios carecieron de observación independiente.

La semana que viene llegará a Nicaragua una misión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, invitada bajo presión esta semana por el Gobierno de Ortega, junto a la Unión Europea (UE) y la CIDH. El 3 de julio arribará el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un mecanismo de investigación internacional para el que la OEA y la CIDH obtuvieron la anuencia de Ortega. El nombre de sus integrantes se conocerá un día antes.

 

Lea el resumen del informe de la CIDH sobre la crisis en Nicaragua:

RESUMEN EJECUTIVO

1. El presente informe aborda la situación de derechos humanos en Nicaragua observada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su visita de trabajo realizada al país del 17 al 21 de mayo de 2018, en relación con los actos de violencia ocurridos a partir de la represión estatal a las protestas que se inició el 18 de abril de 2018 y nuevos hechos monitoreados en las semanas siguientes. Según cifras relevadas por la CIDH, la acción represiva del Estado ha producido al menos, 212 personas muertas hasta el 19 de junio, 1.337 personas heridas y 507 personas estuvieron privadas de la libertad registradas hasta el 6 de junio, y cientos de personas en situación de riesgo tras ser víctimas de ataques, hostigamientos, amenazas y otras formas de intimidación.
2. Los hallazgos de la visita de trabajo muestran que la violencia estatal ha estado dirigida a disuadir la participación en las manifestaciones y sofocar esta expresión de disenso político y que siguió un patrón común, caracterizado por: (a) el uso excesivo y arbitrario de la fuerza policial, (b) el uso de grupos parapoliciales o grupos de choque con la aquiescencia y tolerancia de las autoridades estatales, (c) obstáculos en el acceso a la atención médica de urgencia a los heridos, como forma de represalia por su participación en las manifestaciones, (d) un patrón de detenciones arbitrarias de jóvenes y adolescentes que participaban en protestas, (e) la difusión de propaganda y campañas de estigmatización, medidas de censura directa e indirecta, (f) intimidaciones y amenazas contra líderes de movimientos sociales e (g) falta de diligencia en el inicio de las investigaciones respecto de los asesinatos y lesiones ocurridos en el este contexto.
3. Los manifestantes, incluyendo los estudiantes universitarios que se refugiaron en las universidades, las personas que resguardan los llamados tranques en diferentes partes del país, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, víctimas y religiosos, constituyen los grupos más afectados por las diversas formas de represión a las que ha recurrido el Estado nicaragüense.
4. Las autoridades nicaragüenses han invocado el mantenimiento del orden público y la paz social como justificación de su actuación. Sin embargo, la CIDH advierte que la magnitud de la violencia estatal y el tipo de estrategias implementadas hacen evidente la existencia de acciones coordinadas para controlar el espacio público y reprimir los reclamos sociales y no de meros actos ilegales de algunos funcionarios de las fuerzas de seguridad. En efecto, la información recibida da cuenta de un patrón a través del cual agentes estatales, principalmente agentes de la Policía Nacional de Nicaragua y de sus fuerzas antimotines, grupos parapoliciales, también llamados fuerzas de choque o turbas actuando en aquiescencia con la Policía, han puesto en marcha una respuesta represiva dirigida a disuadir la participación social en las manifestaciones.
5. La CIDH observa que este patrón se ha desarrollado a través del uso excesivo y arbitrario de la fuerza, incluyendo el uso de la fuerza letal, el cual se ha realizado de manera deliberada y sistemática por parte de los actores antes mencionados. La CIDH advierte que la respuesta del Estado a las manifestaciones habría atravesado diferentes etapas y niveles de intensidad, y que se habrían desplegado distintas tácticas y métodos de represión contra los manifestantes, así como contra la población civil en las calles. De acuerdo con la información recabada por la CIDH, el 18 de abril de 2018, el primer día de las protestas, la respuesta del Estado empezó a caracterizarse por el uso excesivo de la fuerza, principalmente, a través del uso de armas de fuego y el empleo excesivo de armas menos letales, tales como gases lacrimógenos, balas de goma y perdigones por parte de la Policía Nacional y fuerzas antimotines para disolver protestas y manifestaciones en diferentes ciudades del país. Ante la continuidad de las protestas, entre el 19 y 22 de abril, el Estado activó una estrategia represiva más agresiva en contra de los manifestantes e incluso personas que no participaban en las protestas.
6. De conformidad con los testimonios recibidos durante la visita, como otro medio de represión de la protestas fueron desplegados francotiradores respecto de los cuales habrían elementos para indicar un vínculo con agentes del Estado. La información recibida por la CIDH de parte de integrantes del personal médico de hospitales públicos, indica que en el periodo referido se habrían atendido numerosas víctimas con impactos de bala en la cabeza, los ojos, el cuello y el tórax, así como en la espalda. La mecánica y trayectoria de los disparos indicarían a usos arbitrarios de la fuerza letal o la existencia de ejecuciones extrajudiciales. De acuerdo con las autopsias analizadas por la CIDH, los orificios de entrada de los proyectiles, en múltiples casos, estaban localizados en zonas de alta letalidad del cuerpo, lo cual señalaría la intencionalidad letal de los disparos.
7. Por otra parte, la CIDH recibió extensa información y denuncias por irregularidades y denegación de atención médica y obstaculización de la labor humanitaria para asistir a las personas heridas y lesionadas en el marco de los actos de violencia y represión acaecidos en el país desde el 18 de abril de 2018. Las restricciones denunciadas para la atención de salud durante las protestas abarcaron no solo obstáculos dentro de los hospitales. Además, se recibió información sobre órdenes de restringir la salida y el tránsito de ambulancias y el trabajo de personal de asistencia humanitaria como bomberos, personal de la Cruz Roja, así como de personal médico, paramédico, estudiantes de medicina y personas voluntarias.
8. También se identificaron numerosos casos en los que las personas no acudieron a los centros de salud estatales por desconfianza o temor a sufrir represalias, quedando sin asistencia médica o recurriendo a hospitales privados, centros de salud improvisados o a través de médicos voluntarios, bomberos y estudiantes de medicina, entre otros. Según testimonios recibidos e información pública, incluso escuelas, casas particulares y parroquias fueron acondicionadas para recibir personas heridas.
9. La CIDH observa con preocupación que la salud mental y bienestar emocional de la población está siendo gravemente afectada por el contexto actual de violencia, hostigamiento, amenazas y represión. En particular de quienes denuncian haber sido víctimas de violaciones de derechos humanos, sus familiares así como estudiantes y pobladores que se manifiestan en oposición al gobierno.
10. Asimismo, la CIDH documentó la existencia de un patrón de detenciones arbitrarias ocurridas especialmente durante los primeros días de las protestas– en perjuicio principalmente de personas que se manifestaban pacíficamente, o transitaban en vías públicas en la zona de los incidentes. Según datos obtenidos, hasta la fecha del presente informe fueron detenidas al menos 507 personas, de las cuales 421 corresponde a detenciones de jóvenes y adolescentes. Estas detenciones se realizaron mediante el uso arbitrario y desproporcional de la fuerza, y no se basaron en los motivos previstos en la ley ni cumplieron las formalidades previstas en la misma, sino que constituyeron más bien un castigo.
11. La CIDH también recibió múltiples testimonios que muestran que la mayoría de las personas detenidas en el marco de las protestas iniciadas desde el 18 de abril, habrían sido objeto de distintas formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, llegando algunos de los tratos descritos a alcanzar el umbral de tortura, durante el momento de su aprehensión y mientras se encontraban privadas de su libertad. En particular, información al alcance de la Comisión indica que durante la privación de libertad en los respectivos centros de detención –principalmente, “El Chipote” y “La Modelo”– así como en sus traslados, las personas detenidas fueron objetos de golpes y amenazas. Según revelan los testimonios, los agentes de seguridad amenazaban a las personas detenidas de muerte, así como de perpetrar agresiones en contra de ellos, sus familiares y amigos. La CIDH recibió denuncias sobre la situación de incomunicación en que se encontraban las personas detenidas, al no permitírseles tener contacto con sus familiares ni representación legal.
12. Por otra parte, diversos testimonios recolectados por la CIDH dan cuenta de ataques, actos de intimidación, amenazas, incluidas de amenazas de muerte, y campañas de desprestigio en contra de jóvenes manifestantes, líderes estudiantiles, personas defensoras de derechos humanos, familiares de víctimas y religiosos en el país. En este sentido, la Comisión observa que varias personas defensoras de derechos humanos han sido identificadas y agredidas en el marco de las protestas, además de señaladas e individualizadas por apoyar las manifestaciones. Todo esto ha llevado a la Comisión a concluir que en Nicaragua las personas defensoras de derechos humanos, familiares de las víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos se encuentran en una situación de grave riesgo. En razón de ello, la CIDH ha solicitado al Estado nicaragüense adoptar de forma inmediata medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de varias personas.
13. La Comisión además recibió testimonios sobre trabajadores estatales de diferentes instituciones que denuncian haber sido coaccionados a participar en actos a favor del gobierno bajo amenaza de ser despedidos o que han sido despedidos bajo “órdenes superiores” por haber apoyado las protestas. Algunos trabajadores indicaron que el gobierno ha ordenado el monitoreo de los perfiles de redes sociales de los y las trabajadores con el objeto de reportar a quienes difunden mensajes o información percibida como contraria a los intereses gubernamentales.
14. La CIDH advirtió que la respuesta estatal también incluyó la difusión de propaganda y campañas de estigmatización. Desde el inicio de las protestas, se han difundido informaciones en la que se desconoce las reivindicaciones de las protestas, se excluye cualquier información sobre la represión policial y se acusa a quienes protestan, especialmente a jóvenes que organizan cortes de ruta, de “delincuentes” o “vándalos” que cometen “actos terroristas y de crimen organizado” y causar “caos, dolor y muerte” en el país y violar el derecho al trabajo de las familias nicaragüenses.
15. De igual forma, durante la visita y con posterioridad a la misma, la CIDH ha observado que el Estado ha adoptado medidas de censura directa e indirecta que restringen la más amplia información pública sobre lo que está sucediendo en el país. Algunos medios de comunicación o sus periodistas enfrentan obstáculos para realizar sus labores, especialmente los medios de comunicación independientes. Durante las manifestaciones algunos medios fueron sacados del aire, un periodista fue asesinado y otros fueron heridos.
16. También se registraron casos de ataques e incendio de viviendas llevadas a cabo por actores estatales y terceros armados; lo que ha forzado a personas a desplazarse fuera de sus hogares en busca de protección personal y refugio.
17. Por otro lado, la Comisión observa serias vulneraciones en el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas y familiares, que se reflejan principalmente en la falta de diligencia del Estado de investigar las muertes y lesiones ocurridas en el marco de las protestas, así como en serias irregularidades en la determinación de los hechos ocurridos. En particular, la CIDH constató graves irregularidades en el registro de información fundamental para el esclarecimiento de los hechos, tales como la no realización de autopsias o la realización de las mismas con base en documentos (sin revisión de los cadáveres), investigaciones y peritajes tardíos, e inversión de la carga de la prueba en las víctimas o sus familiares. La CIDH constató con gran preocupación el hecho de que a familiares de las víctimas de personas fallecidas se les instruyó a firmar actas de desistimiento de traslado de los cuerpos a Medicina Legal y a desistir de la presentación de denuncias como requisito para entregar las actas de defunción.
18. En particular, la CIDH destaca el clima de desconfianza generalizada observada en las víctimas, familiares y representantes a presentar denuncias ante las instituciones encargadas de investigar los delitos cometidos en el marco de las protestas. Víctimas y familiares reiteradamente señalaron la falta de credibilidad en la Policía Nacional y el Ministerio Público debido a que estas instituciones no ofrecerían garantías de independencia e imparcialidad. Asimismo, la Comisión advierte que los familiares de las víctimas tenían temor a presentar denuncias ante la Policía Nacional puesto que se sentían intimidadas a sufrir represalias por esta institución.
19. La CIDH identifica que hay una creciente violencia social en el país. La tensión y la reacción al ambiente de injusticia y desprotección por parte de los actores estatales está generando acciones que están excediendo los límites de las protestas pacíficas. Sectores sociales afines al gobierno y agentes estatales a su vez también han sido objeto de represalias y hostigamientos. De acuerdo con los datos suministrados por el Estado, entre el 18 de abril y 6 de junio de 2018, al menos 5 policías han perdido la vida y 65 han resultado lesionados en el contexto de las protestas. La Comisión igualmente reprueba estas acciones que atentan contra la vida y la integridad de las personas, las cuales deben ser investigadas y sancionadas.
20. La CIDH condena el recrudecimiento de la violencia estatal observado en las últimas semanas y reitera su llamado al cese inmediato de la represión. Asimismo, urge al Estado de Nicaragua a alcanzar una solución constitucional, democrática y pacífica a esta crisis de derechos humanos. Los actos de violencia deben ser investigados de manera inmediata, con autonomía, independencia e imparcialidad, y en estricto apego a las normas y los estándares internacionales sobre seriedad, minuciosidad y debida diligencia, para asegurar el derecho a la verdad y a la justicia. En este contexto, la CIDH reitera al Estado las recomendaciones establecidas en sus Observaciones Preliminares a la visita de trabajo realizada y establece una serie de recomendaciones adicionales.
21. Este informe, además de presentar un análisis detallado sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua en el marco de las protestas iniciadas a partir de abril, servirá como base del trabajo del GIEI a fin de determinar técnicamente las principales líneas de investigación así como de establecer recomendaciones de acciones en los distintos niveles de responsabilidad jurídica. De igual forma, el presente informe orienta la instalación del Mecanismo Especial de Seguimiento de Nicaragua (MESENI), mismo que tiene el objeto dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones producidas en los informes elaborados en este contexto y a las medidas cautelares otorgadas en el contexto objeto de este documento, así como mantener el monitoreo de la situación de derechos humanos en el país.