Libertad de prensa anulada en Nicaragua ante “elecciones”

Un niño en Managua vende camisetas que promueven la reelección del presidente nicaragüense Daniel Ortega en los comicios generales del 7 de noviembre. Ortega ha detenido a candidatos opositores y ha reprimido a los medios informativos en el período previo a la jornada de votación. (AFP/Oswaldo Rivas)

Ocho amenazas contra la libertad de prensa a las que se debe prestar atención con vistas a las elecciones presidenciales en Nicaragua

Por el Comité de Protección de los Periodistas (CPJ)

HAVANA TIMES – El 7 de noviembre, los ciudadanos nicaragüenses deben asistir a las urnas para votar por el nuevo presidente, la culminación de una campaña que se ha caracterizado por la detención de candidatos opositores, la prohibición de organizaciones de la sociedad civil y la continua represión de los medios independientes del país.

La situación de Nicaragua en materia de libertad de prensa se deterioró radicalmente en 2018, cuando periodistas que cubrían una ola de protestas contra una propuesta de reforma del Seguro Social se encontraron en la mira de las autoridades y fueron objeto de actos de intimidación, amenazas, hostigamiento judicial y arresto, como el CPJ lo documentó.

Durante el último año, las autoridades han ampliado el repertorio de tácticas para reprimir a los medios independientes y tomar represalias contra periodistas individuales que informan sobre la crisis política nacional: nuevas leyes tipifican como delito la difusión de noticias falsas y castigan a medios informativos que reciban financiamiento del extranjero, mientras que las autoridades encarcelan periodistas y emplean a los organismos estatales para hostigar y censurar a los medios.

Dado que el presidente Daniel Ortega, quien ha permanecido en el poder por más de 14 años, ha tomado medidas punitivas para ser reelegido, los desafíos para la prensa independiente nicaragüense no podrían ser mayores. A continuación se analizan ocho amenazas contra la libertad de prensa a las que se debe prestar atención en Nicaragua conforme los votantes se preparan para votar en las urnas.

1. El encarcelamiento

Además de arrestar a representantes de la oposición, las autoridades nicaragüenses han detenido a periodistas que han dado cobertura a la crisis política o que han opinado sobre ella.

Agentes policiales detuvieron al periodista Miguel Mendoza el 21 de junio y lo acusaron de conspirar contra la integridad nacional, como el CPJ lo documentó en ese momento. Mendoza, un periodista deportivo, en los últimos años había incursionado en temas políticos en sus notas, y se había convertido en un abierto crítico de Ortega en sus cuentas de Twitter y Facebook, según versiones noticiosas.

Juan Lorenzo Holmann, gerente general del diario de circulación nacional La Prensa, fue arrestado el 14 de agosto, horas después de que las autoridades allanaran la sede de La Prensa, como el CPJ lo documentó. Holmann es acusado de los delitos de lavado de dinero y fraude aduanero. El empresario forma parte de la influyente familia Chamorro, que es propietaria del periódico y a la cual pertenece la líder opositora Cristiana Chamorro, quien actualmente se encuentra en arresto domiciliario.

Miguel Mora, un periodista convertido en candidato opositor, fue detenido el 20 de junio y acusado de incitar a la injerencia extranjera, según una nota de France 24. Mora, fundador del canal televisivo de noticias independiente 100% Noticias, recibió en 2019 el Premio Internacional de la Libertad de Prensa, otorgado por el CPJ.

Mora, Mendoza y Holmann están presos en la cárcel de El Chipote, en Managua, junto con numerosas figuras políticas que han sido detenidas este año. Según versiones de prensa, sus familiares han declarado públicamente que están preocupados por su estado de salud y su seguridad en la cárcel.

El CPJ envió un correo electrónico a la oficina de la vicepresidenta Rosario Murillo, responsable de las Comunicaciones de la Presidencia, para obtener una declaración, pero no recibió respuesta.

2. Los allanamientos de redacciones

Las autoridades nicaragüenses han empleado los allanamientos como instrumento para intimidar a medios como el diario digital independiente Confidencial, que ha adoptado una posición más crítica en los últimos años en temas como la gestión gubernamental de la pandemia y el historial del Gobierno en materia de derechos humanos, según un análisis del CPJ.

El 20 de mayo, agentes policiales allanaron la sede de Confidencial, en Managua, y detuvieron a un camarógrafo durante seis horas, como lo informó el CPJ. Esta sede albergaba las nuevas oficinas de la publicación. La sede anterior había sido ocupada por la Policía en 2018 y recientemente las autoridades la convirtieron en un centro de salud.

El 13 de agosto, casi tres meses después del allanamiento de la sede de Confidencial, agentes policiales allanaron la sede de La Prensa. El día anterior, la junta directiva de La Prensa había anunciado que suspendería la edición impresa del periódico, porque las autoridades aduaneras habían retenido en repetidas ocasiones las importaciones de insumos como papel periódico.

3. El hostigamiento y la vigilancia policiales

Desde comienzos de este año, agentes de la policía antidisturbios han mantenido una habitual presencia afuera de la vivienda de Kalúa Salazar, jefa de prensa del medio radial y televisivo La Costeñísima, en la ciudad caribeña de Bluefields, como lo ha documentado el CPJ. En abril, un agente policial la agarró por el cuello y trató de arrebatarle el teléfono cuando ella intentaba salir de su domicilio.

Salazar ha declarado al CPJ que las autoridades la han hostigado en el período previo a las elecciones, con el objetivo de silenciar el trabajo de La Costeñísima, uno de los pocos medios informativos independientes de la costa caribeña nicaragüense.

Además, el CPJ ha documentado cómo agentes policiales estacionan sus vehículos afuera del domicilio de un periodista y graban videos de sus movimientos. Al mismo tiempo, presuntos partidarios de Ortega han realizado amenazas de muerte contra otro periodista.

El CPJ envió un correo electrónico al Departamento de Relaciones Públicas de la Policía, pero no recibió respuesta.

4. El hostigamiento judicial

A finales de mayo de 2021, la Fiscalía comenzó a citar a periodistas y a figuras del ámbito político para que rindieran testimonio en relación con una investigación por el presunto delito de lavado de dinero contra Cristiana Chamorro, precandidata opositora y exdirectora de una organización defensora de la libertad de expresión que ha cesado sus actividades.

Cristopher Mendoza, representante de la agrupación sindical Periodistas y Comunicadores de Nicaragua (PCIN), declaró al CPJ en entrevista telefónica que, como mínimo, unos 30 periodistas han sido citados a declarar en la causa, y muchos han sido interrogados hostilmente por la Fiscalía, que los ha presionado para “dar información sobre fuentes y el paradero de otros periodistas”.

En junio, el CPJ informó que, durante un encuentro de la periodista María Lilly Delgado con fiscales, éstos le habían comunicado que su condición había pasado de testigo a investigada. El CPJ no ha podido verificar de manera independiente si Delgado, corresponsal freelance de la cadena televisiva estadounidense Univisión, enfrenta cargos penales.

El CPJ llamó a la Fiscalía General de Nicaragua y al Poder Judicial, pero no recibió respuesta.

5. El hostigamiento administrativo

Además del hostigamiento judicial, periodistas y medios informativos han sido objeto del acoso de organismos administrativos. El año pasado, el CPJ documentó las presiones de las autoridades tributarias contra el canal independiente Nicavisión Canal 12. La Dirección General de Ingresos resolvió que el medio tenía deudas fiscales, lo cual llevó a que un tribunal embargara sus bienes. Por su parte, las autoridades aduaneras han retenido reiteradamente importaciones de papel y tinta en los últimos años, lo cual ha dificultado que los periódicos puedan publicar sus ediciones.

En agosto, funcionarios de la Intendencia de la Propiedad expropiaron la casa de Patricia Orozco, directora del portal digital Agenda Propia, declaró la periodista al CPJ por vía telefónica. Según versiones de prensa, Orozco declaró que el Estado le había entregado la vivienda, en Managua, en los años 80, pero ahora el Gobierno la había reclamado como propiedad gubernamental. Orozco declaró al CPJ que las autoridades estaban tomando represalias contra ella por su cobertura informativa sobre los derechos humanos, las cuestiones de género y la política.

“Estas son instituciones estatales al servicio de los intereses del régimen de Ortega”, señaló Orozco al abordar las acciones de los organismos administrativos contra periodistas.

El CPJ envió consultas a las autoridades aduaneras, a la administración tributaria y a la Intendencia de la Propiedad, pero no recibió respuesta.

6. La autocensura

Mendoza, el representante del sindicato de periodistas, declaró al CPJ que antes de las elecciones muchos medios informativos habían cambiado su programación para evitar el hostigamiento de los funcionarios del Gobierno. “Hay un apagón informativo”, expresó Mendoza.

Según la emisora Voz de América, financiada por el Congreso estadounidense, Radio Corporación, una de las principales emisoras del país, suspendió el mes pasado dos programas críticos de Ortega: Onda Local y Confidencial.

“Los propietarios de medios tienen temor a que les puedan cancelar el permiso para operar si presentan un frente ante el régimen de Ortega. Por eso cancelan algunos programas o los transforman para que tengan una agenda ‘más ligera’”, señaló Mendoza.

Según un informe publicado por La Prensa en 2021, algunos periodistas que cubren temas delicados como la política o la pandemia de la COVID-19, en ocasiones han optado por no firmar sus artículos para evitar que el Gobierno los identifique.

7. El exilio ante la persecución

Mendoza calcula que 38 periodistas han abandonado Nicaragua en lo que va de 2021, debido al temor a la persecución, ya sea tras las citaciones de los fiscales o por causa de otras amenazas. El periodista aseguró que unos 100 periodistas habían abandonado el país luego de la crisis del 2018, y que la mayoría de los periodistas nicaragüenses exiliados ahora están radicados en Costa Rica, mientras que otros se han ido a Estados Unidos y España.

Uno de los periodistas independientes nicaragüenses más destacados, Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, se fue al exilio en 2018 y regresó a Nicaragua un año después, sólo para regresar al exilio en junio de 2021 debido a la creciente persecución, que culminó en el allanamiento de su domicilio, escribió Chamorro.

En agosto, la Fiscalía General anunció cargos penales contra Chamorro, y lo añadió a la investigación que adelanta contra su hermana, la dirigente opositora Cristiana Chamorro, como el CPJ lo documentó.

8. Reducción del acceso a la información pública

Durante el mandato de Ortega, el acceso a la información pública se ha visto sumamente limitado, pese a disposiciones legales como la Ley 621, que obliga a los organismos estatales a entregar la información.

Orozco y Mendoza declararon al CPJ que las solicitudes de información pública tramitadas por los medios independientes casi nunca se otorgan, y que los funcionarios gubernamentales no invitan a periodistas independientes a las conferencias de prensa.

Un informe publicado en 2020 por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la ya inactiva organización defensora de la libertad de expresión que era dirigida por Cristiana Chamorro, calificó de “mudo” al Gobierno de Ortega, debido a que decenas de organismos estatales se negaban a cumplir con las solicitudes de información pública.

“El lema de su estrategia de comunicación [del Gobierno de Ortega] fue la ‘información incontaminada’, lo que quiere decir que no quieren ningún tipo de crítica o pensamiento distinto al de ellos”, declaró Orozco al CPJ.

Respecto a las venideras elecciones, varios periodistas han declarado al CPJ que les preocupa que les impidan el acceso a los centros de votación y que los resultados se entreguen solamente a los medios oficialistas.

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