Ley podría tener ‘enorme impacto’ en los medios

diseñada para golpear a la Cooperación Internacional a ONGs y medios independientes

El presidente venezolano Nicolás Maduro habla con la constitución en la mano en una conferencía de prensa en diciembre de 2020. Foto: Manaure Quintero / Reuters.

Por John Otis, corresponsal del CPJ para la región andina

HAVANA TIMES – Cuando Ewald Scharfenberg estrenó el medio digital de periodismo de investigación Armando.Info en 2014, aproximadamente la mitad de sus fondos iniciales procedían de donantes, suscriptores y anunciantes venezolanos, mientras que el resto procedía de fundaciones extranjeras.

Sin embargo, a raíz de la peor crisis económica de la historia de Venezuela, los ingresos locales han desaparecido y han obligado a Scharfenberg a depender casi totalmente de las donaciones internacionales para mantener en funcionamiento a Armando.Info.

Por ello, el periodista ve con alarma el proyecto de ley de cooperación extranjera que se espera que los legisladores venezolanos aprueben en los meses venideros. En un país con un Gobierno autoritario que ya ha limitado seriamente la libertad de prensa, Scharfenberg afirma que el proyecto de ley podría restringir o bloquear una de las pocas fuentes de financiamiento que todavía están al alcance de los medios noticiosos independientes de Venezuela.

“La ley podría tener un impacto muy grande”, Scharfenberg declaró al CPJ en entrevista telefónica.

La ley ha cobrado impulso a raíz de las cuestionadas elecciones de diciembre que le otorgaron al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela el control de la Asamblea Nacional por primera vez en seis años. El presidente Nicolás Maduro posteriormente anunció que el proyecto de ley que regulará las donaciones de Gobiernos y organizaciones filantrópicas extranjeros sería una de las principales prioridades.

“La ley de cooperación internacional va a ser aprobada este año”, Maduro declaró en un discurso pronunciado el 2 de marzo. “Muy importante. Tiene demasiada importancia”.

El proyecto de ley venezolano viene luego de leyes similares aprobadas por Gobiernos autoritarios y represivos de otras partes del mundo, los cuales han bloqueado el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los medios noticiosos independientes.

Por ejemplo, una ley que se adoptó en Rusia en 2012 ha sido modificada varias veces y en la actualidad estipula requisitos para que los medios, periodistas y blogueros locales que reciban donaciones del extranjero se identifiquen públicamente como “agentes extranjeros” e informen cómo gastan los fondos, pues de lo contrario podrían ser sancionados con multas que pudieran ascender al equivalente de un millón de dólares estadounidenses, como lo ha documentado el CPJ.

En India, el Gobierno de Modi recurre con cada vez mayor frecuencia a la Ley de Regulación de las Contribuciones Extranjeras —que regula el financiamiento de las entidades extranjeras destinado a las organizaciones de la sociedad civil, entre éstas algunos medios noticiosos— ha conllevado a allanamientos por parte de las autoridades tributarias y a la suspensión de más de 19.000 licencias de organizaciones no gubernamentales. Ello ha dificultado mucho más que las organizaciones pequeñas obtengan apoyo financiero, según versiones periodísticas.

En Nicaragua, donde el Partido Sandinista del presidente Daniel Ortega controla todos los poderes del Estado, la Asamblea Nacional adoptó en octubre de 2020 una ley que ordena a las fundaciones que reciban subvenciones extranjeras a inscribirse ante el Gobierno como agentes extranjeros y presentar informes que muestren en detalle cómo gastaron el dinero. La ley provocó el cierre, en febrero de 2021, de PEN Nicaragua, afiliada a la asociación de escritores PEN International, y de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que promueve la libertad de expresión.

“Hoy es un día de luto cívico para las organizaciones de la sociedad civil que no aceptan ser agentes extranjeros en nuestro propio país”, declaró Cristiana Chamorro, directora de la Fundación Chamorro, en conferencia de prensa celebrada el 5 de febrero en Managua.

No está claro cuáles serían las consecuencias de la ley venezolana. Sin embargo, un proyecto de ley similar presentado en 2006 disponía que las donaciones extranjeras se canalizaran mediante organismos gubernamentales, lo cual les permitiría a éstos decidir cómo y dónde gastar los fondos, declaró Marianela Balbi, directora del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS Venezuela). Consultada por el CPJ, Balbi expresó que ese proyecto de ley y otro proyecto de ley de cooperación internacional presentado en 2009 se abandonaron ante la reacción de Gobiernos extranjeros y fundaciones locales.

Sin embargo, Maduro, quien ha estado en el poder desde 2013, ahora ejerce un firme control sobre todos los poderes del Estado y las Fuerzas Armadas. En septiembre de 2020, una misión de las Naciones Unidas acusó al Gobierno de Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad, mientras que el CPJ ha documentado la campaña gubernamental para hostigar, censurar, arrestar y apresar a periodistas independientes.

En este desafiante contexto, los periodistas son unas de las pocas voces disidentes que quedan en Venezuela, y continúan informando sobre la represión gubernamental, la corrupción, los desastres ecológicos y el deterioro en las condiciones de vida que ha motivado que más de cinco millones de venezolanos hayan abandonado el país desde que Maduro asumió el poder, afirmó un editor venezolano radicado en Caracas.

Ese trabajo periodístico tiene “un costo político muy grande”, señaló el editor, quien solicitó el anonimato por temor a represalias. Al buscar aprobar la ley de cooperación internacional, “el Gobierno está pasando la factura”.

Luz Mely Reyes, directora del medio noticioso digital independiente Efecto Cocuyo y ganadora en 2018 del Premio Internacional de Libertad de Prensa del CPJ, declaró al CPJ que, para allanar el camino a la aprobación del proyecto de ley, el Gobierno está calumniando a los medios de prensa que reciben subvenciones de Gobiernos extranjeros y organizaciones filantrópicas como las Fundaciones Open Society, la Fundación Ford, Luminate y el Fondo Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy).

En enero, el canal estatal VTV y el canal progubernamental Globovisión TV informaron falsamente que Efecto Cocuyo había recibido un millón de dólares estadounidenses de parte del Gobierno británico para buscar información negativa sobre la gestión de Maduro, y fustigaron a Reyes y a sus periodistas por ser “mercenarios del periodismo”. El canciller Jorge Arreaza tuiteó que financiar medios noticiosos venezolanos constituía una “grosera injerencia” del Reino Unido en los asuntos internos de Venezuela.

Reyes declaró al CPJ que su medio digital había recibido una subvención monetaria del Gobierno británico, pero que equivalía a unos miles de dólares asignados a un taller anual de capacitación periodística organizado por Efecto Cocuyo.

De todas maneras, señaló Reyes, las falsas acusaciones “causan mucho daño a nuestra reputación porque mucha gente les cree”. 

Roberto Deniz, periodista de Armando.Info y autor de importantes primicias sobre la corrupción gubernamental, declaró al CPJ: “Recibo siete u ocho tuits al día en los que me llaman mercenario y asesino y [afirman] que estoy financiado por la CIA. Esto no es coincidencia. El Gobierno está tratando de convencer a la ciudadanía de que somos agentes extranjeros”.

Ni el Ministerio de Relaciones Exteriores ni el Ministerio de Información y Comunicación de Venezuela respondieron a las llamadas y los correos electrónicos con los que el CPJ intentaba solicitarles una declaración.

La sostenida ofensiva del Gobierno contra los medios de comunicación tradicionales, mediante leyes de prensa restrictivas, dio origen en la segunda década del siglo a plataformas digitales como Efecto Cocuyo, Armando.Info y El Pitazo. En un inicio, estos medios obtuvieron ingresos decentes mediante donaciones, publicidad y suscripciones locales.

Sin embargo, esas fuentes de ingresos se agotaron durante la debacle económica de Venezuela, que ha provocado el cierre de empresas, desempleo masivo, hiperinflación y el desplome del bolívar, la unidad monetaria venezolana.

“El bolívar casi no vale nada, entonces aun con dos millones de donantes sería insignificante”, declaró Scharfenberg, director de Armando.Info. Como consecuencia, sostiene, el 90 % del presupuesto del medio procede en la actualidad de donantes internacionales.

“No hay otra fuente de dinero”, expresó Felipe Estefan, director para Latinoamérica de Luminate, organización filantrópica fundada en 2018 por el fundador de eBay. “Diría que estos nuevos medios digitales de Venezuela son dependientes casi totalmente de la filantropía extranjera y no se puede esperar que se vuelvan menos dependientes”.

Pero esta fuente de sustento podría estar en peligro si los legisladores venezolanos imponen mayores restricciones sobre las donaciones extranjeras.

Un funcionario de una fundación estadounidense observó que organizar programas con medios de prensa en Venezuela ya supone enormes complicaciones y obstáculos burocráticos. Entre éstos se encuentran el caótico sistema bancario y las sanciones estadounidenses, que prohíben cualquier contacto con el Gobierno de Maduro. Si los legisladores venezolanos aplican incluso mayores restricciones a los donantes, expresó, las organizaciones filantrópicas pudieran decidir a la larga retirarse de Venezuela como muchas se retiraron de Cuba luego del triunfo de la revolución liderada por Fidel Castro y la imposición de sanciones estadounidenses.

“Estoy seguro de que los donantes sabrían encontrar la manera de retirarse de Venezuela responsablemente, pero no seguirían donando dinero ahí si se va a convertir en semejante problema”, señaló el funcionario, quien solicitó el anonimato por la delicada naturaleza del tema.

El funcionario citó el incremento en los gastos de programa como, por ejemplo, los honorarios legales por los periodistas que han sido objeto de demandas y los servidores de Internet seguros que son necesarios para proteger a los sitios web del auge en ciberataques provenientes de hackers que apoyan a Maduro. Además, en la actualidad muchos medios venezolanos funcionan parcialmente desde el extranjero, donde el costo de vida es superior.

Scharfenberg, Deniz y otros dos editores de Armando.Info se mudaron a la vecina Colombia en 2018, pues habían sido querellados por difamación por informar sobre la corrupción en un programa gubernamental de distribución de alimentos y temían que los detuvieran. Otros reporteros y editores han abandonado Venezuela temporalmente por motivos de seguridad y ahora dividen su tiempo entre Estados Unidos y Venezuela.

“Ahí es cuando la situación se vuelve más difícil para los donantes”, declaró otro funcionario de una fundación estadounidense, quien también solicitó el anonimato. “Es más costoso y difícil organizar un taller de periodismo desde el exterior. También hay que decidir si quieres ayudar a periodistas que están en Miami”, en lugar de a los periodistas que se quedaron en Venezuela.

Pero, al menos por ahora, Estefan y los otros dos funcionarios de fundaciones que conversaron con el CPJ declararon que sus organizaciones siguen plenamente comprometidas con el periodismo independiente en Venezuela.

“Tenemos la responsabilidad moral de estar presentes no solamente en los países donde es fácil estar, sino también en los países donde es difícil”, señaló Estefan.

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