Ley otorga a Ortega control sobre los bancos privados
y anula sigilo bancario

El superministro Ovidio Reyes, que maneja el Banco Central y Hacienda, también pasará a controlar a la Superintendencia de Bancos
Por Iván Olivares (Confidencial)
HAVANA TIMES – En la víspera de la celebración de Navidad, el dictador Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional una iniciativa de Ley de Administración del Sistema Monetario y Financiero que reformará el modo en que operan el Banco Central de Nicaragua (BCN), y la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif). Cuando “la carta al Niño Dios” de Ortega entre en vigor, ambas entidades estarán bajo la dirección de un consejo directivo común, que será presidido por el presidente del BCN, el superministro Ovidio Reyes.
Desde inicios del año pasado, Reyes pasó a ejercer un control de facto sobre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), en especial después de la deposición del hasta entonces titular de esa cartera, Iván Acosta. Que el nombramiento de Bruno Gallardo al frente de Hacienda fue solo un trámite legal sin mayor validez, quedó en evidencia cuando fue Reyes -y no Gallardo- quien presentó el proyecto de Presupuesto General de la República 2025.
Un analista con conocimiento de la situación política y económica del país, dijo a CONFIDENCIAL desde el anonimato, que esa ley aumenta “el supercontrol” que ya tiene Reyes. Ahora, “él es prácticamente el número dos en el país con esa autoridad y control que tiene sobre la política fiscal y monetaria”, argumentó.
Desde el exilio, un empresario privado con experiencia en regulación financiera, opinó que otra finalidad de esta iniciativa de ley es intimidar a la población, al mostrar el poder que la dictadura puede ejercer a través de la represión. El texto también amenaza a los altos ejecutivos de las instituciones financieras sujetas a supervisión, que pueden ser destituidos por decisión de la nueva supraentidad.
Por su parte, un experto en derecho financiero hizo notar una finalidad adicional de esta propuesta de ley, como es el control del movimiento de capitales, tanto hacia, como desde el exterior. Explicó que, ante la decisión de algunos empresarios de poner su dinero a resguardo más allá de las fronteras físicas del país, el régimen quiere “evitar que haya fuga de capitales; mantener el capital adentro y señalar a los que estén sacándolo del país”.
Represión legal y de hecho
La iniciativa de ley presentada al Poder Legislativo politiza las leyes para consolidar el poder de la dictadura, y utilizarlas para conseguir las piezas de información que hasta el momento no han podido conseguir sobre aquellos a los que consideran sus enemigos, detalló el empresario privado citado antes.
Su criterio es que “la iniciativa pretende -tal como vienen haciendo con otras leyes- seguir metiendo miedo en la población y mostrar su poder a través de la represión. De ahí la razón de ser del artículo 137 ‘Apoyo de la fuerza pública’ por medio del cual la Superintendencia podrá hacer uso de la Policía en el supuesto caso de que encuentren obstáculos o resistencia de parte de las personas naturales o jurídicas de las que requieran información”, ejemplificó.
El artículo 137 dice que “la Superintendencia podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, si encuentra obstáculos o resistencia en el cumplimiento de las funciones de supervisión, inspección y vigilancia a su cargo. Para tales efectos, la fuerza pública estará obligada a prestarle a la Superintendencia todo el auxilio que fuere necesario, sin perjuicio de las responsabilidades legales en que hubieren incurrido los infractores”.
“La Superintendencia no necesita este nuevo poder, porque le basta con decretar una intervención e intervenir las instituciones, sin necesidad de la fuerza pública. Te repito que no la necesita para intervenir una institución: basta con hacer una declaratoria de intervención y ya está”, dijo el experto en derecho financiero.
No más información privada
El empresario también consideró que “de manera puntual el artículo 24 ‘Obligación de suministro de información’ deja completamente sujeto a la arbitrariedad de las autoridades y sin límite alguno, lo relacionado con la información privada de las personas naturales o jurídicas al quedar éstas obligadas a proporcionar no solo al Banco Central o a la Superintendencia de Bancos, sino a las entidades o personas designadas por estos”.
Adicionalmente, considera que exigir la entrega de cualquier tipo de información que soliciten en los formatos y plazos establecidos a nivel discrecional, “van más allá de lo regulatorio. Hablan de información económica, financiera, estadística, sin especificar el límite de la misma. Esto se contrapone al derecho de la información privada, y pone en riesgo el sigilo bancario de todas las personas y empresas”, añadió.
En referencia al artículo 138 “De la nulidad de nombramientos”, consideró que este “deja completamente a la discrecionalidad y arbitrariedad la destitución de los directores, del gerente general o del principal ejecutivo y del auditor interno de las instituciones financieras sujetas a supervisión, si no llenan los requisitos de ley o por razones que determine la Superintendencia”.
Aunque la ley vigente establece que pueden ser destituidos quienes no llenen los requisitos de ley o los que cometan irregularidades en el ejercicio de su cargo, la propuesta cita “razones que determine la Superintendencia”. El siguiente artículo habla de “destitución de personal por cometer infracciones graves en el ejercicio de su cargo, pero aquí hablan de juntas directivas, gerentes, ejecutivos y empleados de las instituciones. Es decir, todo el mundo”, objetó.
Bancos privados en indefensión
El experto en derecho financiero recuerda que “el régimen siempre sigue el objetivo de controlar todos los espacios y sectores económicos del país”, en especial los que mueven capitales a través de las fronteras, sean exportadores, importadores, “así como muchos otros empresarios, en especial, banqueros”. Ese afán de control se hizo especialmente más intenso a partir de 2018, “cuando Nicaragua sufrió una severa fuga de capitales”, aseguró.
En el mundo moderno, la primera fuente de financiamiento tanto para empresarios, como para campesinos, y cualquier sector de la economía, es el dinero que los ahorrantes tienen en el sistema financiero. Pero cuando una inmensa cantidad de dólares sale de una economía y se traslada a otra, la economía que transfiere el capital está perdiendo la capacidad de financiar las actividades productivas, señaló.
En el caso de Nicaragua, quienes realizan esa actividades productivas “tienen un temor horroroso de perder su plata”, por lo que la envían al extranjero, valoró. De ahí que “crearon esta infraestructura, esta comisión, esta coordinación general con una gran capacidad de control, para vigilar quiénes están descapitalizando el país”, señaló destacando la amenaza de utilizar la fuerza pública para conseguir la información que necesiten, así como efectuar inspecciones in situ.
Finalmente, consideró que la creación de esta superestructura “pone a los bancos en situación de alta vulnerabilidad con respecto a las corresponsalías y todas las operaciones internacionales que puedan desarrollar”. A la vez, valoró que “este organismo arrebata la independencia a los bancos como entidades de comercio. No pueden tomar decisiones que contradigan al régimen, porque eso puede ser motivo para ser intervenido porque ahora, para liquidar un banco, bastará una resolución administrativa, sin que se pueda recurrir al Poder Judicial”.