Legalizar documentos, misión casi imposible para cubanos
en las provincias
Tras un viacrucis de sobornos, ‘peloteo’ y largas colas, nada garantiza que se obtenga a tiempo lo necesario
Por Yankiel Gutiérrez Faife (14ymedio)
HAVANA TIMES – A las puertas del Bufete Colectivo de Camajuaní, ubicado en la calle Agramonte, entre Maceo y General Naya, Janet, una profesora de escuela primaria, acaba de ser peloteada a Santa Clara tras cuatro meses de espera. “Ayer fue el último día en que recibimos documentos para legalización. No se hará más hasta nuevo aviso”, le informó una de las abogadas de la institución.
Tras casi medio año de forcejeo con las instituciones, Janet había logrado subsanar los errores de un documento donde figuraba mal escrito el nombre de sus padres, y obtener tres inscripciones de nacimiento y un certificado de matrimonio. Superado el agotamiento que significó adquirir estos papeles, la negativa del bufete augura nuevas colas.
Tramitar y legalizar documentos es uno de los procesos más agobiantes a los que se enfrentan los cubanos. Tras un viacrucis de sobornos, peloteo y largas colas, nada garantiza que una inscripción de nacimiento o un título universitario estarán listos a tiempo para realizar un viaje o matricularse en una universidad extranjera. Desde la compra de un sello hasta la firma de un funcionario, solo hay una constante: la desesperación por salir del laberinto burocrático.
La situación es bien conocida en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la institución que suele estampar el cuño decisivo para que un documento sea válido más allá de las fronteras cubanas. Imperturbable, el director de Asuntos Consulares Ernesto Soberón admitió la ralentización de todos los trámites y aseguró que su oficina tomaba “las medidas necesarias para dar respuesta al aumento de la demanda del servicio”. Pero, en realidad, no prometió nada.
La indefensión de los cubanos que hacen cola ante los bufetes, registros civiles y consultorías es el verdadero drama. Conscientes –unos más que otros– de lo empantanado que se ha vuelto el proceso, buscan alternativas y perfeccionan varias “trampas” para aligerar la espera. Pero no todos tienen los recursos o la habilidad para sortear con buena suerte los obstáculos.
“En Santa Clara”, explica la abogada del Bufete Colectivo de Camajuaní, “hay también miles de documentos en lista de espera para enviar a la Cancillería. Hasta que no salgamos de este atraso no reiniciaremos el servicio”, zanjó. No obstante, otra de las letradas dijo que tenía una recomendación: “Vaya temprano y con el carné de identidad a la Consultoría Jurídica de Santa Clara. Muy temprano”, insistió, “porque los turnos son muy limitados y si no te toca una cita antes del 3 de abril, le cerrarán las puertas hasta mayo”.
A las cinco de la mañana, Janet salió de su casa, logró “pescar” un automóvil y acudió a la oficina, en la céntrica calle Colón de Santa Clara. Se le cayó el alma a los pies cuando vio que, apenas amaneciendo, ya bordeaba la cuadra la cola, la mayoría para legalizar. La consultoría comenzó a trabajar a las ocho y, por suerte, Janet logró uno de los turnos.
“Cuando logre entregar los papeles y firmar el contrato para legalizar mis documentos, sentiré alivio”, asegura, sabiendo que solo ha dado el primero de muchos pasos. “Hay que vivir el día, si no acabamos locos”.
Una vez que se deposita el documento en la consultoría, el mecanismo se pone nuevamente en marcha. Los papeles de los afortunados que han firmado sus contratos comenzarán un accidentado viaje hacia La Habana y, si todo está en orden, volverán a las provincias meses después. Incluso padeciendo esta demora, quienes consiguen sus documentos sienten que la espera ha tenido resultados.
Todo es muy distinto cuando los propios abogados incumplen con las cláusulas del contrato de legalización, que los obliga en teoría a no demorar la respuesta a los clientes más de 45 días. El plazo de espera real, que alcanza los seis meses –a menudo los documentos ya están vencidos tras la espera–, supera con creces lo estipulado.
Hace pocas semanas, la directora de la Consultoría Jurídica acudió ella misma a la cola y anunció que ya no sería posible sacar cita de manera presencial. “A finales de abril pondremos a disposición de los usuarios la aplicación Ticket para todas las reservaciones”, anunció.
Varios de los clientes de la cola confrontaron a la funcionaria con un aluvión de preguntas adicionales: “¿Por qué los bufetes colectivos de los municipios no reciben los documentos para legalizar? ¿Cómo cambiaron el proceso de tramitación sin que se hiciera un aviso oficial? ¿Para qué quieren concentrar todo el trabajo aquí, si no tienen las condiciones?”.
Como si fuera un artículo de fe, la directora de la Consultoría se remitió al anuncio de Soberón, que “daba a entender” que las reglas del juego habían cambiado por el aumento, en un 16%, de la demanda de tramitaciones en la Cancillería con respecto a 2022. “No está en nuestras manos”, se justificó. “Nosotros no movemos los documentos, nos limitamos a contratar los servicios”.
El departamento que dirige Soberón acepta, supuestamente, cerca de 1.000 documentos al día, de unos 3.000 que reciben como promedio. La cifra de papeles pendientes es abrumadora, explica una de las trabajadoras de la Consultoría, y la lentitud se agrava porque, en realidad, la Cancillería sigue aceptando lo mismo que antes, a pesar de las declaraciones del funcionario.
“A veces lo que más demora es el traslado de los documentos de las provincias a La Habana, más difícil ahora por la crisis del combustible”, explica Fredy, un cuentapropista de Santa Clara. “Los propios clientes han recomendado que se busquen vías para agilizar el proceso, mecanismos de ‘descentralización’ para las zonas de Oriente y Centro”.
La solución más viable hasta ahora es la que parece menos práctica: viajar a La Habana. Tanto Janet como Fredy han recibido el consejo de alquilar un automóvil e inscribirse en la lista de espera de los Consultores y Abogados Internacionales (Conabi), la Consultoría Jurídica Internacional o en Claim, una empresa dedicada a la protección de la propiedad intelectual entre cuyas funciones están los procedimientos de legalización. También se puede ir a algún Bufete Colectivo de la capital o en Transconsul.
Fue lo que hizo Claudia, una villaclareña de 24 años a quien exigieron una legalización en la Embajada de España en La Habana. “Mandé a legalizar en enero por consultoría jurídica y aún sigo esperando. Para no perder la cita en el Consulado, tuve que solicitar la vigencia de matrimonio de mis padres, conseguir cita mediante una amistad de mi tío e irme para la capital para legalizar con Transconsul. Ahí fue un poco más rápido, 50 días más o menos”, calcula.
Además de los costos de viaje –en la mayoría de estas instituciones hay que sacar los turnos de manera presencial–, hay que contar con las reglas y particularidades de cada centro. No por ir a La Habana terminan las colas, las aplicaciones que funcionan mal y los teléfonos que, ante el intento de lograr una consulta, dan siempre ocupado.
“En realidad, los bufetes de abogados de allá están al nivel de los de provincia”, denuncia Amelia, escéptica con la “técnica” de viajar a la capital. “Tenía que sacar la certificación de nacimiento de mi hija. Todas las semanas mando a un tío mío que vive en la capital a preguntar por el trámite. Le responden que lo llamarán cuando esté listo y que debe seguir esperando”.
Otra de las salidas más frecuentes es la vía ilegal. Dubiel, un santaclareño de 23 años que intentó varias veces resolver su problema con una cita en Claim, contrató a un “vendedor” de turnos. El precio de la gestión fue 5.000 pesos, a lo que se sumó el pago del viaje en carro, unos 22.000 pesos adicionales.
“Mi familia, que vive en Estados Unidos, me envió dólares. Yo los vendí en la calle y así fue como pude costear el viaje. Estaba apurado y no podía darme el lujo de ir al ritmo de los bufetes de Villa Clara”, explica. El contacto del sujeto que le facilitó la cita lo encontró en un grupo de Facebook.
Otros ofrecen, en correos privados, la legalización del documento en un plazo de 30 días, siempre que se paguen 50 euros por cada trámite, además de un sello de 500 pesos. “Al parecer, es un negocio con los propios funcionarios de Exteriores”, comenta Dubiel.
Se espera que la tramitación digital, por medio de aplicaciones estatales, contribuya a eliminar el “embotellamiento” de documentos, pero en realidad ha complicado el panorama. “Debido a las carencias de sellos, el cliente puede pagar el impuesto sobre el documento en efectivo o por alguna plataforma de comercio electrónico. Si se trae el sello físico, lo enviamos junto al documento. De lo contrario, se puede abonar la cantidad de forma digital. No hay ningún problema”, dice, conciliadora, otra de las abogadas de la Consultoría de Santa Clara.
Con tantos obstáculos y ante un éxodo migratorio que no ha cesado desde hace meses, va creciendo el malestar. “Después de tanto agotamiento haciendo colas en los registros civiles, hay personas que han entregado documentos de diciembre y enero, en los bufetes y las consultorías no dan ni una señal. Por eso tuvieron que pagar y no es nada barato, es una falta de respeto”, explotó Maribel, un ama de casa de Santa Clara empeñada en lograr la ciudadanía española a través de la Ley de Memoria Democrática.
“Si de verdad quisieran acabar esta situación deberían abrir nuevas sucursales aptas para los servicios de legalización en las provincias”, asegura, denostando las afirmaciones de Soberón. “Para nadie es un secreto que la gente ya está desesperada”.