La silenciosa crisis de los miskitos, entre la violencia y la hambruna

Informe alerta empeoramiento del drama en comunidades indígenas

Indigenas miskitos de Nicaragua refugiados en un campamento de Honduras en junio de 2016. Foto: Carlos Herrera / Confidencial

La crisis sociopolítica genera un impacto diferenciado en los Miskitos, al aumentar “desprotección y el abandono que ya de por sí sufren”.

 

Por Wilfredo Miranda Aburto  (Confidencial)

HAVANA TIMES – Asesinato, secuestro, violaciones sexuales, armas de alto calibre, persecución y exilio son algunas palabras que los nicaragüenses han escuchado casi a diario desde abril de 2018, cuando estalló la crisis sociopolítica. Sin embargo, en las comunidades miskitas del Caribe Norte nicaragüense estas palabras no solo son recurrentes, sino que son una realidad nefasta desde hace años para estos indígenas, quienes luchan por preservar su territorio comunal y su vida.

Así lo hace notar un informe publicado y presentado este martes en San José, Costa Rica, por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan). La crisis nacional ha invisibilizado este drama que aqueja a la comunidad miskita.

“Aunque la violencia se incrementó a partir del 18 de abril de 2018, desde mucho antes se habían implementado diversas reformas normativas e institucionales regresivas”, afirma el informe titulado “Resistencia Miskito: una lucha por el territorio y la vida”, resaltando el poder omnímodo de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Distintos sectores sociales sufrieron la vulneración de sus derechos humanos. Tal es el caso del pueblo indígena miskitu, que desde mucho antes de las protestas de 2018 ha sido víctima de actos de violencia que nunca fueron investigados o sancionados por el Estado”, agrega el documento.

La vulneración del pueblo miskito que refiere el informe es la invasión de sus territorios, el desplazamiento forzado y una crisis alimentaria “que ha puesto en peligro la vida de sus integrantes y la supervivencia de algunas de sus comunidades”.

Aunque en la Costa Caribe Norte (específicamente Puerto Cabezas) hubo brotes de violencia durante el contexto de la sociopolítica, en las zonas miskitas la violencia y el desplazamiento provocado por los invasores de sus territorios se ha mantenido invariable. “Esta grave situación que vulnera seriamente sus derechos fundamentales se ha mantenido casi invisible, lejos de la atención nacional e internacional, a pesar de su gravedad y permanencia en el tiempo”, agrega CEJIL y Cejudhcan.

“Si bien la actual crisis democrática en el país no tiene una relación directa con los hechos de violencia descritos (en las comunidades miskitas), sí genera un impacto diferenciado en las comunidades indígenas pues aumenta la desprotección y el abandono que ya de por sí sufren”, resalta el informe.

Doce comunidades analizadas

El informe se centró en 12 comunidades miskitas las cuales han sufrido la violencia de los invasores de tierras (llamados colonos) de la peor manera. La invasión de estos territorios protegidos por ley, la violencia y el desplazamiento forzado no se ha detenido desde 2012, cuando el fenómeno se agravó.

La situación que describe el informe es muy parecida a la que encontró en Confidencial en 2015, cuando los colonos habían asesinados a más de 35 miskitos que se habían resistido a ceder sus territorios. En esa ocasión, Confidencial logró comprobar que el entonces procurador Hernán Estrada, así como personeros locales del Frente Sandinista (Carlos Alemán y Waldo Muller) habían traficado con tierra comunal cediendo avales al margen de la ley a colonos.

“La creciente invasión ha afectado sustantivamente la forma de vida de las comunidades miskitu, obligando a muchas de éstas a dejar de cultivar sus parcelas o a abandonar definitivamente sus territorios ancestrales para buscar refugio en otras comunidades o en zonas urbanas”, alerta el informe presentado en Costa Rica.

El Cejil y el Cejudhcan afirman que la “violencia organizada y deliberada de los colonos” contra las comunidades tiene expresiones graves como asesinatos, secuestros, violación sexual, agresiones físicas y amenazas de muerte. “Frente a esto, las autoridades han hecho caso omiso, lo que se traduce en que las personas responsables de estas violaciones no han sido llevadas ante la justicia”, revela el informe.

Al igual que los paramilitares y policías que han asesinado a más de 325 nicaragüenses desde abril de 2018, los miskitos han sido también víctimas de una violencia letal que incluye balazos certeros “en zonas vitales como la cabeza y el tronco”, refiere el informe.

En las doce comunidades analizadas por el informe habitan 10 381 miskitos, de los cuales 3008 todavía continúan exiliados al otro lado del Río Coco, en Honduras, o en cabeceras departamentales de Nicaragua.

Hambre silenciosa

El informe de Cejil y Cejudhcan resalta de sobre manera que esta violencia en el territorio miskito ha generado “una crisis alimentaria silenciosa”. De acuerdo con el testimonio de algunos comunitarios recogidos por el informe, los ataques de los colonos implicaron la destrucción de parcelas o cosechas así como el robo de animales, generando un grave impacto para la salud de las familias y su capacidad de autoabastecimiento.

Los datos recabados por el informe señalan que la tasa de desnutrición en las doce comunidades miskitas analizadas oscila entre el 32 y el 46%, cuando la media nacional es de 17.3%.

“Los datos de este muestreo hacen evidente la necesidad de tomar medidas urgentes para atender la crisis nutricional y de alimentación que está afectando a las comunidades miskitu, en particular, a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad”, insta el informe.

Roberto Desogus, coordinador para Nicaragua de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, participó en la presentación del informe y dijo que la palabra en el caso de los miskitos es “visibilizar”.

“El difícil acceso a los territorios hace más compleja la problemática. Es un grave deterioro. Es una crisis silenciosa que afecta lo más básico como la alimentación, la salud materna y la vida digna de las personas”, planteó Desogus.

 



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