La ONU pide a Venezuela detener ataques contra la sociedad civil

Por IPS

Organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, que apoyan frecuentes reclamos por derechos básicos como alimentación y salud, se encuentran en la mira del gobierno, según expertos en derecho humanitario de la ONU. Foto: Web Convite

HAVANA TIMES – Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas instaron este viernes 18 a Venezuela a poner fin a la represión contra las organizaciones de la sociedad civil, varias de cuyas sedes han sido allanadas y sus responsables detenidos durante las últimas semanas.

«Desde noviembre de 2020 Venezuela ha estigmatizado y perseguido sistemáticamente a las organizaciones de la sociedad civil, a las voces disidentes y a los defensores de los derechos humanos, y esto debe terminar», dijeron los responsables.

Ellos son Clément Voule, relator sobre el derecho a la libertad de reunión pacifica, Irene Khan, relatora sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión, Mary Lawlor, sobre la situación de los defensores de derechos humanos, y Fionnuala Ní Aoláin, defensora de los derechos fundamentales en la lucha contra el terrorismo.

La más reciente operación sobre una oenegé en Venezuela se produjo el martes 15, cuando, cuando comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional ocuparon las oficinas en Caracas de la asociación civil Convite, dedicada a suministrar alimentos y medicinas a adultos mayores e indigentes.

Los comandos realizaban una investigación sobre explosivos, armas y actividades ligadas al terrorismo, pero Convite informó luego que no encontraron ninguna evidencia relacionada con esos temas en su sede.

Sin embargo, los directivos Luis Francisco Cabezas y Patrizzia Latini fueron llevados a la sede policial para ser interrogados, y varios de sus equipos de computación y comunicaciones fueron ocupados. Al cabo de unas horas se liberó a los activistas y se les devolvieron los equipos.

“No somos el problema. Somos parte de la solución ante tanto sufrimiento. Basta de hostigamiento y persecución”, dijo Cabezas tras ser liberado.

En septiembre, las FAES allanaron la sede caraqueña y detuvieron durante horas a activistas de la oenegé Acción Solidaria, cuya tarea principal es auxiliar con orientación y medicinas a pacientes con VIH/sida y otras enfermedades.

En mayo fue allanada por la policía política (Sebin), la sede del grupo Un Mundo Sin Mordaza, dedicada a promover derechos humanos a través de expresiones culturales.

Los expertos independientes, que trabajan por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde esta ciudad suiza, afirmaron que “el papel de las organizaciones de la sociedad civil en la protección de los derechos humanos y en la asistencia a las poblaciones vulnerables debe ser protegido, no socavado”.

“Dada la preocupante situación socioeconómica en la que se encuentra el país, que empeoró durante la pandemia, las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales son más esenciales que nunca para garantizar accesos ante las necesidades y los servicios básicos, respetando los derechos humanos”, agregaron,

Por ejemplo, la organización Médicos Sin Fronteras, que asistía en Caracas con 100 profesionales a un gran hospital centinela frente a la covid-19, se retiró de ese centro hace dos semanas ante los obstáculos encontrados para traer sus equipos al país.

Oenegés de derechos humanos en Venezuela, de 28 millones de habitantes, sostienen que el país atraviesa una emergencia humanitaria compleja, con indicadores como insuficiencia alimentaria para un tercio de su población, pobreza cercana a 90 por ciento y migración de más de cinco millones de personas en los últimos seis años.

Los expertos llamaron a los miembros de la nueva Asamblea Nacional, congreso legislativo unicameral elegido la semana pasada, para que aprueben leyes que protejan a las oenegés y a los defensores de los derechos humanos, de acuerdo con las obligaciones internacionales en la materia asumidas por Venezuela.

También alentaron a la nueva Asamblea Nacional, cuya toma de posesión está prevista para el 5 de enero de 2021, a abolir la vigente legislación restrictiva, en particular la “Ley contra el odio” de 2017 que, según los expertos, ha sido utilizada para silenciar a los defensores de los derechos humanos y las voces críticas.

Al contrario, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente que aprobó la ley contra el odio –al margen de la legislativa Asamblea Nacional 2015-2020, que ha estado dirigida por la oposición-, anunció que el próximo parlamento, integrado casi exclusivamente por oficialistas, legislará para restringir más a las oenegés.

En concreto, se prevén normas y medidas para cortar el financiamiento internacional a las organizaciones civiles.

De acuerdo con el discurso del presidente Nicolás Maduro y varios de sus principales colaboradores, muchas oenegés contribuyen con las tareas de la oposición política, de gobiernos extranjeros enfrentados con Caracas, o se prestan para apoyar actividades consideradas subversivas.

Los expertos de la ONU expresaron que “la libertad de asociación y la de expresión son pilares esenciales de una sociedad democrática. Venezuela debe dejar de intentar controlar a las organizaciones de la sociedad civil, de estigmatizar a sus líderes y de criminalizar su trabajo y el de los defensores de los derechos humanos”.

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