La jugada de Ortega con los pasaportes de los opositores
tanto fuera como dentro de Nicaragua
Ortega extiende su Estado de terror a los consulados de Nicaragua, para perseguir a los opositores y exiliados que buscan renovar pasaportes.
HAVANA TIMES – El Estado de terror que ha impuesto la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha traspasado las fronteras, y ha encontrado en la renovación de los pasaportes otra forma de reprimir e inmovilizar, no solo a los que se encuentran dentro del país, sino a los miles de exiliados que buscan actualizar su documento migratorio.
En el interior del país, la dictadura orteguista ha puesto en práctica tácticas dilatorias de este proceso; mientras que en el exterior, ha ordenado a los consulados que a los nicaragüenses exiliados que realicen este trámite, sean remitidos a Managua. Esta estrategia represiva ya ha sido empleada en años anteriores por el régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela.
La comandante guerrillera Mónica Baltodano junto a su esposo Julio López Campos y su hijo Umanzor denunciaron ante LA PRENSA que el régimen orteguista le impidió la renovación de sus pasaportes desde el Consulado de Nicaragua en Costa Rica, donde se encuentran exiliados. En el 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió medidas cautelares de protección a la familia de Baltodano.
El pasaporte de Umanzor venció en diciembre de 2021, mientras que el de Baltodano y López vence en mayo de este año. Según detalló Umanzor, la gestión de renovación la realizó a finales de octubre del año pasado, pero fue hasta marzo de este año que un funcionario le informó que “en su caso particular” el trámite se debía hacer en las oficinas centrales, en Managua.
Durante los primeros tres meses de este año, Umanzor visitó en varias ocasiones el Consulado para ver el proceso de su pasaporte. En febrero, uno de los funcionarios le mencionó que desconocían qué estaba sucediendo y que ellos no estaban recibiendo información sobre su documento.
“Esta es una medida represiva más del gran abanico que ejerce el Estado de Nicaragua contra gente que tiene posiciones políticas diferentes”, refirió Umanzor.
El trámite de Baltodano y López tuvo el mismo fin, pero a diferencia de su hijo Umanzor, el Consulado nicaragüense le informó dos días después de solicitar el documento que la gestión solo la podían hacer en Managua. El matrimonio se exilió en agosto de 2021, luego de la ola represiva de persecución y encarcelamiento que ejecutó el régimen Ortega Murillo contra los opositores.
“Ellos saben que estamos en trámites de refugio. La negación de un pasaporte a un ciudadano es una violación brutal de derechos humanos porque el documento es el mecanismo para ejercer tu ciudadanía de viajar (…) Nosotros, al no tener documento de viaje, tenemos a Costa Rica por cárcel”, declaró Baltodano.
LA PRENSA conoció que un alto jerarca de la Iglesia católica también intentó renovar su pasaporte, pero lo remitieron a Managua para hacer el trámite, lo que confirmaría que es una política generaliza en los consulados.
“Terrorismo de Estado”
Los pasaportes tienen una vigencia de diez años, y estos pueden ser renovados desde el extranjero, siempre y cuando haya una delegación nicaragüense, según indica el artículo 72 de la Ley General de Migración y Extranjería: “La Dirección General de Migración y Extranjería podrá delegarla expedición de pasaporte en aquellas delegaciones regionales y en las representaciones diplomáticas en el exterior, donde lo demande la población nicaragüense”.
Sin embargo, la realidad es otra. Nelson Zeas Paz, un líder campesino del Movimiento Anticanal y perseguido político del régimen orteguista, es otro exiliado en Costa Rica que solicitó el 6 de septiembre de 2021, ante el Consulado nicaragüense de ese país, la renovación de su pasaporte, vencido en enero de ese mismo año.
En su momento los funcionarios le dijeron que estaría listo en unos 40 días, pero cumplido ese periodo, comenzó “el voleo” de las fechas para supuestamente entregarle el documento. A inicios de este año, Zeas pudo ver una lista de personas nicaragüenses a las que el régimen no les entregó su pasaporte por medio del Consulado, sino que los remitió a Managua. Eran unos 60 connacionales, incluyendo el caso de Zeas, que pertenecían al grupo de solicitantes de ese 6 de septiembre.
“Es un juego maquiavélico, quieren que uno caiga en el juego de ellos y vaya a Managua para capturarme y llevarme preso al Chipote. El régimen es asesino porque no solo asesinó a la gente, a través de los paramilitares, durante los tranques y protestas a lo largo de estos años, sino que también viene a través de las vías diplomáticas y legales y les niega a uno los documentos”, denunció Zeas.
Tanto Baltodano como Zeas afirman que hay muchísimos casos como el de ellos, donde el régimen remite los trámites migratorios de exiliados a Managua. El líder campesino refirió que conoce de un joven nicaragüense que está exiliado en Estados Unidos y le pasó lo mismo.
“La dictadura está usando el terror, es un régimen de terrorismo de Estado por las cosas que ellos realizan, porque someten a sus ciudadanos al terror (…) Hay mucha gente al que no le han renovado el pasaporte o se lo han quitado y no denuncian por miedo a sufrir más actos de represión o porque creen que si no denuncian tal vez le devuelven el pasaporte”, manifestó por su parte Baltodano.
Régimen quiere “aniquilar” resistencia
Para las defensoras de derechos humanos Haydee Castillo y Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el régimen está violando el derecho a la libertad de movilización establecido en el artículo 31 de la Constitución Política, que dice que “los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional; a entrar y salir libremente del país”, con el fin de “aniquilar el tejido de la resistencia” de los exiliados, así como de los que aún resisten en el país bajo la estrategia de país por cárcel.
“La dictadura Ortega-Murillo está haciendo uso de todos los mecanismos que le quedan para aniquilar el tejido de resistencia del pueblo de Nicaragua. Uno de esos ejes ha sido el obstáculo a la libertad de movilización, que es un derecho humano y está consignado en la Constitución de la República, y aquí se incluye cómo el régimen está usando el pasaporte como un mecanismo para aniquilar a la oposición, para reprimir, para elevar la represión, para infundir miedo y violentar el derecho humano a la libre movilización y a la libertad en definitiva”, expuso Castillo.
Dentro del país, también hay muchos casos de ciudadanos que buscan renovar su pasaporte pero las autoridades retrasan el procedimiento sin ningún argumento válido. Una periodista compartió bajo anonimato que lleva seis meses en este proceso. A inicios de noviembre de 2021 comenzó la petición de renovación en una sede departamental de Migración, pero a la fecha solo le han dicho que está “bajo investigación”.
Para salir del país, el nicaragüense deberá tener el pasaporte o cualquier otro tipo de documento migratorio expedido a su nombre por la Dirección General de Migración y Extranjería, con una vigencia mayor de seis meses. Apegada a la ley, la periodista comenzó con tiempo la solicitud. Su pasaporte vence el 4 de mayo.
Como es costumbre en las instituciones, las autoridades postergaron las citas a la periodista hasta que a finales de enero de este año le dijeron que el trámite se debe hacer en Managua. “Me dijeron que la oficina departamental no haría nada y que debía presentarme a una entrevista en Migración central porque estaba en proceso de investigación. Pregunté qué tipo de investigación porque yo nunca he tenido problemas legales ni mucho menos, y simplemente me dijeron que no sabían nada”, compartió la fuente.
La periodista se ha presentado en múltiples ocasiones a las oficinas centrales en Managua, pero señaló que ni siquiera la atienden. “Uno va y va y ni siquiera una explicación da, (pero) no voy a desistir, es mi derecho”, declaró.
En noviembre del año pasado, LA PRENSA publicó la información de que el régimen de Ortega habría ordenado ampliar el listado de personas a quienes los agentes de migración están obligados a impedir la salida de Nicaragua, en la que se incluye a ciudadanos, incluso que están dentro de su círculo político, periodistas, líderes religiosos y empresarios.
“El régimen tiene una política actual en la que aún a los orteguistas, a los funcionarios de Estado, a los que tienen cargo de confianza, en este pánico de la dictadura, cuando ve a la implosión que hay en sus filas, también les ha quitado su pasaporte, de manera que esta política de Estado de usar la identidad, el pasaporte para aniquilar todo movimiento en contra del régimen ya trascendió de la oposición hasta sus propias filas”, manifestó Castillo.
Persecución extraterritorial
Para la representante del Cenidh, la situación que viven los nicaragüenses tanto dentro como fuera del país, es una situación preocupante que no puede verse como “simplemente hechos arbitrarios o como hechos aislados”, porque esto es parte de la estrategia de represión generalizada que existe en contra de todos los nicaragüenses.
“No se debe ver como una cosa que está ocurriendo, no, todo esto es intencional, los mecanismos perversos que están usando para seguir reprimiendo y persiguiendo, esa persecución se extiende más allá, es una persecución extraterritorial la que están haciendo”, dijo Núñez.
“Prácticamente se está violentando el derecho a la libertad de movilización… (el régimen) está convirtiendo a Nicaragua en una cárcel donde la gente ya no tiene posibilidades de salir. Y los que están en el extranjero, o en los países donde la gente se ha tenido que refugiar, negarle su documento de identidad significa que se le viola el derecho a la identidad, aparte del derecho a la libertad de movilización, los está queriendo dejar como indocumentados fuera de su territorio, de Nicaragua”, repudió la presidenta del Cenidh.
“El silencio contribuye al régimen”
La diáspora de Venezuela vivió algo semejante hace un par de años. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), presentó retraso e inconvenientes para la tramitación de los pasaportes, pero la presidencia interina de Juan Guaidó firmó un decreto con Estados Unidos, en el que ese país acordaba extender la vigencia de pasaportes venezolanos por cinco años adicionales a partir del vencimiento impreso del mismo.
Esto llevó a que Estados Unidos reconociera e implementara los efectos de este decreto para trámites internos, entrada y salida de los ese país, emisión de visas y trámites migratorios. Además de el país norteamericano, 10 países más adoptaron esa medida, entre ellos Costa Rica.
Este antecedente fue tomado por Baltodano para plantear que esta medida también puede ser tomada para Nicaragua pero la población debe denunciar estas violaciones de derechos humanos y dejar en evidencia las restricciones migratorias que impone el régimen de Ortega.
“Todos los países que han condenado al régimen podrían adoptar una política de que a los solicitantes de refugio se le aceptaran pasaportes vencidos, o que aquellos a los que se le han negado los pasaportes se nos adelante el procedimiento para obtener el refugio, porque la negativa del pasaporte es una demostración de que sos un perseguido político”, declaró Baltodano, quien señaló que su cita para obtener su estatus de refugio está programada para 2025.
“Uno de los objetivo del régimen es que no se denuncie, que callen pero va a llegar un momento en que estas personas se van a dar cuenta que el silencio contribuye a que el régimen no sea denunciado de todas estas atrocidades y que la única manera de denunciar estos atropellos es tratar de superar la autocensura, que no consiga la dictadura callarnos, no nos debemos callar porque de lo contrario ellos van a conseguir el objetivo de aterrorizar”, concluyó Baltodano.
Bajo esta misma línea, Castillo consideró que el desafío es que esta petición también sea tomada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas para proteger la vida de los nicaragüenses en el exterior.
“Y en este sentido tenemos el desafío de pedirle a los Estados miembros de la OEA, de las Naciones Unidas, proteger a los nicaragüenses que forzosamente salen para proteger su vida, y esto incluye la posibilidad de que nicaragüenses a los que se nos vence el pasaporte estando en el exterior y que no se nos renueva en ningún consulado (…) La situación de inseguridad ya no solo se vive dentro de Nicaragua sino que la persecución del régimen está llegando fuera de las fronteras de Nicaragua”, dijo Castillo.
“Pedimos encarecidamente a los Estados de destino de los nicaragüenses que salen al exilio forzoso permitir el ingreso, la movilización, la permanencia con los pasaportes vencidos y puedan ayudarles y auxiliarles con prontitud para regularizar su situación. Hay que recordar que el marco internacional de Derechos Humanos dice que ningún país puede expulsar a una persona que ha llegado para proteger su vida”, destacó.