La diplomacia frente al 11J

Captura de pantalla de video de las protestas frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión el 11 de julio de 2021.

Muchos paises han expresado preocupación por la violenta respuesta del gobierno contra manifestantes pacíficos. Sin embargo, también oponen al embargo estadounidense contra Cuba.

Por Laura Roque Valero (El Toque)

HAVANA TIMES – Al día siguiente de las manifestaciones del domingo 11 de julio, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, aseguraba en cadena nacional: “debo decir que en general el mundo ha reaccionado con un gran respeto y una gran confianza, con el instinto que da el conocimiento de una trayectoria intachable de Cuba siempre apegada a la verdad, siempre transparente”.   

Lo que ha pasado en los días posteriores debería obligar a matizar el discurso del canciller.

Los primeros pronunciamientos llegaron por parte de los aliados. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, expresó su apoyo al Gobierno de Díaz-Canel el lunes 12 de julio, mientras su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, identificaba avisos de “desestabilización imperialista” en las manifestaciones de los cubanos.

El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, evitó en un primer momento comentar en su habitual Conferencia Mañanera sobre asuntos internos y de autodeterminación de Cuba; a la vez que ofreció vacunas y asistencia humanitaria. Días después se ha vuelto conocida su propuesta de considerar a Cuba “Patrimonio de la Humanidad” por considerarla “ejemplo de resistencia” ante el bloqueo estadounidense.

Sin embargo, otros dignatarios han pedido desde el primer momento que se escuchen los reclamos de los cubanos. El foco principal son las declaraciones desde Estados Unidos, por el histórico diferendo entre los dos países y por encontrarse allí la mayor comunidad de cubanos emigrados.

Pocas horas después de las protestas, el presidente Joe Biden se sumó a la petición de libertad por medio de un comunicado de la Casa Blanca: “Estados Unidos hace un llamado al régimen cubano para que escuche a su pueblo y atienda sus necesidades en este momento vital en lugar de enriquecerse.”

El 12 de julio, Wendy Morton, ministra de Relaciones Exteriores del Reino Unido, pidió en su cuenta de twitter calma y libertad para que los cubanos expresaran sus opiniones.

El día 21, su embajador en La Habana, Antony Stokes, acudió a la sede del Minrex en La Habana, para conversar con la viceministra Anayansi Rodríguez sobre un abanico de temas entre los que mencionó “derecho a protestas pacíficas, hechos violentos, detenciones, bloqueos internos y externos, ataques en redes sociales, cortes de internet, fake news, libertad de prensa”, además de las vacunas cubanas, la cooperación ante la pandemia, las restricciones de viajes y “otros temas bi/multilaterales.”

Menos moderado, Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, se refirió desde el primer momento a “una dictadura cruel” que “masacra” la libertad del pueblo y “vende al mundo la ilusión de un paraíso socialista”.

El 13 de julio Lituania, Perú, España y Suecia seguían el desarrollo de los acontecimientos con inquietud por la deteriorada situación de Cuba y en respaldo al derecho a manifestación. La Cancillería de Chile indicó en comunicado de prensa que no había justificación para acallar con medidas represivas a los ciudadanos.

Al día siguiente, Portugal, Alemania, Colombia y Uruguay también se pronunciaron contra la violencia y con preocupación por la primera muerte reconocida oficialmente como resultado de las protestas. El interés por el respeto a los derechos humanos y la democracia se repetía en estos mensajes.

Para el 15 de julio, los comunicados se enfocaban en los procesamientos judiciales de los manifestantes y sus irregularidades. El Reino Unido de los Países Bajos y Suiza llamaron a poner en libertad a quienes pacíficamente habían participado el domingo del estallido social.

Ese día la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la represión y el empleo de la fuerza: “La Comisión considera inadmisibles y temerarias las declaraciones oficiales que califican como enemigas a las personas manifestantes. Estas declaraciones estigmatizan la protesta, generan un clima de permisividad a la violencia, pueden alentar el enfrentamiento entre la ciudadanía, y son incompatibles con los estándares internacionales para garantizar el derecho a la protesta.” Remarcaba así el deber del Estado cubano de garantizar ese derecho y su inadecuada respuesta de criminalización.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó similar desconcierto por las detenciones, el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes e instó al Gobierno a restablecer el acceso a Internet y las redes sociales.

Costa Rica, Ecuador, Canadá, Polonia y República Checa también concordaron en la falta de libertad y derechos políticos de los cubanos en su relación con el Gobierno; pidieron democracia, cese de la represión y diálogo. Otro punto coincidente en varias declaraciones fue pedir el fin del embargo estadounidense a la Isla.

Polonia, cuya embajada en La Habana se hizo eco del pedido de libertad para el artista Hamlet Lavastida hecho por su hijo Leo, de 7 años, anunció a través de su ministerio de Relaciones Exteriores una reunión con el embajador cubano en Varsovia, José Martí Martínez, en el que (además de saludar el incremento del comercio bilateral) el viceministro polaco Marcin Przydacz le notificó su profunda preocupación por los recientes acontecimientos en Cuba, pidió el fin de la represión y el establecimiento del diálogo.

De la reacción internacional, la diplomacia cubana se enfoca en reflejar aquello que la favorece. Así el canciller Rodríguez Parrilla, al resumir una conversación con su homólogo de Canadá, Marc Garneau, dijo haber trasladado su preocupación por las violaciones a los derechos de los pueblos originarios del país norteño. La comunicación de su contraparte, sin embargo, informó que el diplomático canadiense le expresó su “profunda preocupación por la violenta represión de las protestas en Cuba, en particular las medidas represivas contra manifestantes pacíficos, periodistas y activistas, y la detención arbitraria”.

A estos pronunciamientos individuales, se sumó el 25 de julio una Declaración conjunta sobre Cuba emitida por los gobiernos de Austria, Brasil, Colombia, Croacia, Chipre, República Checa, Ecuador, Estonia, Guatemala, Grecia, Honduras, Israel, Letonia, Lituania, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte, Polonia, República de Corea, Ucrania y los Estados Unidos de América.

“El 11 de julio, decenas de miles de ciudadanos cubanos participaron en manifestaciones pacíficas en todo el país para protestar por el deterioro de las condiciones de vida y exigir cambios. Ejercieron las libertades universales de expresión y reunión, derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

“Hacemos un llamado al Gobierno cubano para que respete los derechos y libertades legalmente garantizados del pueblo cubano” sin que tema arresto o detención. “Instamos al Gobierno cubano a que ponga en libertad a los detenidos por ejercer su derecho a la protesta pacífica. Pedimos la libertad de prensa y el pleno restablecimiento del acceso a Internet, que permite que las economías y las sociedades prosperen. Instamos al Gobierno cubano a que preste atención a las voces y demandas del pueblo cubano.

”La comunidad internacional no vacilará en su apoyo al pueblo cubano y a todos los que defienden las libertades básicas que toda persona merece.”

El comunicado coincide letra a letra con un mensaje que días antes había filtrado el Canciller cubano en su cuenta de Twitter. Rodríguez Parrilla había anunciado que Estados Unidos, con apoyo de Bolsonaro, estaba ejerciendo presiones sobre países europeos y latinoamericanos para que se adhirieran a esta declaración.

El número final de 21 firmantes no es significativo en una comunidad internacional de 190 países. Sin embargo, llama la atención que países como Grecia, Austria y Chipre, de escasa proyección pública hacia el sistema político cubano, la firmaran junto a países que se abstuvieron (Colombia y Ucrania) en la reciente votación contra el embargo en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Para algunos analistas, la mayoría de los gobiernos del mundo que se expresan ante la represión de manifestantes pacíficos en Cuba prefiere no mezclarse con la retórica del “Estado fallido” que enarbola la administración Biden, además de que también son críticos del embargo. Por ello prefieren hablar por sí mismos sobre los derechos civiles de los cubanos. Está claro que no han callado.

<Lea más desde Cuba aquí en Havana Times.


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