Jueza bloquea deportaciones aceleradas a migrantes con parole humanitario
“Lo que se está priorizando no es a las personas que cruzan ilegalmente la frontera, sino a las personas que siguieron las reglas”, explicó Talwani en su fallo.
HAVANA TIMES – Una jueza federal en Boston bloqueó este jueves el plan del gobierno de Donald Trump para poner fin al estatus legal temporal obtenido por los migrantes a través del programa de parole humanitario, que actualmente protege a casi medio millón de personas. Esta medida impide que estos migrantes sean sometidos a procesos acelerados de deportación a partir del próximo 24 de abril.
Según informes de agencias de prensa, la jueza de distrito Indira Talwani determinó que la decisión tomada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para revocar anticipadamente este beneficio migratorio, otorgado previamente durante la administración del presidente Joe Biden, se basó en una interpretación incorrecta de la ley vigente.
“Lo que se está priorizando no es a las personas que cruzan ilegalmente la frontera, sino a las personas que siguieron las reglas”, explicó Talwani en su fallo. La magistrada destacó que el estatuto en cuestión está dirigido específicamente a individuos que cruzaron ilegalmente la frontera, no a aquellos que recibieron autorización para ingresar legalmente bajo el programa de parole humanitario.
“La orden se emitirá por un tiempo determinado. Por favor, no pensemos que todo está ganado. Aún no. La orden que salga en los próximos días, podría ser hoy o mañana, establecerá el tiempo en que se detendrá esta orden ejecutiva. Esto es apenas el inicio de la demanda”, insistió la abogada especializada en temas migratorios Nohelia Ramos a través de Hispanic Conexion.
“Durante el tiempo que determine la jueza, los beneficiarios mantendrán el estatus de parole y el permiso de trabajo, que será válido por los días que la jueza disponga. Seguiremos compartiendo novedades”, agregó Ramos.
Sin embargo, la especialista aclaró que la jueza no otorgaría más tiempo del estipulado por el programa temporal. Es decir, aquellos que deben salir en julio, cuando se cumplan los dos años de su permiso, deben abandonar el país. Ramos también resaltó la importancia de esperar el posible proceso de apelación.
“Los abogados de la administración Trump pueden apelar, lo cual es normal en los procesos legales. Además, el tiempo que ellos necesiten para presentar la apelación debe ser formalmente anunciado. Estemos atentos para conocer qué argumentos presentará la administración en su apelación… Hay muchos factores en juego que serán determinantes”, agregó Ramos.
Según Ramos, esta nueva orden es una buena noticia porque podría evitar deportaciones expeditas de miles de beneficiarios. Si la administración Trump ejecuta esta medida, estaría en “desacato a un juez de inmigración” si no respeta la orden de la jueza. “Es importante seguir informados y estar atentos”, concluyó.
Migrantes nicaragüenses atrapados en la incertidumbre tras la eliminación del parole humanitario
Miles de migrantes en Estados Unidos viven hoy en un limbo migratorio tras el anuncio del presidente Donald Trump de cancelar el programa de parole humanitario que les otorgaba un estatus legal temporal. Entre ellos está Pedro, un nicaragüense que llegó con su familia en 2023 y que ahora teme por su futuro.
“Nos tienen arrinconados, porque esto fue de un día al otro”, dijo Pedro a CNN, pidiendo usar un nombre ficticio por seguridad. “En tu país estás amenazado, perseguido, asediado. Y ahora estás aquí y las personas están siendo amenazadas, asediadas. Nos sentimos igual que en Nicaragua”.
Pedro es uno de los más de 532,000 beneficiarios del parole CHNV, un programa creado por la administración de Joe Biden a inicios de 2023, que permitía el ingreso legal de ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el programa facilitó el ingreso de aproximadamente 110,000 cubanos; 210,000 haitianos; 93,000 nicaragüenses y 117,000 venezolanos.
La familia de Pedro aplicó a través de un patrocinador ciudadano estadounidense y cumplió todos los requisitos, incluyendo prueba de empleo y escolarización de los hijos.
Pero todo cambió con la decisión de Trump de poner fin al programa, argumentando que la administración Biden abusó de la figura del parole humanitario. Ahora, quienes se encuentran bajo este estatus tienen hasta el 24 de abril para regularizar su situación, abandonar el país o enfrentar una posible deportación.
Llamado al presidente para proteger a los migrantes
En medio de la incertidumbre, la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar solicitó este jueves al presidente Donald Trump otorgar una protección temporal bajo el programa de Salida Forzosa Diferida (DED, por sus siglas en inglés) a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ingresaron legalmente a Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario.
En una carta enviada el 9 de abril, la representante republicana por Florida pidió que se aplique el DED como medida temporal para proteger a los beneficiarios del parole mientras se completan los procesos de asilo y se continúa con la verificación de antecedentes, según reportó CIBERCUBA.
“No hay plan B”
“No hay plan B”, expresó Pedro con resignación. “Ese es nuestro plan B: confiar en Dios”.
Pedro contó a CNN que en Nicaragua fue miembro de organizaciones opositoras y vivía bajo constante vigilancia. “A los que estaban en esas organizaciones ya los llamaban terroristas y eran investigados”, relató. Volver a Nicaragua no es una opción viable.
Previniendo una posible expiración del parole, Pedro y su familia iniciaron un proceso de asilo antes del anuncio de cancelación. Su abogada, Elizabeth Uribe, aclaró a CNN que no lo hicieron por esta crisis, sino como una medida anticipada. No obstante, recordó que los solicitantes de asilo no tienen protección automática durante los 30 días otorgados por el gobierno para abandonar el país.
“Sabemos que los procesos de asilo pueden tardar años, y mientras tanto hay mucha incertidumbre”, explicó Uribe.
Mientras tanto, en Nicaragua, la represión estatal persiste. Organizaciones como el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denuncian la institucionalización de la tortura, mientras el régimen de Daniel Ortega niega todas las acusaciones.
Como muchos otros migrantes, Pedro mantiene la esperanza de que la justicia estadounidense suspenda temporalmente la medida, tal como ocurrió con los venezolanos amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS). “Esperamos tener un alivio como el que hubo con el TPS”, expresó.
Hoy, su única certeza es la fe. “Ese es nuestro plan B, confiar en Dios”, repite Pedro.