Inicia juicio político contra Cristiana Chamorro y colegas
por su trabajo con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro
Ocho meses después de la primera audiencia, el abogado Yader Morazán asegura que “se murió el proceso y también la medida de prisión preventiva”
HAVANA TIMES – El juez Luden Martín Quiroz, del Tribunal noveno distrito penal de Juicio, inicia este jueves tres de marzo en la cárcel del Chipote el proceso contra la exprecandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, su hermano Pedro Joaquín, dos exfuncionarios de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) y un conductor.
A Cristiana Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes, les imputan los supuestos delitos de lavado de dinero, gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida; al exdiputado Pedro Joaquín Chamorro, exvicepresidente de la FVBCh le acusan por supuesta gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida; y al conductor Pedro Vásquez le imputan el delito de colaborador necesario para el lavado de dinero.
Los abogados defensores aseguraron que el juicio, que se llevará a cabo a puertas cerradas, podría durar dos semanas, debido a la documentación acumulada por las autoridades para cada uno de los cinco acusados, y por la cantidad de pruebas que planea interponer la defensa.
Además de los policías testigos que suele citar la Fiscalía, como en el caso de otros presos políticos, la audiencia judicial ha citado a periodistas y representantes de medios de comunicación beneficiarios de donaciones de la FVBCh como supuestos “testigos”.
La decisión de iniciar este juicio político ocurre dos meses después que se venció el plazo para que dictara sentencia, una grave situación procesal que se suma a un cúmulo de irregularidades en la investigación usada por el régimen para inhibir las aspiraciones políticas de la expresidenta de la Fundación y amedrentar al menos a 60 periodistas que fueron citados el año pasado a la Fiscalía.
Yader Morazán, experto en administración de justicia, afirmó que el “cronómetro judicial” empezó a correr desde el tres de junio de 2021 cuando se celebró la audiencia contra Chamorro Barrios, a quien la Policía impuso el régimen de casa por cárcel.
Las leyes procesales del país establecen un plazo máximo de seis meses a partir de la audiencia inicial. Eso pasa cuando se trata de una investigación de “tramitación compleja”, que duplica los plazos procesales. Sin embargo, con la investigación a la FVBCh este jueves se cumplen ocho meses desde la primera audiencia.
A partir de la audiencia en junio pasado, inició un proceso caracterizado por el secretismo judicial, la intimidación, la falta de garantías a los procesados, las audiencias secretas en la cárcel El Chipote y porque Ortega anticipó en varias ocasiones una condena, insultando a los presos políticos calificándolos en noviembre pasado como “hijos de perra del imperialismo”.
“Al morirse el proceso, se muere todo lo que este genere, como la medida cautelar de prisión preventiva para todos los involucrados en el mismo caso”, explicó Morazán.
Febrero: Mes de condenas a presos políticos
La reactivación del caso de la FVBCh se da un mes después del inicio de condenas a presos políticos en Nicaragua. Una maquinaria bajo control del partido de Gobierno, integrada por 15 funcionarios, entre jueces, fiscales y policías, ha impuesto condenas a más de veinte presos políticos hasta ahora, casi todos condenados por cometer el supuesto delito de “conspiración en menoscabo de la integridad nacional” o por la supuesta “propagación de noticias falsas”
La expresidenta de la FVBCh fue detenida el dos de junio del año pasado. La acusaron por los supuestos delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el “lavado de dinero”, después que un informe del Estado señaló que la Fundación trasladó supuestamente fondos para el fortalecimiento de medios entre 2017-2020 a personas y organismos que buscan “la desestabilización de la buena marcha del desarrollo económico y social del país”.
El principal señalamiento de la acusación es que supuestamente la FVBCh recibió de los donantes 150 millones de córdobas entre 2015 y 2019, pero tenían en el sistema bancario 190 millones de córdobas.
El donante principal de la FVBCh, la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) de Estados Unidos, negó desde el 27 de mayo de 2021 que hubiesen encontrado “evidencia de lavado”, tal como señaló el régimen. Entre los beneficiarios para la supuesta desestabilización del Ejecutivo de Nicaragua, la Fiscalía enlistó a 13 medios de comunicación independientes, cuatro organismos no gubernamentales y siete periodistas.
El proceso permitió la inhibición de la precandidata Chamorro Barrios y de otros seis aspirantes presidenciales y, de ese modo, se aseguró un cuarto mandato consecutivo, lo que le valió el rechazo internacional a la farsa e ilegitimidad.
Otro de los procesados es el hermano de Cristiana, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, detenido por la Policía el 26 de junio pasado por cometer supuestos “actos en menoscabo de la soberanía del país”, después de dar una entrevista en la que había manifestado también sus aspiraciones presidenciales. Posteriormente fue acusado por los supuestos delitos de “gestión abusiva, apropiación y retención indebida” en relación al caso de la FVBCh.
El calvario de los procesados en el juicio de la FVBCh inició en mayo del año pasado. Los primeros capturados fueron el 29 de ese mes, Walter Gómez y Marcos Fletes, el exfinanciero y excontador de la FVBCh, pero también está detenido el conductor de Cristiana Chamorro Barrios, Pedro Vásquez Cotedano.
Acusan en ausencia a director de CONFIDENCIAL
Por la misma causa fue acusado en ausencia el director de CONFIDENCIAL, Carlos Fernando Chamorro Barrios por los supuestos delitos de gestión abusiva, apropiación y retención indebida y también lavado de dinero, a pesar de que ni Chamorro ni CONFIDENCIAL tienen algún vínculo legal, económico o institucional con la FVBCh.
El periodista se encuentra en el exilio, por segunda vez desde junio de 2021, y ha sido víctima de la confiscación de las oficinas del medio desde 2018, el segundo asalto policial contra una oficina temporal de CONFIDENCIAL el 20 de mayo de 2021, y el allanamiento de su casa el 21 de junio del año pasado.
También son acusados en ausencia los extrabajadores de la FVBCh: Ana Elisa Martínez, Lourdes Arróliga, Guillermo Medrano y Emma Marina López.
“Ese expediente tiene que separarse; para las personas no capturadas no corre el cronómetro. La otra forma en que no corre el proceso es cuando ya no llegaste en la segunda audiencia y entonces se produce rebeldía. Son las únicas dos formas en que términos estadísticos los jueces pueden atribuir un expediente”, explicó el abogado Yader Morazán.
El abogado explicó que el plazo del vencimiento máximo en el proceso para dictar una sentencia es una de las diez causas para que se dé la “extinción de la acción penal” y recordó que otra es la prescripción, la misma que fue alegada para salvar a Daniel Ortega de enfrentar a la justicia en diciembre de 2001 cuando fue acusado de violación por su hijastra Zoilamérica Narváez.