Informe sobre las Votaciones municipales en Nicaragua

No fueron “libres, ni justas, ni transparentes”

Un ciudadano vota en las elecciones municipales, en Managua. Foto: EFE/Jorge Torres

Restricciones a los derechos políticos, afectaciones al pluralismo y marco legal incompatible con estándares internacionales

Por Confidencial

HAVANA TIMES – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) señaló en un “informe rápido” que las pasadas votaciones municipales en Nicaragua “no cumplieron los estándares internacionales de derechos humanos” y —al igual que las elecciones generales de 2021— no fueron “libres, ni justas, ni transparentes”, por lo que sus resultados carecen de “legitimidad democrática”.

El informe titulado Crisis en Nicaragua: Elecciones municipales y violación de derechos civiles y políticos, enfatiza en el contexto de represión en cual se desarrolló el proceso electoral y apunta que los resultados presentados por el Consejo Supremo Electoral (CSE), que adjudican el 100% de las alcaldías del país al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), eran predecibles.

“El resultado electoral confirma la tendencia vista desde las elecciones de 2012, en que se inició un control progresivo de las administraciones locales, que se ha consolidado en estos comicios con el control total de las 153 alcaldías”, explica el documento.

De igual forma, en el contexto preelectoral Oacnudh observó restricciones a los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses, afectaciones al pluralismo político, un marco legislativo electoral incompatible con estándares de derechos humanos y alteraciones en las listas y verificaciones.

Detenciones en varios municipios

Oacnudh recibió información de que, entre el 1 y el 8 de noviembre, se produjeron “31 presuntas detenciones arbitrarias vinculadas al proceso electoral”. A la fecha 13 de estos detenidos continúan privados de libertad.

Las detenciones, advierte Oacnudh, se caracterizaron “por el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad y se dirigieron a personas militantes de partidos políticos, colectivos estudiantiles, organizaciones de sociedad civil y familiares de otras personas detenidas en el marco de la crisis sociopolítica de Nicaragua”.

El informe también apunta que el mayor número de detenciones tuvo lugar en el departamento de Carazo, con diez detenciones en seis municipios diferentes, seguido de Río San Juan.

Al margen de las detenciones registradas “no trascendieron públicamente incidentes de violencia física el día electoral”, dice el informe rápido. Sin embargo, la votación estuvo marcada entre otras cosas “por el abstencionismo”, la ausencia de observadores electorales y una mayor presencia policial en municipios de trayectoria antisandinista.

Además, en días posteriores a la votación “las bases del partido Yatama reclamaron haber ganado en el municipio Waspam en la Costa Caribe Norte. A raíz de la denuncia, se reportaron incidentes en el municipio y en Bilwi, con acoso y represión policial, detenciones, requisas y retenes”, subraya Oacnudh.

Derechos “comprometidos”

El informe de Oacnudh también apunta que los hechos registrados en el contexto electoral en Nicaragua “comprometen” los derechos de los ciudadanos a participar en la dirección de asuntos públicos, votar, y ser elegido, tal como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

Antes de las elecciones, “el marco institucional y legislativo en Nicaragua no cumplió con los estándares internacionales en materia electoral pues no garantiza igualdad, independencia, transparencia ni libertad”, apunta el documento.

En ese sentido, el organismo señala que “la comunicación libre de información e ideas respecto a temas políticos entre la ciudadanía y las candidaturas políticas es imprescindible para asegurar el acceso a los derechos electorales. Para esto, es necesario que exista una prensa independiente que pueda proveer de información sin censura ni restricciones a la opinión pública”.

Además, es necesario “un calendario electoral adecuado, que permita el tiempo necesario para elaborar una campaña electoral efectiva, esfuerzos de información pública, registro de votantes, etc.,” para garantizar los derechos políticos de los ciudadanos y un proceso electoral “genuino”.

Sin embargo, durante la fase preelectoral y electoral, “las autoridades nicaragüenses no garantizaron un entorno seguro y propicio en el que los derechos humanos fuesen respetados y disfrutados, en particular los derechos políticos, de reunión pacífica, a la igualdad y no discriminación, a la libertad de expresión y de asociación”, concluye el informe rápido.

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