Ian y el debate sobre la ayuda humanitaria

Pinar del Río, Cuba. Foto: Adalberto Roque / AFP.

Por Eloy Viera Cañiva y Johanna Cilano (El Toque)

HAVANA TIMES – Cuba está en crisis. Una crisis cuyo principal responsable es el régimen cubano, que ha sostenido por décadas un modelo político económico ineficiente y excluyente.

Luego del paso del huracán Ian por el occidente del archipiélago, hay una zona del país en la cual la crisis se ha profundizado. Muchas personas de las provincias Artemisa y Pinar del Río necesitan asistencia humanitaria. La misma ayuda que necesitan los habitantes de Fort Mayers en Florida; donde se concentran los esfuerzos de programas de los Gobiernos estatal y federal estadounidenses. 

Los números oficiales ―por lo general inferiores a la realidad cuando de calamidades se trata― arrojan que el 60 % del fondo habitacional de la provincia Pinar del Río fue afectado. Muchos damnificados permanecen todavía sin servicio eléctrico y sin formas fiables de comunicación, por lo que tampoco existe una idea clara sobre la magnitud del desastre. 

Más allá de la ausencia de una tasación real de los daños y las afectaciones, algo es real: en Pinar del Río y Artemisa muchas personas lo han perdido todo. Otros tantos han perdido ―por la falta de fluido eléctrico― los escasos alimentos que arduamente habían acumulado y que no saben cuándo ni cómo volverán a adquirirlos.

En medio de este contexto, el periódico The Wall Street Journal publicó un reporte en el que reconoce que las autoridades cubanas habían hecho un pedido “raro” de asistencia humanitaria a la Administración Biden, luego del paso del huracán Ian. La noticia ―no confirmada aún ni por el Gobierno estadounidense ni por su homólogo cubano― ha generado dos posicionamientos contrarios.

El primero niega el envío desde los Estados Unidos de cualquier tipo de ayuda al régimen cubano por considerarla una “oxigenación” a un sistema que creen herido de muerte. Quienes sostienen estas posiciones exigen que la Administración Biden no escuche el supuesto pedido de ayuda y justifican su razonamiento bajo el argumento de que la nueva ola de protestas que vive el país ―sobre todo la capital― es síntoma de la decadencia de un modelo político al que hay que cerrar cualquier asistencia para acelerar su caída. 

Posiciones de este tipo más que paliar las necesidades inmediatas de los damnificados ―entre quienes se encuentran personas que desde antes del paso de la tormenta vivían en situación de vulnerabilidad― exacerban los conflictos con un Estado que, saben, no puede proveer. De hecho, muchos de quienes niegan la posibilidad de la ayuda lo consideran un Estado fallido. Utilizar el abandono de los damnificados como arma política se asemeja a la lógica totalitaria que la clase política con el poder en Cuba ha empleado durante décadas. Una lógica que implica utilizar a la población común y sufrida como rehenes y peones dentro de un juego político del que son excluidos como protagonistas.

La negativa absoluta de ayuda humanitaria desconoce también la historia, la práctica política y la teoría de los derechos humanos. La asistencia humanitaria está destinada a las poblaciones en crisis y no depende de la calidad y cualidad de sus Gobiernos. En el caso de la que se origina desde los Estados Unidos, tampoco depende del partido gobernante.

En 2008, la Administración del presidente republicano George W. Bush ―crítica y firme en cuanto a su posición hacia Cuba― ofreció a las autoridades cubanas ayuda humanitaria para los damnificados del huracán Gustav. La propuesta inicial ascendía solo a 100 mil dólares, pero aumentó hasta los cinco millones luego del paso ―escasos días después― del huracán Ike. Al ofrecer la ayuda, el Gobierno estadounidense requirió que el auxilio fuese canalizado “a través de una organización apropiada de ayuda internacional”. Indicó, además, que “un grupo de evaluación humanitaria” debía visitar Cuba de forma previa “para inspeccionar las áreas afectadas y evaluar adecuadamente los daños”.

En aquel momento (2008), igual que ahora, se desarrolló un profundo debate. Fue una de las tantas veces en que el Gobierno cubano terminó por rechazar la ayuda ofrecida. La Cancillería cubana alegó que no era preciso “la asistencia de un grupo de evaluación humanitaria para valorar los daños y necesidades” pues el país contaba “con los especialistas suficientes, los cuales prácticamente habían concluido dicha labor”. En aquel momento, actores políticos estadounidenses (como el entonces candidato a la presidencia por el partido demócrata Barack Obama y también representantes tradicionales del exilio cubano como la Fundación Nacional Cubanoamericana) solicitaron la suspensión de la prohibición de viajes y el envío de remesas para facilitar que la asistencia llegara a las personas afectadas.

A pesar de la evidencia histórica, algunos de quienes se oponen al envío de cualquier tipo de ayuda humanitaria a Cuba, en esta oportunidad, han afirmado que enviar ayuda humanitaria desde los Estados Unidos a Cuba (un país cuyo Gobierno viola de manera constante los derechos humanos) es ilegal. Sin embargo, la ayuda humanitaria puntual ―que no la cooperación continua― está dirigida a paliar las necesidades humanas y a defender, en primer caso, la dignidad de las personas; por tanto, no depende del respeto que los Gobiernos profesen por los derechos humanos. La que ofrece los Estados Unidos tampoco. Las leyes estadounidenses no consideran ilegal la asistencia de emergencia a la población de cualquier país del mundo, incluida la cubana.

Para poner un ejemplo: Corea del Norte es el país más aislado del mundo y ejemplo clásico del totalitarismo personalista. Un Gobierno con armas nucleares, técnicamente en guerra con Estados Unidos y sus aliados desde el armisticio de 1953. Por esa doble razón armamentista y legal, sobre el Estado norcoreano pesa un sistema de sanciones multilaterales del que los Estados Unidos es parte fundamental. Sin embargo, del sistema de sanciones se excluyen las ayudas humanitarias. De acuerdo con ese criterio, en 2017, bajo la presidencia del republicano Donald Trump, Estados Unidos donó un millón de dólares al Gobierno de Kim Jong-un para paliar los efectos de las inundaciones que sufriera ese año el norte del país asiático. 

Por si fuera poca justificación, en 2021 el Departamento de Estado de los EE. UU. aseguró que las leyes estadounidenses incluían excepciones y autorizaciones que permitían exportar a Cuba comida, medicinas, recursos humanitarios y responder ante casos de desastres. Bajo este amparo, la ayuda humanitaria a los afectados de Ian proveniente de los Estados Unidos es factible. 

Son comprensibles las dudas y rechazos que muchos cubanos muestran en relación con que sea la institucionalidad cubana la que recepcione y canalice la ayuda. Existen muestras diversas de malos manejos del régimen cubano de donaciones recibidas para paliar la crisis e, incluso, han sido señaladas las ventas a la población de productos donados por organismos internacionales. También son ciertos y válidos los reclamos referidos a las prioridades de inversión del Gobierno cubano en los últimos años, evidenciados en las estadísticas oficiales. Lo que justifica el enojo ante el gasto desmedido que se muestra en el reforzamiento del aparato represivo: patrullas, equipamiento, capacidad de movilización.

Sin embargo, las dudas válidas no hacen menos justa, necesaria y legal la ayuda humanitaria que pudiera proporcionar la Administración de Joe Biden a los damnificados de Ian. Por esa razón, más que rechazar de forma absoluta cualquier tipo de ayuda amparándose en una lectura política del contexto, sería beneficioso generar una propuesta que incluya la posibilidad de una asistencia humanitaria que tribute a los objetivos políticos que se pretenden salvaguardar con la negativa: la no “oxigenación” del sistema. Una propuesta encaminada a la exigencia de transparencia, de participación de la sociedad civil organizada, de eficacia de la ayuda, que abone al bienestar de los vulnerables y no a la capitalización política de estos.  

La ayuda humanitaria a los damnificados debería producirse. Quienes viven en Cuba no deberían ser considerados como meros soldados en la “defensa de la Revolución” o la lucha por la democracia. Al tiempo que, de manera tácita, se demuestra poca atención por su situación actual. Para quien lo ha perdido todo, la libertad se limita a un nuevo techo y no a un concepto abstracto que, como la tierra prometida, han visto dilatarse por años. Quienes lo han perdido todo sentirán que han sido liberados por quienes les provean lo que necesitan. Esa ha sido la apuesta del régimen cubano durante muchísimo tiempo. Todavía se explotan las imágenes de personas comunes agradeciéndole a Díaz-Canel por haber entregado casas a damnificados de ciclones anteriores.

La entrega de ayuda humanitaria, sobre todo proveniente de los Estados Unidos, puede funcionar ―contrario a lo que algunos piensan― como una herramienta política contraria al sistema. El mero hecho de pedir ayuda al Gobierno estadounidense ―en caso de que realmente se haya producido― demuestra la fragilidad actual del modelo cubano. Han tenido que pedir, como nunca antes lo habían hecho, ayuda a su adversario hostil. Por eso, la entrega de ayuda humanitaria proveniente además de los Estados Unidos y canalizada a través de entidades independientes reforzaría una idea muy manejada en los últimos tiempos para enfrentar el sistema: Cuba es un Estado incapaz de proveer lo que la ciudadanía necesita. 

Sin embargo, para que la ayuda cumpla con fines humanitarios, a la vez que contribuya a los objetivos políticos de quienes consideran imprescindible la democratización en Cuba, es necesario que sea organizada de forma tal que la casta política no pueda hacer uso de ella. Para ello, es indispensable que la ayuda humanitaria se produzca en forma de insumos materiales y no monetarios, que sea focalizada, que organizaciones y redes de la sociedad civil independientes del Gobierno participen en su recepción y distribución. Redes de ese tipo existen en el archipiélago. Por ejemplo, Cáritas Cuba (vinculada a la Iglesia Católica) y otras instituciones fraternales y religiosas han demostrado ser vehículos confiables de ayuda directa sin pasar por manos institucionales. Las redes informales de activistas, colectivos y la sociedad civil organizada han mostrado en el último año que pueden llegar a los más vulnerables, y proveer ayuda de forma eficaz y transparente. La crisis de la COVID-19 y la atención al desabastecimiento de medicamentos son un ejemplo cercano. 

Por último, la negativa absoluta de cualquier ayuda humanitaria es una jugada política que puede terminar por ser aislacionista y rechazada por quienes sufren en Cuba. Entra, además, de manera perfecta dentro del guion previsto desde La Habana y practicado en oportunidades anteriores: explotar las crisis humanitarias y la hostilidad para exigir la suspensión de sanciones.

Del otro lado, tenemos la postura pública del Gobierno cubano (expresada a través de su Cancillería), grupos y organizaciones de solidaridad, así como lobbies de influencia en la política norteamericana: la única ayuda debería ser la suspensión de todas las sanciones. Se trata, también, de una postura con una historia precedente. En 2008, cuando Bush ofreció ayuda humanitaria a Cuba, las autoridades cubanas respondieron que, “si el Gobierno de Estados Unidos [tenía] una real voluntad de cooperar con el pueblo cubano ante la tragedia del huracán, se le solicita[ba] que permi[tiera] la venta a Cuba de materiales indispensables” y que “suspend[iera] las restricciones que impiden a las compañías norteamericanas ofrecer créditos comerciales privados para comprar alimentos en Estados Unidos”. 

En 2022, y a través de los lobbies estadounidenses que mantienen en su esfera de influencia, el régimen cubano ha dicho exactamente lo mismo. El 3 de octubre, la Cancillería del archipiélago, en su cuenta en Twitter, se hizo eco de un pedido que “líderes y activistas en EE. UU.” hicieron a Biden para que levantara de manera temporal las sanciones y permitiera que Cuba comprara los suministros necesarios para la reconstrucción después del paso del huracán Ian. El pedido estaba impulsado por la plataforma norteamericana The People´s Forum y promociona también una colecta de dinero para financiar la compra de esos materiales. 

Esta fue también la técnica utilizada en julio de 2021 a escasos días de las protestas del 11J cuando se publicó una carta abierta al presidente Biden gestionada por miembros de otra organización norteamericana muy cercana al Gobierno cubano: CodePink. La carta estaba firmada por cerca de 400 políticos, artistas e intelectuales, y solicitaba la suspensión de las sanciones y medidas implementadas por la Administración previa (la de Donald Trump) contra Cuba. La justificación en aquel momento fue la necesidad que tenía Cuba de controlar la pandemia de COVID-19. 

La negativa acrítica y absoluta a la recepción de ayuda humanitaria en un momento de crisis real para muchos ciudadanos cubanos, mientras el régimen moviliza recursos para apuntalar su imagen de Estado vulnerable y agredido, solo facilita la labor de la propaganda. Permite, además, continuar engordando la retórica del enemigo externo como la causa de los males de Cuba y de la diáspora como los anticubanos que pretenden traer la democracia a costa del hambre y la necesidad de su gente.

*Nota: Tras la publicación del texto la Cancillería cubana reconoció que intercambia “información sobre los daños cuantiosos y pérdidas lamentables ocasionados por el huracán Ian” con Estados Unidos.

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