HRW refleja la triste realidad de los DDHH en Cuba

El ‘capítulo Cuba’ de la 32 edición del informe 2022

Por Osmel Ramírez Alvarez

HAVANA TIMES – La 32 edición del Informe Mundial 2022 de la organización internacional Human Rights Watch examinó las prácticas de derechos humanos en casi 100 países, entre ellos Cuba, en cuyo capítulo refleja que “el gobierno de Cuba continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública”.

Explica claramente que “el gobierno recurre a detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otras personas. Los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención de críticos. En algunos casos los detenidos son liberados tras recibir advertencias oficiales, que los fiscales pueden utilizar durante procesos penales”.

“Más de mil personas, en su mayoría manifestantes pacíficos o transeúntes, fueron detenidas en la protesta de julio pasado, según informaron organizaciones de derechos humanos cubanas”.

Y también explica que “los agentes impidieron que las personas protestaran o informaran sobre las protestas, detuvieron a críticos y periodistas mientras se dirigían a las manifestaciones o limitaron su posibilidad de salir de sus casas. Muchos estuvieron incomunicados durante días o semanas, fueron arrestados con violencia o golpeados, y recibieron maltratos durante la detención”.

Human Rights Watch (observatorio de derechos humanos), es una de las más importantes organizaciones independientes (ONG) de DDHH en todo el mundo. Tiene sede en Nueva York y goza de un amplio trabajo, reconocimiento y credibilidad desde su fundación, con un impacto notable en defensa de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El informe recoge el trabajo recopilatorio de varias ONGs, entre ellas especialmente Prisioners Defenders, una organización de derechos humanos con sede en Madrid, y reflejó que “hasta septiembre en Cuba había 251 personas detenidas que cumplían con la definición de presos políticos, y otras 38 que estaban detenidas por sus creencias políticas. Y también otras 92  personas habían sido condenadas por sus creencias políticas y  cumplían arresto domiciliario o se encontraban en libertad condicional”.

Acotó que “los cubanos que critican al gobierno se exponen a ser perseguidos penalmente. No se les brinda un debido proceso, como el derecho a ser oídos en audiencias públicas y las correspondientes garantías de un tribunal competente, independiente e imparcial. En la práctica los tribunales están subordinados al poder ejecutivo. (…) A menudo los manifestantes fueron juzgados por delitos sumamente imprecisos como ‘desorden público’ y ‘desacato a la autoridad’”.

Y sobre las condiciones en centros de detención, expuso que “las prisiones del país en general están hacinadas”. Y que “no existe en la práctica un mecanismo a  través del cual los detenidos pueden presentar reclamos por abusos. El gobierno sigue sin permitir que organizaciones de derechos humanos internacionales y organizaciones cubanas independientes accedan a sus cárceles”.

También menciona casos específicos como el de la estudiante Gabriela Zequeira Hernández detenida en San Miguel del Padrón el 11 de julio solo por pasar un grupo de manifestantes por al lado suyo en la calle, ni siquiera estaba participando. Mancillada por los agentes y sin tener derecho a comunicación normal con su abogado ni debido proceso, fue condenada a ocho meses de privación de libertad, pero “le permitieron cumplir la pena en prisión domiciliaria”, narra el documento.

José Daniel Ferrer fue detenido el 11 de julio cuando pretendía unirse a la manifestación. Aunque no tuvo tiempo de participar, la Fiscalía ordenó su prisión preventiva por el delito de “desorden público”. Igualmente hace mención  a la activista de DDHH Laritza Díversent, que dirige Cubalex desde EUA, amenazada con “ser procesada y solicitar su extradición” por “dos agentes que se presentaron en casa de su madre” en la Habana.

No faltó la mención de la represión con los artistas vinculados al tema ‘Patria y Vida’, reflejando que “al momento de preparación del informe, varios artistas, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo, quienes participaron en el video de ‘Patria y Vida’, seguían en prisión provisional y enfrentaban procesos penales arbitrarios.

Además de la condenable práctica de regular la libertad de circulación de los cubanos ‘molestos’ al régimen, es decir, prohibirles salir o entrar al territorio nacional como castigo político. 

En fin, una descripción muy fiel de lo que sucede en Cuba en materia de DDHH. Y no podría ser diferente porque estos informes no son para elogiar a ningún gobierno por aquello que eventualmente hace bien, sino para señalar y criticar lo que se hace mal y lo que no se hace.

Y en este último año 2021 hemos visto precisamente eso, un incremento de las violaciones a los DDHH. Tristemente ese es el camino elegido por el gobierno del PCC para evadir el cambio que Cuba necesita e imponer la ‘continuidad’ de su sistema sociopolítico socialista-radical. Que ni funciona ni despierta confianza en el pueblo. ¡Ojalá escuchen!

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