Gobierno sigue bloqueando retorno de nicas varados en Islas Caimán y cruceros

Cancela vuelos de repatriación sin ninguna justificación y le pide a líneas de cruceros “pagar gastos operativos del aeropuerto”.

Por Elmer Rivas  (Confidencial)

 

HAVANA TIMES – Más 500 nicaragüenses trabajadores de la industria turística y hotelera que han perdido sus empleos a causa de la crisis sanitaria del Covid-19, continúan varados desde hace más de tres meses en Islas Caimán y cruceros comerciales de turismo fuera de servicio, por la negativa del Gobierno de Nicaragua de permitirles el derecho a su repatriación.

“Queremos regresar a nuestra patria, es un derecho constitucional que tenemos. Estamos  sin trabajo, y estamos acá gracias al buen corazón del Gobierno y las personas de Islas Caimán que nos han estado apoyando”, lamentó en un video público Earny Atly, un blufileño en Gran Caimán.

Atly se encuentra en la isla caribeña junto a otros 300 nicaragüenses que han solicitado retornar al país. El pasado 15 de abril, la aerolínea Cayman Airways informó que realizaría vuelos hacia Managua para repatriar a los nicaragüenses de la isla. Sin embargo, el Gobierno de Nicaragua rechazó los vuelos alegando de forma bilateral al Gobierno de Gran Caimán el cierre de sus fronteras, que tres meses después nunca ha hecho oficial.

Desde entonces, de la isla caribeña han habido vuelos de repatriación a otros países como México, República Dominicana, Jamaica, Honduras, Filipinas, India, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, mientras que “el primer país que se programó para eso fue Nicaragua, y aún estamos acá”, asegura Atly.

“Karla” está en las costas de Barbados junto a otros 157 nicaragüenses “flotando”, en uno de los cruceros de la compañía Royal Caribbean. El Gobierno de Nicaragua les canceló un vuelo de repatriación programado para el 18 de junio, sin bridarles ningún tipo de justificación, pese a que Royal Caribbean cumplió con los requisitos impuestos por la administración de Ortega que incluye: la realización del test de covid-19 de todos los tripulantes, viáticos de transporte y el pago de un vuelo chárter para el retorno.

“Desde hace rato deberíamos estar en casa y continuamos aquí. Y lo que no entendemos es que ellos dijeron -queremos el test, el vuelo chárter-, y ya todo eso puso la compañía y todavía nada”, cuestiona “Karla”.

“Extorsión” y violación al derecho internacional

Jonathan Duarte es un nica-estadounidense que brinda asesoría a los nicaragüenses que se encuentran varados en Islas Caimán y en cruceros turísticos. Años anteriores trabajó como consultor para la compañía de Royal Caribbean; y asegura que el Gobierno de Daniel Ortega ha impuesto condiciones “insólitas” para la repatriación de los nicaragüenses: además del test y el vuelo chárter “están pidiendo que las líneas de cruceros paguen los gastos operativos del aeropuerto. Las están extorsionando, y si no pagan eso no van a permitir dejar ingresar a los nicaragüenses”, afirma.

 

CONFIDENCIAL consultó con la Cancillería de la República para conocer las razones del Gobierno para limitar el retorno de estos nicaragüenses, y remitieron al Ministerio de Gobernación. Sin embargo, en Gobernación, remitieron nuevamente a Cancillería.

Además de los nicaragüenses en el Caribe, hay otros grupos varados en cruceros ubicados en países como Sudáfrica, Dubái, Inglaterra, Italia y Brasil; con probabilidades más remotas de conseguir un retorno inmediato. “Si no han podido retornar quienes están más cerca, es casi imposible para quienes están en esos países”, afirmaron familiares que prefirieron ocultar sus identidades.

“El artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos, dice que toda persona tiene derecho de salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar a su país, entonces el régimen está violando los derechos de sus propios ciudadanos, y de ley internacional”, afirma Duarte.

Nicaragua “un país problemático”

Para Duarte, la extorsión del Gobierno a las líneas de cruceros y la negativa de facilitar la repatriación de los conciudadanos, podría repercutir directamente en las oportunidades laborales futuras de la comunidad costeña, de donde pertenecen la mayoría de los nicas varados.

“Yo fui consultor para Royal Caribbean; es más, yo contraté a los gerentes de dos barcos, y recuerdo que había una lista de «países problemáticos» donde no podíamos reclutar. Mi preocupación es que pongan a Nicaragua en esta lista, porque esta es una fuente de empleo importantísima para la costa Caribe de Nicaragua, ya que no hay empleo por culpa del Gobierno”, asegura Duarte.

Shakira Simmons, activista blufileña, asegura que el Estado no tiene ni ha tenido ningún interés en resolver las problemáticas que tiene la comunidad costeña, y peor aún, la agrava con impedir la repatriación, facilitando posibles pérdidas de fuentes de trabajo para el futuro. “Una de las mayores demandas de nuestra región ha sido el empleo, y el Estado ha sido incapaz de resolverlo” cuestiona.

El abandono histórico del Estado

La mayoría de los nicaragüenses en Islas Caimán y cruceros, son trabajadores originarios de la Costa Caribe de Nicaragua, obligados a emigrar por la escasez de oportunidades laborales en la región caribeña. Sus familiares han acudido a las autoridades locales pero no han recibido ninguna respuesta.

“El alcalde y la vicealcaldesa, nos dijeron que iban hacer todo lo posible para ver qué se podía solucionar pero que no estaba en manos de ellos”, cuenta Adelys Molina, integrante de la comisión de familias blufileñas.

Después de la reunión con los alcaldes, los familiares organizaron una protesta en el Parque Reyes, de Bluefields, en demanda de una respuesta inmediata a la solicitud de repatriación, pero fueron reprimidas por la Policía. “Empezaron a arrancar lo que podían arrancar, algunas de las muchachas tenían pitoretas, se las arrancaron de las manos, y la bandera de Nicaragua la agarraron y nunca la regresaron”, relata Soraya Forbes, de Bluefields.

Para los pobladores de la ciudad costeña el desinterés del Gobierno por la repatriación de sus ciudadanos está estrechamente relacionado con el abandono histórico del Estado con la región caribeña.

Para Rosa Simmons, trabajadora durante 16 años en embarcaciones turísticas, el Gobierno ni siquiera tiene un censo de cuántos nicaragüenses están embarcados trabajando en altamar, “solo maneja que la gente que está embarcada es gente negra de la Costa Atlántica, que para ellos significamos poco, o nada”, cuestiona.

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