Gobierno de Nicaragua acoge recomendacion de cesar la represión

Por Gabriela Selser (dpa)

Denis Moncada, el canciller de Nicaragua (d) y el diputado Edwin Castro en el Dialogo Nacional el lunes 21 de mayo.

HAVANA TIMES – El Gobierno de Nicaragua acogió el lunes un pliego de 15 recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado para enmendar graves violaciones a los derechos fundamentales durante la crisis que afecta al país desde hace un mes.

La aceptación oficial se produjo tras un largo debate en la segunda sesión del diálogo nacional, entre el Gobierno del presidente Daniel Ortega y sectores que han protagonizado protestas y que también adoptaron el informe preliminar emitido este lunes por una delegación de la CIDH que visitó el país.

Bajo la mediación de la Conferencia Episcopal, tanto las autoridades como la alianza “Unidad Cívica por la Justicia y la Democracia”, integrada por estudiantes, empresarios y sociedad civil, acordaron mecanismos para vigilar el cumplimiento de las 15 recomendaciones.

En su diagnóstico, el organismo autónomo de la OEA instó al Gobierno a “cesar de inmediato la represión” de las protestas y a investigar y sancionar a los responsables de 76 muertes ocurridas desde abril, período durante el cual también se reportaron 868 heridos, cinco de ellos aún graves en el hospital y 438 detenidos.

La CIDH también exhortó al Estado a desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para “garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y participación política”.

El organismo señaló que la Policía utilizó balas de distinto tipo y gases lacrimógenos “de forma indiscriminada” para sofocar las protestas y que en algunos casos hubo francotiradores. La comisión recibió denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales y de casos de heridos que fueron rechazados en los hospitales públicos.

“La Comisión urge enérgicamente al Estado de Nicaragua a investigar estos hechos, juzgar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos”, enfatizó el texto.

A petición de los cinco obispos mediadores, también se acordó solicitar al Gobierno que invite nuevamente al país a un equipo de la CIDH para que se sume como observador del diálogo.

Durante los debates y esperando reciprocidad, la delegación oficial pidió a la alianza cívica retirar los “tranques” (retenes) colocados por campesinos que apoyan las protestas en las 16 provincias del país, los que están afectando el comercio y la economía, pero la propuesta no logró consenso.

“La economía no va a estar bien mientras Ortega esté en el poder. Nosotros no somos culpables de la crisis”, dijo el líder estudiantil Lesther Alemán, en nombre de los universitarios que antes habían pedido “la renuncia inmediata” del mandatario.

“La economía no va a estar bien mientras Ortega esté en el poder. Nosotros no somos culpables de la crisis”, dijo el líder estudiantil Lesther Alemán, en nombre de los universitarios que antes habían pedido “la renuncia inmediata” del mandatario.

“Aquí el único ‘tranque’ que impide salir de esta crisis está en El Carmen (el barrio cercado donde vive el presidente)”, comentó por su parte el empresario Michel Healy, presidente de la Federación de Ganaderos.

Los tres sectores coincidieron en que no podrá haber democratización en Nicaragua sin un cambio “inmediato” de gobierno. De lo contrario, las protestas continuarán porque “el pueblo no olvida a sus mártires”, dijo la defensora de derechos de los trabajadores Sandra Ramos.

“Sobre esos resultados (de muertos y heridos) Nicaragua ya cambió y este sector privado también cambió: No hay vuelta atrás”, afirmó por su José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

“El país no aguanta una salida a mediano plazo. La solución debe ser ya”, enfatizó Aguerri, que hasta los sucesos de abril mantuvo una “alianza estratégica” con Ortega.

El canciller Denis Moncada, jefe de la delegación oficial, señaló que el Gobierno trabaja el tema institucional con la Organización de Estados Americanos (OEA) en base a un acuerdo suscrito hace un año y medio con el secretario general, Luis Almagro, para reformar el sistema electoral.

Tal acuerdo se firmó después de que la OEA avaló el resultado de los últimos comicios presidenciales (2016), que le dieron a Ortega su segunda reelección pese a insistentes denuncias de fraude. La oposición acusó a Almagro de favorecer al gobernante.

Moncada anunció que cuatro funcionarios de la OEA llegarán a Managua en las próximas horas para integrarse a las sesiones del dialogo desde el próximo miércoles.

Al respecto, Juan Sebastián Chamorro, representante de un sector del empresariado, exigió la presencia de Almagro en Nicaragua, para “que no se siga negociando a puertas cerradas” con la OEA.

“No tenemos tiempo y la gente está esperando resultados de este diálogo”, dijo Chamorro, quien además pidió la renuncia inmediata de todos los magistrados del tribunal electoral.