FMI maquilla informe sobre la gestión económica en Nicaragua

Instalaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). // Foto: Archivo

Prevén crecimiento del 3% en 2023 e insisten en “redoblar esfuerzos para mejorar el clima empresarial, la transparencia y marco de gobernanza”

Por Iván Olivares (Confidencial)

HAVANA TIMES – Nicaragua, preparado por el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI), sigue siendo muy complaciente con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, consideran tres economistas consultados por CONFIDENCIAL.

El 16 de noviembre de 2022, la misión del FMI, dirigida por Alina Carare, que estuvo una semana en Managua, emitió un Informe lleno de elogios hacia el Gobierno de Nicaragua, hablando de supuestas mejoras en la transparencia, o en los “marcos de gobernanza y anticorrupción”.

A propósito de este texto, el economista Enrique Sáenz, publicó un análisis en CONFIDENCIAL en el que señaló que “el texto encierra omisiones tan flagrantes y exhibe tergiversaciones y falsificaciones de la realidad tan evidentes, que cualquier nicaragüense medianamente informado termina por preguntarse si obedecen a ignorancia, ingenuidad o complicidad”.

¿Qué cambia en la versión revisada FMI?

Después de más de dos meses, este 27 de enero, el Directorio del FMI publicó su versión revisada del Informe que elaboró la misión que enviaron en noviembre a Nicaragua, eliminando algunas de las lisonjas, aunque no todas.

“Cambiaron los aspectos más insostenibles, pero preservaron algunas mentiras y algunas medias mentiras”, dijo por su parte, otro de los economistas.

“Los directores elogiaron el compromiso de las autoridades de seguir adoptando políticas prudentes para reforzar los márgenes de maniobra para la aplicación de políticas, el crecimiento económico y la resiliencia”, cita el Directorio, sin hacer mayor referencia al deterioro del clima de negocios o la gobernabilidad democrática en el Nicaragua.

Aún con esos cambios, este nuevo documento puede seguir considerándose un “espaldarazo del Fondo, que se traducirá en un apoyo para que el Gobierno de Nicaragua consiga más dinero, mientras la gente sigue yéndose del país”, como señal de cuán mal están las cosas, dijo uno de los expertos.

“Es que al FMI no le interesan esos elementos de democracia, sino solo los fundamentos macroeconómicos, aunque se obtengan a costa de elementos vitales como la educacion, el desarrollo social, y la mejora de las condiciones de vida de la gente”, añadió el experto, aunque el Informe dice que su personal insistió en “la necesidad de redoblar esfuerzos para mejorar el clima empresarial, la transparencia y el marco de gobernanza”.

El fin… ¿justifica los medios?

Una prueba de que lo que al Fondo le importa son los resultados, pero no tanto el cómo, es su decisión de alentar “a las autoridades a reforzar aún más la eficacia del marco, incluido el sector sin fines de lucro”, a propósito del hecho que el país ya no está en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Al hacerlo, obvían el cierre de miles de oenegés; e ignoran las quejas del sector privado y profesionales independientes, que señalan el peligro de que las reformas a las leyes 976 y 977, se usen para espiar y castigar a quien considerten opositor o disidente, así como por el hecho de que su implementación esté en manos de militares y policías, que por otro lado, se abstienen de tomar cualquier medida cuando un personero del régimen recibe sanciones internacionales, cuando lo normal es que ellos deberían iniciar una investigación de oficio en contra de esa persona.

Un tercer economista dijo a CONFIDENCIAL que si el Directorio del Fondo rebajó su lenguaje complaciente, fue porque recibió “presiones, pero ellos siguen dándole el beneficio de la duda. Después del Informe de noviembre hubo molestia de la comunidad internacional por la condescendencia del FMI para con el régimen, así que trataron de ser un poco más críticos en esta versión del Directorio”, relató.

A pesar de esa posibilidad, la nueva versión del texto dice que “los directores consideraron acertadas las medidas adoptadas recientemente para incrementar la transparencia fiscal”, aparentemente, en referencia a unas desconocidas medidas que habría tomado la Contraloría General de la República “para fortalecer la supervisión del gasto en relación con el uso de los fondos públicos”.

También dice que “felicitaron a las autoridades por la publicación del primer informe sobre riesgos fiscales y el primer examen de auditoría externa sobre el uso de los fondos destinados a la Covid-19”, pese a que ese documento no se conoce en Nicaragua.

“Los directores tomaron nota de las medidas adoptadas para fortalecer los marcos de gestión de gobierno y lucha contra la corrupción”, pero “destacaron la necesidad de llevar a cabo más esfuerzos para subsanar las deficiencias pendientes. También hicieron hincapié en la necesidad de afianzar el régimen de declaración de activos de los funcionarios públicos”, reza el texto.

A pesar de los señalamientos de economistas independientes que dudan de la fiabilidad de las estadísticas del régimen, los directores “recibieron con agrado el compromiso de las autoridades para mejorar la calidad y la coherencia de las estadísticas, sobre la base de las recomendaciones de asistencia técnica del FMI”, petición que, por otra parte, han hecho una, otra y otra vez, a lo largo de los años, sin que llegue a materializarse.

De cara al desempeño económico para este año, el FMI prevé que “el crecimiento del PIB se modere a 3% en 2023, debido sobre todo por la desaceleración mundial. Se proyecta que la inflación —que estaba en 11.4% en noviembre de 2022, debido principalmente a alzas de los precios de las importaciones— disminuya en 2023, dado un menor crecimiento y la considerable reducción prevista de la inflación mundial”.

Con todo, advierten que estas “perspectivas favorables” están sujetas a incertidumbre y a riesgos a la baja, relacionados primordialmente con la evolución externa, desastres naturales o un deterioro del clima de negocios y el endurecimiento de las sanciones internacionales, como las que han estado siendo aplicadas por Estados Unidos, la Unión Europea y sus socios occidentales, en contra de cómplices y familiares del régimen, así como algunas entidades del sector público.

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