Explotación de médicos cubanos: Bahamas mandó a parar

Por Francisco Acevedo

HAVANA TIMES – El tema hace rato que se las trae, porque desde foros internacionales inclusive se ha hablado de explotación de fuerza laboral, con respecto a los especialistas de la salud cubanos contratados en diversos países.

Desde siempre se sabe que gran parte del pago se queda en las arcas del Estado, que luego lo utiliza a su antojo, y en muchísimas ocasiones los propios médicos se pasan meses para cobrar lo que en tiempo y forma abonan los Ministerios de Salud de cada nación contratante.

Pues bien, esta semana el Primer Ministro de Bahamas, Philip Davis, anunció que su gobierno pagará directamente a todos los trabajadores extranjeros, incluidos los de Cuba.

La medida obedece a una renegociación del acuerdo para contratar personal sanitario a través de las misiones médicas oficiales cubanas, a raíz de una petición expresa del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con quien se reunió en Washington.

El jefe de Estado recordó que antes de que su país se independizara de Gran Bretaña en 1973, muchos trabajadores de las Bahamas y las vecinas Islas Turcas y Caicos fueron contratados en Estados Unidos para trabajar como obreros bajo lo que se conocía como “El Contrato” o “El Proyecto”, incluidos familiares suyos, obligados a cobrar a su regreso a casa, donde no se les pagaba todo lo adeudado.

En este sentido, si bien el gobierno británico retuvo parte de los salarios bajo el acuerdo que envió a trabajadores bahameños a cubrir vacantes en Estados Unidos entre 1943 y 1965, una parte se guardó en un fondo de ahorros y otra se envió a sus familias en Bahamas, lo cual no ocurre con los trabajadores cubanos de la salud.

Actualmente, más de 100 cubanos trabajan en hospitales e instituciones de salud de Bahamas como el Princess Margaret y el Rand Memorial, y reciben beneficios adicionales como vivienda, transporte, seguros médicos, cursos de inglés y gastos administrativos, que encarecen el costo total de cada trabajador por encima del salario local promedio.

De acuerdo con un reporte de los diarios Miami Herald y The Tribune en base a un contrato que llegó a su poder, una empresa estatal cubana se estaba quedando con hasta el 92 por ciento del dinero que Bahamas pagó por los servicios de cuatro profesionales de la salud cubanos.

En la propia conferencia de prensa, Davis se negó a reconocer directamente la autenticidad del contrato filtrado, aunque dejó caer que es cierto, y rechazó una solicitud para publicar el pacto total de Bahamas con Cuba para servicios médicos.

 “Ya fueron publicados, así que ¿por qué querríamos seguir dándoles publicidad?”, se preguntó el mandatario en el Salón Diplomático del Aeropuerto Internacional Lynden Pindling. A buen entendedor, con pocas palabras basta.

Washington no llegó al punto de exigir la divulgación de estos convenios, pero para que exista transparencia total no vendría nada mal.

La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, ratificó la posición de su gobierno en contra de lo que denominó “trabajo forzado del régimen”, y dejó caer que los funcionarios extranjeros relacionados con dichos contratos estarían involucrados en acciones de explotación y estarían sujetos a restricciones de visa por parte de la administración Trump.

El Gobierno de Cuba asegura que los salarios percibidos por los más de 20 000 trabajadores sanitarios contratados en todo el mundo se utilizan para financiar el sistema de salud pública, pero el estado crítico de los hospitales del país y la escasez crónica de medicamentos demuestran lo contrario.

Como es de esperar, la administración de Miguel Díaz-Canel rechazó las críticas y sanciones de Estados Unidos, calificándolas de agresiones injustificadas que buscan dañar al pueblo cubano (el discurso de siempre), pero sin mostrar un documento oficial para demostrar que sus ciudadanos cobran lo que merecen, o que el dinero recaudado se empleó para mejorar la atención primaria en Cuba, por ejemplo.

La vieja justificación de que obtuvieron sus título universitarios de manera gratuita tampoco es válida, porque primero deben hacer el llamado Servicio Social, en el cual reciben un tercio de sus salarios, y el resto de su vida seguirán cobrando montos ridículos en comparación con lo que devengan sus pares en el resto del planeta, y que les son insuficientes para sobrevivir dignamente en la férrea crisis económica de su país, marcada por escasez y carestía de alimentos, transporte público inexistente y apagones la mayor parte de los días.

El modelo público universitario no es privativo de Cuba ni mucho menos, y en el resto de las naciones el recién graduado no está atado por el resto de su vida, sino que en el peor de los casos devuelve el monto de la beca que disfrutó, lo cual no pasaría en casi ningún caso de los dos años que en la isla se contabilizan como Servicio Social.

Lo más interesante es que Davis es solamente uno de los siete primeros ministros caribeños que se reunieron el martes con Rubio, de origen cubano, quien abordó el tema de las brigadas médicas, así que esta decisión puede tener réplicas en otras naciones del área, y quizás más allá.

La nueva modalidad puede marcar un antes y un después, pero habrá que estar alertas, porque funcionarios cubanos pueden presionar al personal de estas brigadas para que transfieran la mayor parte del dinero recibido en sus cuentas bancarias personales a fondos estatales, en específico a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC).

Las misiones médicas han sido denunciadas repetidamente por organismos de derechos humanos, que se refieren no solo a los cobros irrisorios, sino al hecho de que deben entregar sus pasaportes, acatar un recio programa disciplinario y de restricción de movilidad, y que son obligados a participar en actos políticos y monitoreados por agentes del régimen.

La lejanía de la familia es un peso adicional para esos especialistas que en muchos casos ni siquiera saben lo que se paga por ellos. Aquí se abren nuevas posibilidades, porque la dictadura pudiera “plantarse” y no mandar colaboradores en estas condiciones, o forzarlos a transferir lo que reciban directamente a una cuenta oficial, a modo de “impuesto”. Ya veremos.

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