Escasez obliga al gobierno cubano reorganizar su comercio

Personas aguardan en el exterior de un mercado donde se expenden alimentos en el municipio de Centro Habana. Residentes de la capital cubana opinan que los gobiernos de los 15 municipios de La Habana deben organizar mejor el acceso a recursos escasos y encontrar alternativas para evitar las largas filas. Foto: Jorge Luis Baños / IPS

Por Luis Brizuela (IPS)

HAVANA TIMES – Con la municipalización del comercio en la capital de Cuba las autoridades buscan viabilizar el acceso a alimentos y otros bienes, cuya escasez y elevados precios impacta fundamentalmente en familias de bajos recursos, además de generar inequidades y malestar social.

A la espera de que rindan fruto decenas de medidas dirigidas a estimular la producción agrícola, las autoridades intentan un mayor control sobre la distribución.

Las mermadas arcas de este país insular caribeño no están en condiciones de incurrir en gastos adicionales ante el aumento de los precios de las materias primas en el mercado mundial.

El gobierno de La Habana, con carácter provincial, informó que a partir de este jueves 21 solo se podrá comprar en las tiendas de las cadenas estatales Caribe y Cimex del municipio de residencia de los 15 que conforman la capital.

En algunas de las restantes 14 provincias cubanas se han establecido mecanismos similares para la venta cíclica y controlada de algunos alimentos por núcleos familiares, medida demandada por parte de la ciudadanía.

La jubilada Paula Griñán, vecina del céntrico barrio de Vedado, dijo a IPS que la decisión le parece adecuada, pues “es de la única forma que espero comprar algo”.

En ello coincidió Esther Cuesta, una profesora de primaria residente en el municipio de Centro Habana, quien apuntó al conversar con IPS que “los revendedores hacen imposible adquirir cualquier producto, muchas veces en complicidad con quienes laboran en esos establecimientos”.

Otros habaneros consultados por IPS opinaron que los gobiernos de los 15 municipios capitalinos deben organizar mejor el acceso a recursos escasos y encontrar alternativas en territorios y zonas con menos tiendas que los populosos Centro Habana o el Vedado.

De hecho, las autoridades prevén regular las ventas mediante el escaneo del documento de identidad personal y la anotación en la cartilla de racionamiento.

Dicho documento garantiza a cada cubano, sin distinción de ingresos, una cuota mensual de algunos productos que aunque solo cubren una pequeña parte de todas las necesidades alimentarias, resultan un alivio sobre todo para hogares de bajos ingresos y grupos vulnerables. Algo es algo.

Vale decir que en los comercios donde se aplicarán las medidas se venden en pesos cubanos y de forma racionada, alimentos y productos catalogados “de primera necesidad y de alto impacto” como aceite comestible, carne de pollo, picadillo (carne molida), jabones, detergente, pasta dental, desodorantes y cigarrillos, entre otros.

Los productos agrícolas se adquieren libremente en los llamados agromercados, aunque no faltan quejas de los consumidores que consideran “abusivos” sus precios.  En estos establecimientos, el único producto de venta controlada es la papa, cuya siembra y distribución es estatal.

En otra red de tiendas existe una mayor variedad de alimentos y productos, pero solo pueden comprarse mediante tarjetas y precios en USD con respaldo en divisas convertibles depositadas en el sistema bancario, un mecanismo al que tiene acceso una parte de la población con familiares y amigos en el exterior.

La polémica medida vigente desde 2019 ha sido cuestionada por la ciudadanía y expertos al considerar que genera una segmentación del mercado y desigualdades en el acceso al consumo.

El gobierno ha defendido que se trata de un mecanismo para recaudar divisas y financiar las compras de las tiendas en pesos cubanos.

Limitar las compras a los municipios de residencia fue una medida vigente durante varios meses de 2020 y 2021, durante los peores momentos de la pandemia de covid-19, con el objetivo de limitar el desplazamiento de personas en esta urbe de 2,2 millones de personas, de los 11,2 millones de habitantes del país.

Ahora, subrayó el gobierno de La Habana, responde a “la disponibilidad de productos y con el objetivo de hacer más viable la venta, lograr mayor equidad y por consiguiente disminuir la aglomeración de personas en los establecimientos”.

A través de sus redes sociales, el economista cubano Pedro Monreal opinó que la medida es una expresión de “inflación reprimida (contener precios sin resolver tendencias inflacionistas subyacentes) y manifiesta un enfoque igualitario, no de mayor equidad, como se ha dicho”.

Un vendedor atiende a una clienta en el interior de un mercado autónomo de productos agropecuarios del municipio de Centro Habana. Estudios anteriores al reordenamiento del sector agroalimentario indicaban que los hogares cubanos dedicaban hasta más de 80 % de sus ingresos a la compra de alimentos. Foto: Jorge Luis Baños / IPS

El peso de la inflación

La crisis estructural de la economía cubana que data de hace tres décadas se ha visto agudizada por el impacto de la covid en las principales fuentes de financiamiento como el turismo, la venta de servicios profesionales y la recepción de remesas.

Asimismo, el alcance extraterritorial del fortalecido embargo estadounidense contra la isla adiciona obstáculos a la compra de productos, encarece los fletes o veda el acceso de la isla a préstamos de organismos internacionales, situación denunciada reiteradamente por las autoridades.

A este contexto se añade el peso de la inflación derivada de las reformas económicas, proceso iniciado en enero de 2021, que incluyó la eliminación de subsidios, devaluación del peso cubano, así como un incremento en los precios de bienes y servicios, aunque se mantuvo una dolarización parcial.

Al cierre de 2021, cifras oficiales estimaron su crecimiento en alrededor de 77 %, pero las estadísticas solo tomaron en cuenta indicadores en el mercado formal.

Otros economistas y entidades especializadas calculan la inflación en dígitos superiores a 500 %.

“La inflación se comió el valor real de los ahorros en pesos y anuló el incremento nominal de salarios y pensiones que se instrumentó el año pasado”, apuntó a IPS desde la ciudad de Cali, en Colombia, el economista e investigador cubano Pavel Vidal, quien se desempeña como profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de ese país.

Con el ordenamiento, el salario mínimo escaló a 87 dólares equivalentes (en pesos al cambio oficial de 24 X 1, y el máximo a casi 400. En el caso de las pensiones, la más baja corresponde al equivalente de 63 dólares al cambio oficial.

Se mantuvo la tasa oficial de 24 pesos por dólar, pero ante la imposibilidad de comprarlos en el Banco Central la ciudanía recurre al mercado informal donde la cotización oscila en estos momentos va de 110 a 115 pesos por dólar, en dependencia de la región del país.

El gobierno ha reconocido que el coste de la canasta de bienes y servicios de referencia representó el año pasado el doble de los 60 dólares previstos inicialmente para gastos mensuales.

“Las familias con acceso a remesas, divisas o con capacidad para invertir en negocios privados que se benefician del aumento de precios pueden encontrar formas de protegerse de los costos de la inflación, aunque sea parcialmente”, señaló Vidal.

Pero “la mayoría de la población con salarios y pensiones fijas en pesos no tiene escape ante la realidad de ver cómo cada mes el poder adquisitivo de sus ingresos se deteriora un poco más”, contrastó el experto.

Estudios anteriores a las reformas alertaban que hasta más de 80 % de los ingresos en los hogares cubanos se dedicaban a la compra de alimentos, una buena parte de ellos en comercios privados donde los precios son mucho mayores.

El conductor de un triciclo, que funciona como bicitaxi y está adornado con banderas cubanas, conversa con un cliente en el exterior de una casa en venta en un barrio de La Habana. A la espera de que rindan fruto decenas de medidas dirigidas a estimular la producción agrícola, las autoridades intentan un mayor control en la distribución de alimentos. Foto: Jorge Luis Baños/IPS

Agricultura sin despegar aún

Aprobadas en abril de 2021 por el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel, un grupo de medidas para estimular la producción agropecuaria siguen sin rendir resultados significativos en un país que necesita importar alrededor de 70 % de sus alimentos.

En el informe de balance del sector presentado en marzo, el ministro de la Agricultura, Ydael Pérez, reconoció que 2021 fue uno de los peores de la última década, en lo referido a la producción de bienes y servicios agropecuarios, con el incumplimiento de planes estatales en 32 de 37 producciones.

En enero registraron pérdidas 457 empresas estatales, de las cuales 93 % se concentran en la agricultura, la industria azucarera, la industria alimentaria, la construcción, el transporte y las empresas de subordinación local, según estadísticas oficiales.

Economistas insisten en la necesidad de cambios estructurales en el modelo centralizado de planificación y dirección de la economía, con el objetivo de aumentar la producción de alimentos y bienes, así como quitar más ataduras a la gestión empresarial y canalizar mayores inversiones hacia las actividades industrial y agropecuaria. 

Asimismo, han exhortado a eliminar el monopolio estatal sobre los mercados mayorista y minorista, y que se autorice el funcionamiento de empresas comercializadoras, privadas y cooperativas, así como de cadenas foráneas que favorezcan una mayor disponibilidad de alimentos y otros insumos, incluso de mejor calidad.

Pero el que tiene un monopolio le cuesta entregarla o tener que competir. Así está la economía formal en manos del gobierno y los militares.

A juicio de Vidal, en Cuba es “tan importante continuar con las reformas estructurales pendientes como poner en marcha un plan de estabilización macroeconómica”.

Argumentó que “mientras más tiempo esté presente la inestabilidad monetaria más difícil y costosa será la desinflación y mayores daños hará a la economía”.

Otros analistas han observado que un persistente estancamiento económico contribuiría a un mayor deterioro de las condiciones de vida de parte de la población, así como al incremento de la emigración y la conflictividad social.

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