Entidades de derechos humanos celebran el juicio a Duterte
Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu deben tomar nota
HAVANA TIMES – El Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), celebraban este viernes 14 el arresto y comparecencia ante la Corte Penal Internacional (CPI) del expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte.
Duterte, de 79 años y quien gobernó su país con mano dura entre 2016 y 2022, está acusado de una serie de asesinatos que constituyen crímenes de lesa humanidad durante campañas contra las drogas ilegales entre 2011 y 2019, cuando fue alcalde de la sureña ciudad de Dávao, la tercera mayor del país, y luego jefe de Estado.
El expresidente compareció ante la CPI en La Haya mediante una videoconferencia, desde el centro de detención de la corte donde se encuentra recluido desde que llegó a esa ciudad neerlandesa procedente de Manila, donde fue detenido atendiendo una orden de la CPI apenas regresó al país tras un viaje a Hong Kong.
La jueza rumana Iulia Antoanella Motoc, presidenta de la CPI, dijo que a Duterte se le permitió comparecer por videoconferencia porque llegaba de un largo vuelo, y fijó la audiencia preliminar para el 23 de septiembre, cuando se determinará si las pruebas de la fiscalía son lo suficientemente sólidas como para justificar el juicio.
El juicio propiamente dicho podría durar años y, en caso de resultar culpable, Duterte puede ser condenado hasta a cadena perpetua.
Duterte es acusado de propiciar, organizar, armar, encubrir y procurar la impunidad de «escuadrones de la muerte», surgidos de la policía filipina que, en la ciudad de Dávao cuando fue alcalde, y en todo el archipiélago cuando fue presidente, asesinaron a miles de personas bajo el manto de una «guerra contra las drogas».
Según estadísticas policiales, unos 6000 individuos perdieron la vida durante esa lucha contra el crimen y la droga, pero organizaciones de derechos humanos sostienen que hasta 30 000 personas perdieron la vida en las operaciones conducidas sin respeto a normas legales y de derechos humanos.
Filipinas, un país de más de 7000 islas y 115 millones de habitantes, y cuyo presidente Ferdinand Marcos hijo es rival político de Duterte -pero Sara Duterte, hija del expresidente, es la vicepresidenta- se retiró de la CPI en 2019.
Sin embargo, el máximo tribunal de la ONU adelanta el proceso alegando que los crímenes que estudia en el caso se cometieron antes de ese retiro.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, celebró que Duterte comparezca ante la CPI como «un paso muy importante para buscar la rendición de cuentas de los miles de víctimas de asesinatos y otros abusos, así como para sus familias, que valientemente han buscado la justicia».
«Los cargos extremadamente graves contra él serán abordados ahora de manera justa e independiente, en total conformidad con la ley», añadió Türk, y elogió al gobierno filipino por su cooperación en la ejecución de la orden internacional de arresto.
Un informe de Acnudh en 2020 concluyó que había denuncias creíbles de ejecuciones extrajudiciales generalizadas y sistemáticas en el contexto de la campaña contra las drogas ilegales, y que había casi impunidad por tales violaciones.
«Nuestros marcos e instituciones jurídicos internacionales, incluida la CPI, son fundamentales para garantizar la justicia y lograr la rendición de cuentas por los crímenes más graves, prevenir futuras violaciones y hacer del mundo un lugar más seguro para todos», abundó Türk.
Bryony Lau, subdirectora para Asia en la organización Human Rights Watch, dijo que «la comparecencia de Duterte ante la CPI es un testimonio de la valentía y la determinación de las víctimas, sus familias y los activistas y periodistas filipinos, para buscar justicia sin importar el tiempo que lleve».
«Otros líderes que enfrentan órdenes de arresto de la CPI, como (el presidente ruso) Vladimir Putin y (el primer ministro israelí) Benjamin Netanyahu, deberían tener en cuenta que incluso quienes hoy parecen intocables pueden terminar en La Haya», añadió Lau.
Andrew Stroehlein, director de medios para Europa en HRW, comentó que «la escala de los asesinatos fue asombrosa. Más de 6000 filipinos murieron en la llamada \»guerra contra las drogas\». Grupos de derechos humanos de Filipinas afirman que la cifra supera los 30 000″.
«Agentes de la policía allanaban domicilios por la noche sin orden judicial. Detenían a sospechosos y luego los ejecutaban. Con frecuencia plantaban pruebas para justificar sus asesinatos. La mayoría de las víctimas eran personas empobrecidas de zonas urbanas. Entre los asesinados había muchos niños y niñas», dijo Stroehlein.
La comparecencia de Duterte ante la CPI «es una escena que las familias de las miles de víctimas de la ‘guerra contra las drogas’ en Filipinas temían no llegar a ver», dijo la investigadora de Amnistía Internacional para el sudeste asiático, Rachel Chhoa-Howard.
«Hoy se demuestra que a los acusados de cometer los peores delitos puede llegarles el día de comparecer ante un tribunal, independientemente del cargo que ostenten», destacó Chhoa-Howard.
También observó que «la misma institución de la que el expresidente Duterte hizo burlas (CPI) lo juzgará ahora por asesinato como crimen contra la humanidad. Estamos ante un momento simbólico y un día de esperanza para las familias de las víctimas y los defensores y defensoras de los derechos humanos».
Presente en La Haya, la hija de Duterte y vicepresidenta filipina Sara Duterte se reunió con simpatizantes a las afueras del tribunal antes de la audiencia, y luego visitó a su padre en el centro de detención.
Su abogado, Salvador Medialdea, declaró que la detención de Duterte se trata de «un puro y simple secuestro», y afirmó que al expresidente «se le negó todo acceso a los recursos legales en su país de ciudadanía. Todo esto es un ajuste de cuentas político».