Eliminando los subsidios en Cuba

HAVANA TIMES, 5 de Septiembre (IPS) – En los últimos 50 años, la economía cubana se ha caracterizado por un elevado número de gratuidades y subsidios, que acompañan los salarios nominales, relativamente bajos. Hasta finales de la década de los ochenta, era posible obtener un grupo de productos a precios “cómodos” en el mercado paralelo.  Además, la mayoría de los espectáculos deportivos y culturales se brindaba de manera gratuita.

Durante mucho tiempo, esto no resultó un problema gracias al nivel de oferta de bienes y servicios existente en el país, como resultado, en buena parte, de las ventajosas relaciones comerciales que sostenía la isla con los antiguos países socialistas de Europa del Este, fundamentalmente con la desaparecida Unión Soviética.

Eran momentos también en los que se podían obtener todos o casi todos los bienes y servicios en pesos cubanos y en los que, además, la fuente fundamental de ingresos era el salario y, por ello, prácticamente toda la población en edad laboral estaba empleada en el sector estatal.

Con la crisis económica que sobrevino tras la caída del campo socialista, el país perdió su principal socio comercial y, con ello, los ingresos que obtenía por la exportación de azúcar a ese destino. Consecuentemente, cayó de forma considerable el nivel de oferta de la economía, tanto por la contracción de la producción nacional, dada su dependencia de insumos importados, como por la lógica reducción de las importaciones a causa de la carencia de ingresos externos.

Durante esos difíciles años, los trabajadores continuaron percibiendo sus salarios, aunque los niveles de actividad económica se contrajeron drásticamente. El hecho de que se pudiesen adquirir cada vez menos bienes y servicios con los salarios por la mencionada disminución de la oferta, indujo un proceso de inflación en la economía cubana.

En este contexto, el Estado, como parte de la reforma emprendida, llevó a cabo un proceso de saneamiento de las finanzas internas dirigido a recaudar el exceso de dinero circulante en el país. Se decidió eliminar un grupo de gratuidades e ir desmontando, de manera, paulatina, el nivel de subsidios existente.

En la década de los noventa, el salario de los trabajadores perdió considerablemente su poder de compra, situación que aún en nuestros días constituye un problema por resolver. Este hecho, unido a la diversificación de fuentes de ingreso de la población, tanto lícitas (vinculadas al trabajo por cuenta propia y las remesas familiares, entre otras) como ilícitas, ha devenido una pérdida de interés en una parte de la población por emplearse en el sector formal de la economía.

En diciembre pasado, el entonces ministro de Economía y Planificación, José Luis Rodríguez, expresó  que en el país existían “189.000 personas que se encuentran en edad laboral que no estudian ni trabajan y, sin embargo, disfrutan de todos los beneficios parasitariamente, fenómeno que habrá que enfrentar resueltamente empleando los métodos adecuados para eliminar esa forma, hasta hoy impune, de explotación de los que trabajan o se preparan para hacerlo por los que en nada contribuyen a la sociedad.”

Durante 2005, las autoridades dieron pasos encaminados a la eliminación de algunos de los subsidios existentes. Así, se incrementaron los precios de bienes como el café normado y el servicio de provisión de electricidad a los hogares.

Este tipo de medidas, por lo general, al ser aplicada a todos, impacta más a las personas que perciben más bajos ingresos. A la par, se realizaron discretos aumentos salariales que no compensaron completamente el alza de precios.

Esto anula en parte el efecto de la medida, pues a pesar de que se elevaron los salarios nominales, el poder de compra se redujo.

En los últimos años, uno de los temas a los cuales se les ha dedicado mayor atención en la agenda de trabajo del país es, precisamente, el hecho de que los trabajadores no pueden cubrir todas sus necesidades a partir de los salarios que devengan. ¿Cómo entonces eliminar el nivel de subsidio a productos y servicios existente y encarecer más la vida al trabajador?

Esta es una disyuntiva que hay que resolver, pues lo cierto es que existe una parte de la población que, o bien cuenta con ingresos mayores no provenientes precisamente del trabajo, o vive sin trabajar y no aporta nada a la sociedad, sin embargo disfruta de similares beneficios que el pueblo trabajador, lo cual es completamente injusto.

Como es lógico, no se podrán eliminar todos los subsidios de manera abrupta, por lo cual será necesario ir buscando soluciones paulatinamente a cada uno de los existentes.  La primera medida por la que pudiera optarse sería disminuir los subsidios, aumentando los ingresos nominales de las personas trabajadoras, jubiladas o los sectores protegidos de la población, en la misma magnitud.

Aunque eliminar el subsidio de los productos y transmitir esta cuantía al salario u otras formas de ingreso podría parecer en apariencia prácticamente lo mismo, en la práctica no lo es.

Uno de los subsidios de mayor cobertura, cuya aplicación data de inicios de la revolución, es el de los productos alimenticios normados.  Por esta vía, la población de la isla adquiere, a un precio bien módico, un grupo de bienes que cubren un por ciento determinado de las recomendaciones nutricionales diarias. No obstante, en la actualidad, para complementar sus necesidades alimentarias, la población tiene que acudir a otros espacios de mercado, donde prevalecen altos precios.

Según estudios de varios especialistas, las familias cubanas destinan entre 60 y 70 por ciento del gasto familiar a la alimentación.  Eliminar de manera abrupta el subsidio a los alimentos agravaría aún más esta situación. Sin embargo, se pudiera proseguir, como se ha expresado con anterioridad, eliminando de forma paulatina el beneficio a determinados productos e incrementando la capacidad de compra de la población.

A continuación se ejemplifica, gráficamente, cómo pudiera procederse. Para este esbozo, primero se toman como referencia algunos productos seleccionados y se estima la magnitud del subsidio que el Estado aplica para cada uno de ellos y, por tanto, el monto total del subsidio por persona.

Teniendo en cuenta que algunos alimentos como las compotas, la leche o el Lactosoy son distribuidos a determinados grupos etáreos de la población, no se van a tener en cuenta en este análisis. Tampoco se considerarán productos cárnicos que no son distribuidos de manera estable o periódica, aquellos cuya distribución está en función de la composición del núcleo, o los que se reciben por dietas médicas.  No obstante, para la puesta en práctica de esta propuesta, se deben tomar en consideración otros productos a fin de extender la eliminación del subsidio.

En la tabla se muestran, por columnas de izquierda a derecha, los productos seleccionados, las cantidades que de los mismos se distribuyen por el sistema de racionamiento, el precio por unidad y el costo total con subsidio (es la multiplicación de la cantidad recibida por el precio de cada unidad) a los precios subsidiados, el costo por unidad en mercados no racionados (el agropecuario para el arroz y los frijoles, el informal para el aceite y el estatal liberado para el huevo), y el costo total sin subsidio, que muestra cuánto costaría una cantidad similar si se adquiriera a los precios de los mercados liberados y, por último, el monto aproximado del subsidio con que gozan estos productos.

Tabla (1) Valores Estimados de Costos de los Productos Seleccionados y del Subsidio de estos (En Pesos)

Producto	UM	Cantidad	Precio unidad	Costo total con subsidio	Costo por unidad en mercados no racionados	Costo total sin subsidio	Subsidio
Arroz	libra	5	0.25	1.25	4.00	20.00	18.75
Arroz Adicional	libra	2	0.90	1.80	4.00	8.00	6.20
Frijoles	onza	20	0.02	0.40	0.50	10.00	9.60
Frijoles adicionales	onza	10	0.02	0.80	0.50	5.00	4.20
Aceite	libra	0.5	0.40	0.20	20.00	10.00	9.80
Azucar	libra	5	0.15	0.75	2.00	10.00	9.25
Huevo	unidad	5	0.15	0.75	1.50	7.50	6.75
Huevos adicionales	unidad	5	0.90	4.50	1.50	7.50	3.00

Tabla 1

VALORES ESTIMADOS DE COSTOS DE LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS Y

DEL SUBSIDIO DE ESTOS (en pesos)

Fuente: Elaboración propia.

2 Se toma como referencia un precio promedio de ocho pesos, teniendo en cuenta que el precio varía de acuerdo con el tipo de grano.

Según esta tabla, el Estado subsidia, solamente en estos productos, 67,55 pesos por persona. Si se eliminaran estos subsidios y se suministraran por la misma libreta de abastecimiento estos productos a los precios tomados como referencia, cada persona tendría que pagar 67,55 pesos más por la denominada cuota.

Tomando en consideración los elementos mencionados anteriormente relacionados con el deteriorado poder adquisitivo del salario en los momentos actuales, para aplicar esta medida sin afectar los salarios reales, habría que buscar la forma de incrementar en 67,55 pesos los ingresos de cada trabajador, jubilado o persona perteneciente a alguno de los sectores vulnerables (niños y adolescentes vinculados al estudio y discapacitados, entre otros). Si se incrementaran en esta magnitud los ingresos de estas personas, no deben producirse desequilibrios macroeconómicos porque es una transferencia del subsidio al salario.

Para aplicar esta medida sería necesario incrementar todos los salarios, pensiones y jubilaciones en 67,55 pesos. Asimismo, el Estado debería pagar mediante chequera, bonos o cualquier otro sistema a los padres o tutores legales de todos los menores de 17 años (niños y jóvenes que no están en edad laboral) la misma cuantía.

En el caso de los mayores de 17 años que no trabajan, pero estudian en la enseñanza preuniversitaria o politécnica se les podría extender esta bonificación hasta tanto culminen el último año académico en el que se encuentra incluido el período vacacional.

Una vez concluida esta etapa, los jóvenes mayores de 17 años pueden hacer tres cosas: incorporarse al servicio militar, con lo cual también se debe incrementar en 67,55 pesos el pago que se realiza a estos jóvenes; comenzar a trabajar, con lo cual el incremento está en el salario que devenguen, o simplemente permanecer desvinculados del estudio o el trabajo.  En este último caso, no debe ser una preocupación para el Estado que quienes han tomado esta decisión tengan que pagar mayores precios por los productos normados.

Otro grupo de personas que podrían verse perjudicadas por esta medida son aquellas que presentan discapacidades físicas o mentales que le imposibilitan vincularse al trabajo. Actualmente, gracias a la labor realizada en los últimos años por los trabajadores sociales, prácticamente la totalidad de estas personas son beneficiarias de la asistencia social, con lo cual sus pensiones se incrementarán automáticamente como mismo ocurre con el salario o las jubilaciones.

No obstante, se deberá crear algún mecanismo que permita, mediante los mismos trabajadores sociales, identificar si existen personas necesitadas que no estén actualmente protegidas por el sistema de asistencia social, y que puedan recibir la ayuda correspondiente para compensar los incrementos de precios.

Una medida como la que aquí se plantea, lógicamente, requerirá un estudio previo para identificar cada grupo de personas y las medidas necesarias de compensación a aplicar.

Esta propuesta lograría: en primer lugar, eliminar el subsidio a un grupo de productos con lo cual el Estado dejaría de beneficiar a aquellas personas que no trabajan; en segundo, se reforzaría el papel del salario como sustento, el papel socialista del Estado a partir de ser una acción que tiende a hacer valer el principio de distribución con arreglo al trabajo y se reduciría el papel paternalista de este; y en tercero, pudiera ocurrir una reducción de la demanda de los productos a partir de que las personas solo comprarían lo que realmente van a consumir, lo que implicaría disminución de la necesidad de abastecimiento en las bodegas y, por ende, en algunos casos una reducción de las importaciones que hoy hace el país para cumplir este compromiso.

Para que se tenga una idea del impacto en términos económicos que una medida como esta significaría en cuanto a recaudación, basta algunos cálculos sencillos. Según el Panorama Económico de la Oficina Nacional de Estadísticas de 2008, en Cuba existen trabajando vinculados al sector estatal 3.950.300 personas, mientras que la población económicamente activa es de 5.027.800. Esto hace que 1.077.500 personas no trabajen o estén vinculadas a actividades económicas no estatales. En este caso se encuentran los cuentapropistas, trabajadores cooperativos y otros.

Este segmento no recibiría el incremento del pago estatal por no estar vinculado a este sector. Por tal motivo, suponiendo que cada uno de ellos adquiera los productos arriba relacionados pagando 67,55 pesos más, el Estado recaudaría 72.785.125 pesos mensuales más, 873.421.500 pesos al año, lo cual equivale a 1,8 por ciento del presupuesto de 2009 y es casi la cuarta parte del déficit previsto para el año.

Para eliminar paulatinamente otros subsidios vigentes, necesariamente se requiere un incremento de los ingresos reales de la población trabajadora, pensionada, o jubilada. Es harto conocido que es imposible aumentar los salarios nominales sin un incremento efectivo de la producción de bienes y servicios.

Y es aquí donde la situación se vuelve un círculo vicioso: se requiere elevar la producción para aumentar los salarios, pero, a la vez, existen múltiples factores que atentan contra el crecimiento de los niveles productivos, entre los que pueden señalarse el atraso tecnológico en algunas ramas, la carencia de insumos necesarios para llevar a cabo determinadas actividades, el hecho de que el salario que se percibe en ocasiones no representa un estímulo a ser más productivos, entre otras.

El problema entonces se erige en cómo romper este círculo vicioso.

Ello permitiría aumentar poco a poco los ingresos de la población y, a la vez, ir eliminando los subsidios existentes impidiendo que aquellos que nada aportan gocen de iguales beneficios que la población que crea la riqueza del país.