El repliegue de la sociedad civil cubana en 2022
El peso de la represión
Las penurias económicas fueron el caldo de cultivo especial para que 2022 fuese un año con récord histórico de migración para Cuba.
HAVANA TIMES – El año 2022 terminó por consolidar lo que muchos han catalogado como período de repliegue de la sociedad civil cubana, luego de dos años intensos de activismo social y protestas públicas que tuvieron su punto más significativo el 11J.
La represión estatal contra quienes disienten de las políticas del Partido Comunista fue abundante en 2022. La represión contribuyó a desarticular los movimientos sociales y opositores que habían sido protagonistas durante 2020 y 2021.
El año que termina también se puede definir como el de mayores penurias dentro de la crisis generalizada que vive Cuba. Las carencias fueron decisivas para que la protesta popular se mantuviera en el tiempo y se convirtiera en un mecanismo común para exigir mejoras y reivindicar derechos.
Las protestas populares fueron tan comunes en 2022 que el presidente cubano no pudo dejar de reconocerlas, no sin mostrar desprecio por los manifestantes. Las protestas también avivaron la decisión de los aparatos de seguridad de sofocarlas mediante la mejor forma que conocen: la represión; la cual se desplegó con igual fuerza e impunidad a la vivida en julio de 2021.
Asimismo, la conducta represiva del Estado cubano y las penurias económicas fueron el caldo de cultivo especial para que 2022 fuese un año con récord histórico de migración para Cuba.
¿Cuáles fueron los principales hitos de 2022 para la sociedad civil cubana y la lucha por los derechos humanos en el país?
El año comenzó con el destierro de dos activistas cubanos miembros del Movimiento San Isidro. Uno de ellos, Esteban Rodríguez, había pasado ocho meses en prisión luego de protagonizar junto a otra decena de activistas una manifestación en la calle Obispo, La Habana, en abril de 2021. Rodríguez y Héctor Luis Valdés Cocho, periodista de ADN Cuba, fueron obligados a salir del país como condición para garantizar la excarcelación de Esteban.
El itinerario que tomaron tenía como destino final Nicaragua, pero mientras esperaban un vuelo de conexión en El Salvador, los funcionarios del aeropuerto les informaron que tenían prohibida la entrada al país dirigido por Daniel Ortega, uno de los principales aliados de Cuba. La prohibición de entrada de Héctor Luis y Esteban se convirtió en una conducta frecuente durante el resto del año.
La madre (Dayamí Valdés) y la pareja (Raúl Soublett, activista por los derechos LGBTIQ+) de Valdés Cocho fueron víctimas, meses después, de igual proceder cuando optaron por el exilio. La conducta del régimen nicaragüense demostró la existencia de estrechos vínculos de cooperación entre los autoritarismos de la región para exportar la represión.
Ante la negativa de entrada a Nicaragua, Héctor y Esteban quedaron varados en El Salvador hasta que las autoridades del país decidieron comenzar la tramitación de su caso de asilo. La expulsión de Héctor y Esteban rememoraba el destierro previo de Hamlet Lavastida y Katherine Bisquet, que ocurriera cuatro meses antes. Sin embargo, el destierro de Rodríguez y de Valdés fue negado por el representante del Gobierno cubano en Ginebra, quien afirmó en su cuenta de Twitter que Cuba no expulsaba a sus ciudadanos y que en el país no se perseguía a defensores de derechos humanos.
Junto con Esteban fueron excarcelados otros dos manifestantes de la calle Obispo que aún permanecían en prisión en enero de 2022. Unas semanas después, quienes durante meses estuvieron injustamente presos por participar en la protesta fueron multados. Varios tomaron el camino de la emigración.
El exilio y el destierro
El exilio de activistas y opositores que tuvieron protagonismo en los últimos dos años fue una constante en 2022. Carolina Barrero, Camila Rodríguez, Iliana Hernández y Daniela Rojo están entre quienes optaron por el exilio como mecanismo para continuar su activismo contra el régimen cubano o para disfrutar de seguridad.
El exilio, si bien garantiza la seguridad de los activistas y es una decisión que nadie debería juzgar, es también una solución válida para el poder, pues disminuye así las capacidades de articulación de la sociedad civil sin tener que recurrir a instrumentos políticos más costosos, como la prisión. En 2022 el régimen cubano demostró, además, que una vez exiliados sus ciudadanos puede negarles la entrada al país. La prohibición de entrada es una sanción de destierro, incompatible con las normas internacionales de derechos humanos.
En 2022 se repitió el destierro que habían vivido muchos cubanos con anterioridad. A Anamely Ramos, activista cubana que conservaba su residencia legal en el archipiélago, el Gobierno de Díaz-Canel le negó la entrada a territorio nacional. Autoridades de aerolíneas estadounidenses le impidieron en dos oportunidades abordar los vuelos que, en teoría, debían trasladarla a La Habana.
Igual ocurrió semanas después con Omara Ruiz Urquiola, quien también se había trasladado a Estados Unidos. El Gobierno cubano le prohibió regresar. Tanto Anamely como Omara se habían convertido en voces importantes dentro de la sociedad civil y el activismo cubano opuesto a la gobernanza del Partido Comunista.
En noviembre de 2022 el régimen de La Habana impidió el regreso del periodista, escritor y director de la revista independiente El Estornudo Carlos Manuel Álvarez. Demostraba así que la intención era mantener a personas con potencial influencia y capacidad de liderazgo fuera de las calles cubanas.
Ernesto Soberón, director de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, reconoció en un programa con el activista Carlos Lazo y el profesor radicado en Estados Unidos Arturo López-Levy que existían ciudadanos cubanos que tenían prohibida la entrada al país, «pero eran muy pocos», aseguró. Adujo, además, cuestiones de seguridad nacional como justificación de las decisiones.
Pero el exilio no ha sido la única forma que han utilizado los aparatos represivos cubanos para desarticular la sociedad civil y la oposición política. La cárcel contra quienes no han aceptado el exilio como solución o contra quienes el Gobierno entiende como riesgo mayor o simplemente un costo asumible, también fue constante en 2022.
El castigo del disenso
Durante el año continuaron en prisión centenares de presos políticos que protestaron el 11 de julio. Algunos terminaron de ser juzgados en el transcurso de los doce meses.
En 2022 también se hizo firme la sanción definitiva de cubanos que se manifestaron de manera pacífica contra la represión desplegada por el Estado fuera del marco de las protestas del 11J. En marzo le fue notificada a Luis Robles la sentencia definitiva en su contra. Cinco años tras las rejas por portar un cartel en el bulevar San Rafael que pedía no más represión y la libertad de Denis Solís. Precisamente en San Rafael, pero en abril, fue detenido Carlos Ernesto Díaz (conocido como Ktivo Disidente) por subirse en un muro y arengar a los transeúntes. Ktivo fue sancionado en noviembre a pasar dos años y medio en la cárcel.
La confirmación de las sentencias de Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez también ocurrieron en 2022. Fueron sancionados a siete y diez años de prisión, respectivamente. Se confirmaba así la decisión de reclusión por tiempo indeterminado de las caras más visibles del Movimiento San Isidro. Otero Alcántara y Castillo Pérez habían protagonizado un acuartelamiento histórico, cuyo desalojo motivó la manifestación del 27 de noviembre de 2021 frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana.
La prisión de Maykel y Luis Manuel se une a la de otro grupo de opositores políticos históricos que fueron sacados de circulación utilizando el 11J como pretexto. Los casos más emblemáticos son los de José Daniel Ferrer y Félix Navarro, prisioneros de la Primavera Negra y quienes fueron encarcelados en julio de 2021. Félix Navarro fue sentenciado en marzo de 2022 junto a su hija y Dama de Blanco, Sayli Navarro, a nueve y ocho años de privación de libertad respectivamente.
La familia de José Daniel Ferrer ha denunciado que lo mantienen confinado en solitario e incomunicado. En los últimos días, han declarado que se encuentra en huelga de hambre.
Durante 2022 se mantuvo la prisión política que sufren opositores menos visibles como Yandier García Labrada, del Movimiento Cristiano Liberación, y las Damas de Blanco, Sisi Abascal y Aimara Nieto. Aimara es madre de dos niñas y desde 2018 cumplía una sanción de cuatro años de privación de libertad, pero en febrero de 2022 fue sentenciada a pasar otros cinco años y cuatro meses por presuntamente haber cometido un delito de desórdenes en establecimientos penitenciarios.
También fue sentenciado el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, líder de la plataforma Delibera. En julio, las autoridades cubanas lo condenaron a seis años de privación de libertad.
El caso de Lázaro Yuri es significativo, en tanto demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado cubano para callar las voces disidentes. La prisión que vive Lázaro Yuri, o el exilio, fueron las opciones que ofrecieron los cuerpos represivos a otros periodistas independientes durante 2022.
Casi todos los medios independientes del país fueron afectados por la nueva oleada contra los comunicadores no oficiales. Periodistas como Yadiris Luis Fuentes, Abraham Jiménez Enoa y Yoe Suárez terminaron por abandonar el país en 2022.
Otros como Cynthia de la Cantera, colaboradora de YucaByte, terminaron renunciando públicamente al ejercicio del periodismo, no sin antes dejar claro que las razones de su renuncia respondían a presiones de la Seguridad del Estado.
elTOQUE también fue afectado por la oleada represiva. Más de una docena de sus colaboradores en Cuba fueron obligados a renunciar a su trabajo. Varios fueron expuestos en televisión nacional en un reportaje nefasto que demuestra los mecanismos empleados por la Seguridad del Estado para quebrar a quienes considera enemigos. A pesar de la exposición, cuando muchos de los colaboradores renunciaron, señalaron las causas reales que los llevaron a declinar la profesión para la cual se formaron en las universidades controladas por el poder que los desprecia. No dejaron de señalar quién era el agresor y quién veía a los profesionales jóvenes como un peligro.
Código penal y código de las familias. Las nuevas leyes
Una de las principales amenazas utilizadas contra los colaboradores de elTOQUE fue la inminente entrada en vigor del nuevo Código Penal, aprobado en mayo de 2022. La entrada en vigor de la norma jurídica constituye otro de los hitos del año para la sociedad civil y la lucha por los derechos de las personas; en tanto introduce nuevas y severas limitaciones al ejercicio de derechos humanos como la libertad de expresión, de manifestación y reunión pacífica
El Código Penal entró en vigor el primero de diciembre de 2022 y ha sido considerado por varios especialistas como una norma jurídica diseñada para legitimar acciones que el poder desarrolló contrariando su ley o los principios más básicos del respeto a los derechos humanos.
Una de las principales regulaciones que introduce la nueva ley es la sanción hasta con diez años de cárcel para quienes realicen actos «contrarios al orden constitucional» y medie financiamiento de organizaciones extranjeras o personas naturales. Una disposición que pudiera utilizarse para sancionar tanto a quienes hacen periodismo independiente en Cuba como a quienes están vinculados con organizaciones no gubernamentales que reciben fondos diferentes a los autorizados o filtrados por el Partido Comunista.
No fue el Código Penal la única ley polémica que entró en vigor en 2022. La aprobación en un referendo del Código de las Familias también estuvo matizada por un enconado debate entre diferentes actores de la sociedad civil.
El Código de las Familias fue defendido por el sector de la sociedad civil cubana que se reconoce como progresista, y atacado por quienes se asumen conservadores, personas en su mayoría vinculadas al ámbito religioso. Asimismo, se opusieron a la aprobación del Código otros actores que desde la diáspora, en lo fundamental, entendieron el proceso de aprobación del Código de las Familias como un acto de pinkwashing del poder para desvirtuar la represión y la violación de los derechos políticos de miles de cubanos.
El referendo del Código de las Familias se realizó en septiembre de 2022 y se aprobó, de acuerdo con los datos oficiales, con el 66.85 % de los votos válidos computados. Entre los elementos más trascendentales introducidos por el Código de las Familias destaca el reconocimiento del matrimonio igualitario y la posibilidad de que parejas homosexuales aspiren a la adopción o a técnicas de reproducción asistida.
Las protestas. Los apagones. La emigración
Durante 2022 la ciudadanía no dejó de mostrar su inconformidad con la gestión gubernamental y con el modelo político imperante en el país. Una de las herencias más importantes del año es que la protesta pública se convirtió en un mecanismo común de reivindicación de derechos y exigencias al poder.
Madres que cerraron la autopista nacional para lograr la atención del Gobierno ante sus problemas de vivienda o que tocaron calderos en sus barrios y cerraron las calles con latones de basura para que les restablecieran el servicio eléctrico, se convirtieron en fenómenos comunes (sobre todo entre julio y septiembre). Otras, como Amelia Calzadilla, tomaron las redes sociales y se hicieron virales al articular un discurso compartido de aspiraciones e insatisfacciones.
Las condiciones económicas de la isla en 2022 motivaron una crisis energética y con ello un nuevo ciclo de apagones. Los apagones generaron, a su vez, lo que desde elTOQUE denominamos «la revolución de la oscuridad».
Se hizo común que los barrios salieran a la calle para gritar: «pongan la corriente pinga». En no pocos lugares, a los gritos que exigían luz se incorporaron los de «libertad».
Libertad fue el deseo que expresaron muchos de quienes quizá salieron a la calle tras un apagón como detonante, pero que entendieron que la causa de sus problemas radicaba en un régimen político que solo les pedía resistir.
El aumento de la protesta popular también provocó el ascenso y la calidad de la represión. Quedarán para la historia las imágenes del poblado de Nuevitas, en el que las fuerzas represivas cubanas arremetieron contra menores de edad.
Muchos de los pobladores de Nuevitas, quienes sostuvieron protestas durante varios días, terminaron golpeados y detenidos. Algunos aparecieron después en televisión nacional y reconocieron su pertenencia a grupos financiados desde el exterior del país. Una estrategia común y que demuestra el desprecio del Gobierno cubano por el debido proceso y los derechos fundamentales. Un irrespeto que pretenden argumentar bajo la teoría de la plaza sitiada; de ahí la necesidad de vincular cualquier expresión autónoma de descontento ciudadano con intereses foráneos, casi siempre ubicados en Estados Unidos.
2022 demostró, una vez más, que la violencia del régimen cubano no se relaciona con actores externos, sino que es parte de su esencia. Prevalecerán también las imágenes del Cepen, un poblado de la zona oeste de La Habana. Sus pobladores pretendían salir de manera irregular del país y fueron brutalmente reprimidos por unidades de las Fuerzas Especiales del Ministerio del Interior.
El aumento de la represión y el diferendo histórico entre Cuba y Estados Unidos no impidió que en 2022 se hiciera público un nuevo proceso de acercamiento entre la Administración de Joe Biden y las autoridades cubanas. Un acercamiento que llevó a los dirigentes de La Habana a aceptar —como nunca habían hecho— ayuda humanitaria proveniente de EE. UU., y a sostener rondas de conversaciones que concluyeron en varios acuerdos (como la aceptación de los cubanos con orden de deportación desde los Estados Unidos y, es probable, el compromiso de detener la ola migratoria que ha alcanzado niveles extraordinarios).
Más de 220 mil cubanos llegaron a la frontera sur de los Estados Unidos entre octubre de 2021 y octubre de 2022. En su mayoría a través de Nicaragua, luego de que el régimen de ese país aliado eliminara el requisito de visa para los cubanos.
También se produjo el hundimiento de una lancha rápida con 26 personas a bordo que pretendían salir del país por Bahía Honda. La lancha rápida proveniente de los Estados Unidos chocó con una embarcación de Guardafronteras que la perseguía. El Gobierno cubano negó su responsabilidad con los hechos, pero varios sobrevivientes reconocen que fue una embestida deliberada decidida por la tripulación de la embarcación oficial. En el suceso murieron siete personas, entre ellas una menor de dos años.
Los procesos electorales y el rechazo en las urnas
En 2022 la resistencia de la ciudadanía y la pérdida de la hegemonía del régimen cubano no solo se demostró en las calles. También en la falta de implicación de la ciudadanía en los procesos que históricamente ha utilizado el régimen para legitimarse.
Las elecciones es uno de ellos. En el sistema electoral cubano no existe competencia entre opciones políticas diferentes, por lo que la participación popular ha sido clave para generar titulares que utilicen el número de participantes como muestra de apoyo a la Revolución y el socialismo.
Los dos procesos electorales que tuvieron lugar en 2022 fueron los de más baja participación popular desde 1976, cuando este tipo de procesos fueron implementados. En el referendo del Código de las Familias, a pesar de que Díaz-Canel llamó a votar sí, por la Revolución, dejó de votar el 25.88 % de los electores convocados; lo que equivale a aproximadamente 2 millones 178 mil personas. El 33.15 % de los que votaron dijeron no, lo que se corresponde con un aproximado de 2 millones de personas más. Otro 6 % —unas 360 mil personas— anularon la boleta o la dejaron en blanco. La abstención, marcar no o la anulación de boletas pueden entenderse, al menos, como muestras de no apoyo a las propuestas formuladas por el régimen político.
Pero si bien la votación del Código de las Familias pudo tener un componente adicional que habría que incluir en el análisis para evaluar el voto en relación con el apoyo al sistema, las elecciones municipales celebradas en noviembre de 2022 demostraron que la tendencia a no participar de los procesos que legitiman el poder es creciente. Si la abstención en el referendo del Código de las Familias fue histórica, la de las elecciones municipales del pasado noviembre rompió un récord establecido apenas meses antes.
El 32 % del electorado no concurrió a las urnas, mientras que otro 10 % anuló las boletas o las dejó en blanco. Los resultados reflejan que el 42 % del electorado no apoyó un ejercicio considerado por la propaganda política como la muestra más genuina de la democracia cubana y de la unidad del pueblo en torno a la Revolución.
Las cifras pueden ser demostrativas de la ruptura entre las propuestas del poder y la ciudadanía.
2022 termina como inició, con el Gobierno cubano exportando la represión entre sus aliados regionales. El 19 de diciembre, las autoridades bolivianas le informaron al activista cubano Magdiel Jorge Castro —quien había sido catalogado por los aparatos de propaganda cubanos como un «actor controlado por la Casa Blanca para atacar a Cuba desde Bolivia»— que debía abandonar el país en el término de 15 días, a pesar de mantener allí residencia legal.
La justificación fue que Jorge Castro había alterado el orden público a través de las redes sociales que, a simple vista, emplea mayoritariamente para denunciar la situación de Cuba y no para intentar incidir en la política doméstica del país andino.
2022 cierra con la regencia de un Gobierno cubano que reprime cualquier muestra de disenso y que es incapaz de ofrecer prosperidad, a pesar de augurar un 2023 mejor.