El peligro de ser periodista en la Nicaragua de hoy

Por Gabriela Selser (dpa)

HAVANA TIMES – El reportero nicaragüense Yilber Idiáquez fue amenazado de muerte cuando los paramilitares asaltaron las barricadas de la ciudad de Masaya, hace un mes. Pero esta semana el asombro fue mayor, al encontrar su rostro y su nombre en un “post” anónimo en Facebook sobre la leyenda impresa: “¡Asesino terrorista! Recompensa: 5.000 dólares”.

El caso atrajo la atención de sus colegas y de la organización PEN Internacional-filial Nicaragua, dedicada a difundir las denuncias de ataques a periodistas, escritores y directores de medios de comunicación en los últimos cuatro meses, desde que estallaron las protestas del 18 de abril contra el Gobierno de Daniel Ortega.

“Siento que ya no puedo… esto no es vida”, dijo a dpa Idiáquez, de 31 años de edad y siete como corresponsal en Masaya de Radio Corporación. Otros ocho reporteros de la misma emisora, muy crítica con el Gobierno, tambíén han sido amenazados de muerte.

Fabio Gadea Mantilla, dueño de la radio, aseguró que todos sus corresponsales en el interior “han recibido amenazas y son asediados constantemente” por policías, paramilitares y operadores políticos del partido sandinista organizados en comités barriales.

“Parece que hemos retrocedido a los tiempos del Viejo Oeste, ahora amenazan a la gente y hasta ofrecen pago por su cabeza”, declaró a dpa , directivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH, no gubernamental), al comentar la campaña contra Idiáquez.

Otro caso reciente fue el del bloguero Manuel Díaz, director de Bacanalnica.com, una conocida página de sátira política. Las amenazas a Díaz surgieron esta semana, tras una publicación en la que ironizó sobre el derrumbe del turismo a causa de la crisis.

Según Carmona, hasta hoy la CPDH ha solicitado medidas cautelares para unos 60 periodistas amenazados o agredidos. Las peticiones se entregaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que tiene dos equipos trabajando en el país.

“Hay un acoso real contra los hombres y mujeres de prensa por el hecho de estar informando. El Gobierno está criminalizando el trabajo periodístico y esto es condenable”, subrayó.

El primer periodista muerto en este período fue Angel Gahona, fulminado de un tiro por la espalda mientras cubría protestas en la ciudad de Bluefields, el 22 de abril. Sus familiares y testigos aseguran que un policía fue el autor del crimen, pero la Fiscalía acusó en los tribunales a dos jóvenes afrodescendientes.

Junto con las amenazas a los comunicadores, manos anónimas “marcan” con pintura negra las fachadas de las casas con lemas como “Terroristas” o “PLOMO” (que significa muerte), para hacer saber que sus habitantes serán los próximos en la lista de víctimas.

“El pueblo se siente acosado e intimidado. Hay una persecución indiscriminada, especialmente contra los jóvenes… pareciera que ser joven hoy es un delito en Nicaragua”, afirmó Carmona.

No sólo de noche, sino también por las mañanas o al mediodía se reportan redadas de estudiantes y de adultos en cualquier ciudad del país. Algunos vecinos logran grabar las detenciones con sus celulares, pero si lo suben a las redes y los atacantes detectan quién filmó, al día siguiente podrán ir por ellos.

“Tenemos denuncias de esta persecución en todo el territorio nacional”, dijo Marcos Carmona. “Estamos documentando estas detenciones ilegales y arbitrarias, realizadas por grupos paramilitares y por la misma Policía”, agregó.

Destacó que sólo la Comisión ha recibido más de 1.600 denuncias de capturas en un lapso de tres meses, realizadas casi todas sin orden judicial de detención o registro. “Muchos son amenazados y otros tienen que huir del país por falta de seguridad”, explicó.

Del total de detenidos (unos 350 según la CPDH y más de 400 según otras fuentes no oficiales), más de 130 ya han sido llevados a juicio y acusados por delitos graves, como terrorismo y crimen organizado.

La mayoría de los procesos se realiza a puertas cerradas.

Carmona indicó que esperan entregar a la CIDH una nueva documentación sobre detenciones masivas de personas, a fin de que “los organismos internacionales y la presión nacional nos ayuden a detener esta cacería”.