El Estado colombiano y el reto de proteger a su antiguo enemigo

Por Rodrigo Ruiz Tovar (dpa)

El abogado Eduardo Montealegre. Foto: eltiempo.com
El abogado Eduardo Montealegre. Foto: eltiempo.com

HAVANA TIMES – Terminado el proceso de paz con las FARC, el Estado colombiano afrontará el reto de dar protección a sus antiguos enemigos, consciente de que un error en ese frente pondría en la cuerda floja los acuerdos que se negociaron desde 2012.

La principal preocupación es que alguno de los jefes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) sea blanco de un ataque cuando los representantes del grupo empiecen a actuar en la actividad política legal.

El abogado Eduardo Montealegre, que hasta hace poco fue fiscal general, considera que uno de los grandes problemas del posconflicto puede ser una “guerra sucia” de sectores de extrema derecha.

Y los temores de Montealegre tienen serios antecedentes: en los años 80 y 90 un partido político de izquierda, la Unión Patriótica (UP), prácticamente fue aniquilado por ataques de grupos paramilitares que no aceptaron los primeros acercamientos entre el Estado y las FARC.

El primer proceso de paz con las FARC fue encabezado por el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). El diálogo avanzó hasta una tregua bilateral y la conformación de un partido político, la UP, en el cual tenían representación los desmovilizados de las FARC.

Pero las negociaciones se rompieron por acusaciones mutuas de incumplimiento de la tregua y por los ataques paramilitares contra la UP, que en poco tiempo perdió asesinados a cerca de 5.000 miembros, entre ellos dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, 70 concejales y 11 alcaldes.

Uno de los dirigentes de la UP que llegó entonces al Congreso fue Luciano Marín, quien en medio del exterminio de su partido volvió a la clandestinidad bajo el alias de “Iván Márquez” y en el actual proceso de paz fue el jefe del equipo negociador de las FARC.

El presidente Juan Manuel Santos asegura que eso no ocurrirá esta vez porque el país ha cambiado y hay más tolerancia.

“La posibilidad de que eso se repita es prácticamente nula. No somos inmunes a algún evento que pueda perturbar el desarrollo normal, pero la capacidad del Estado hoy y el ambiente en general alrededor de este proceso es muy diferente al que teníamos en el momento en que sucedió lo de la Unión Patriótica”, dice Santos.

Los miembros armados de las FARC, entre 7.000 y 8.000, se concentrarán tras la firma de la paz en 27 sectores específicos durante máximo medio año, tiempo durante el cual prepararán su reincorporación a la vida legal y entregarán las armas, bajo supervisión de las Naciones Unidas.

En esos lugares serán protegidos por unos 12.000 militares y policías. Cuando esas zonas dejen de funcionar, los jefes de las FARC dispondrán de esquemas especiales de seguridad.

A pesar del mal recuerdo que dejó el caso de la UP, el Estado colombiano tiene una amplia experiencia en procesos de reincorporación de grupos armados a la vida legal.

Desde comienzos de los años 90 hasta ahora, ya son cerca de 58.000 ex integrantes de estos grupos, tanto guerrilleros como paramilitares, los que han entregado sus armas.

Apenas un puñado de jefes de esos grupos siguen vigentes en la vida pública, mientras que de la inmensa mayoría se desconoce el camino que tomaron.

Uno de los procesos de paz más exitoso fue el que protagonizaron el Gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) y el Movimiento 19 de Abril (M-19), a pesar de que pocas semanas después de la firma del acuerdo final fue asesinado Carlos Pizarro, cuando era el candidato presidencial de ese grupo.

En 1991, el M-19 obtuvo 19 de los 70 escaños de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la actual Constitución, lo que en su momento fue catalogado como un impactante triunfo en unas elecciones de un grupo que acababa de dejar las armas.

El M-19 alcanzó a tener cierta simpatía en las clases populares, a diferencia de lo que históricamente ha ocurrido con las FARC, a pesar de lo cual virtualmente desapareció y no son muchos de sus antiguos jefes los que siguen vinculados a la política.

Para el catedrático de ciencias políticas de la Universidad del Rosario Mauricio Jaramillo, los jefes de las FARC no tendrán una tarea fácil en la vida política por la impopularidad que siempre han tenido a nivel nacional.

“En Colombia había condescendencia y simpatía por el M-19, pero ese movimiento como colectividad desapareció y con las FARC sería peor. Si el M-19 desapareció, un partido político que surja de las FARC tendría menos esperanza de vida”, sentenció en una entrevista que dio a comienzos de este año.

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