El dilema de los precios divide a las autoridades cubanas
Por Persona protegida (El Toque)
HAVANA TIMES – Desde mediados de enero de 2023 el precio del arroz en Cuba se triplicó. En diciembre de 2022 la libra del cereal podía adquirirse a 45 o 50 CUP en los mercados agropecuarios. Un mes más tarde, cuesta encontrar ofertas que bajen de los 150 CUP.
Ante esa situación, algunos intentan ahorrar dinero comprando grandes cantidades. Un camagüeyano consultado para esta nota pagó en la última semana de febrero 13 mil CUP por un quintal (100 libras).
El cubano promedio consume alrededor de 11 libras de arroz mensuales, siete de las cuales se proveen a través de la cuota normada. Históricamente, esa asignación podía adquirirse en los primeros días de cada mes, lo que facilitaba el ajuste de los presupuestos familiares y limitaba, en alguna medida, la especulación. Además, en las provincias arroceras era común que el Estado organizara ventas a precios más bajos que los del mercado de oferta y demanda.
La intermitencia de las importaciones y la caída de la producción nacional acabaron con aquel orden de cosas. Desde mediados de 2022 son habituales los atrasos en la llegada de los “mandados”. El 21 de febrero de 2023 el Ministerio de Comercio Interior (Mincin) anunció que estaba por completar la distribución de 2 090 toneladas de arroz pendientes de ese mes. Los incumplimientos se concentraban en la región oriental, Matanzas y Ciego de Ávila.
A provincias como Guantánamo —sin puertos de importación ni siembras cerealeras— se les ha hecho difícil garantizar incluso una parte de lo comprometido. A inicios de marzo, el director de la Empresa Mayorista de Productos Alimenticios en ese territorio informó que “faltan 255 toneladas para poder entregar al menos las dos libras de arroz que se solían dar”. El traslado del grano por carretera desde Santiago de Cuba demoraría otros cuatro días, anticipó.
Arroz perdido
A casi un año de la aprobación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional —y a cuatro meses de que entrara en vigor—, sus enunciados parecen utópicos. Según las estadísticas oficiales, el acceso a una “alimentación suficiente, diversa, balanceada, nutritiva, inocua y saludable”, prescripto por la norma, se complejizó durante 2022. La última actualización del Índice de Precios al Consumidor estima que entre enero de 2022 y enero de 2023 dicho indicador tuvo una variación promedio del 42.08 %; o lo que es lo mismo, que por un producto o servicio que antes costaba 10 pesos ahora se deben invertir no menos de 14.
La tendencia alcista fue impulsada por los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que en el período se encarecieron un 67.97 %, y los servicios de restaurantes y hoteles, que subieron un 59.85 %. Lo significativo del caso es que al momento de realizarse ese estudio estaban por sentirse los efectos de la “explosión” de precios del arroz, y la escasez de harina de trigo no había llegado al punto actual (el pan, como componente básico de las meriendas, ha sido la principal variable de encarecimiento para los servicios gastronómicos).
En otros contextos similares, los topes de precios eran enarbolados como medida estrella. Pero tras una seguidilla de experiencias fallidas incluso al propio Gobierno le cuesta asumir una “defensa militante” de su efectividad. Las contradicciones en cuanto al tema corren sobre la “frontera” entre las autoridades locales y nacionales. Mientras las primeras siguen apostando por el control administrativo del mercado, algunos funcionarios del “nivel central” envían señales de haber comprendido que el problema es mucho más complejo.
Así lo evidenció el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, durante una reunión con trabajadores de la industria alimentaria, el 4 de marzo de 2023 en La Habana. “Mientras esa situación se mantenga [el déficit presupuestario], no se pueden bajar los precios, y usted tampoco puede subir salarios porque agrava más el problema. Más dinero en la calle, más precios. Y la gente dice: ¿por qué el Estado no resuelve eso? El Estado no lo puede resolver, porque si topa los precios, los precios del boniato, de la yuca, de la leche… de todas esas cosas, se desaparecen y salen por otro lado al triple. ¿Y quién paga? La gente que menos gana. Entonces, la única forma que hay es produciendo más”, reflexionó.
Asumir esa posición es más fácil cuando no se está en contacto con el ciudadano promedio, que en los últimos dos años vio caer en picada su capacidad adquisitiva. El realismo es, sin embargo, un “lujo” que los Gobiernos municipales y provinciales no se pueden dar.
Bajo la presión ciudadana y la cercanía de los comicios, el 6 de marzo de 2023 el Gobierno Provincial villaclareño dictó un tope de precios para 20 productos agropecuarios. Su objetivo es limitar los márgenes comerciales a un máximo del 40 %, según declaró el gobernador Alberto López Díaz.
La nueva escala pretende forzar una rebaja promedio del 30 % en las facturas de seis viandas de referencia, igual cantidad de granos, cinco tipos de hortalizas y tres de frutas, y en el futuro cercano pudiera alcanzar también al pan. Esta nueva escala se anticipó en la conferencia de prensa en la que se detalló que los precios no serán “inamovibles” y podrán reajustarse periódicamente, atendiendo a los “rendimientos y picos de cosecha”.
Desde su anuncio la disposición motivó opiniones encontradas. La mayoría de las publicadas en el portal del Gobierno en Facebook la han considerado insuficiente, tanto por la cuantía de sus rebajas como por no ir acompañada de incentivos para los productores. Esther Morejón, una jubilada de la Universidad Central de Las Villas, se cuestionó “qué salario devengan los dirigentes de nuestro país para poder subsistir”, toda vez que los pensionados se han vuelto completamente dependientes de sus familiares; “quienes carecen de dicha ayuda […] la están pasando muy mal”, acotó.
Más allá del populismo
Como si anticipara la norma que dictarían las autoridades villaclareñas, pocos días antes el economista Oscar Fernández, profesor de la Universidad de La Habana, alertó en su perfil de Facebook sobre los peligros de “responder de manera populista a un reclamo, sin dudas, justo”. Tras aclarar que “regular mercados no es sinónimo de topar precios o fijar márgenes de rentabilidad”, el experto resaltó que solo después de un estudio profundo se pueden diseñar “instrumentos financieros, fiscales, comerciales, que actúen como incentivos en los puntos críticos de la cadena”.
Los Consejos Provinciales y las Asambleas Municipales del Poder Popular no están facultados para implementar tales “instrumentos” o siquiera abordar políticas ministeriales que para el caso convendría replantear. A nivel de territorios solo es posible dictar topes de precios, agilizar la entrega de tierras ociosas y presionar a Acopio para que honre a tiempo sus deudas con los agricultores.
Poco más que la punta del iceberg, ha considerado el economista Pedro Monreal, para quien los esfuerzos del Gobierno llevan demasiado tiempo concentrándose en la comercialización, en lugar de privilegiar la solución a los “problemas productivos del agro”. “Esos problemas [baja inversión, altos precios de los insumos…] unidos a enfoques de comercialización poco efectivos reducen la capacidad de oferta y mantienen alto el costo, influyendo en una “normalidad” de precios elevados”, tuiteó el 6 de marzo de 2023 .
Con más de 75 mil millones de pesos de déficit presupuestario y menores ingresos en rubros como la colaboración médica y el turismo —enero de 2023 cerró con un cuarto de millón de vacacionistas extranjeros, un tercio menos que los recibidos en igual mes de 2020—, Cuba enfrenta grandes dificultades para sostener sus importaciones. En la segunda quincena de febrero de 2023 se vio interrumpida la venta de gas licuado por la falta de divisas con que pagar un buque de ese combustible que había arribado al Mariel; mientras, los cargamentos de trigo y arroz se desembarcan casi directamente desde los barcos a los camiones que los trasladarán hacia molinos y bodegas. En esas circunstancias, depender en un 80 % de alimentos importados hace más vulnerable al país.
“Nosotros necesitamos los [precios] topados, no los tapados”, se burló una pinareña al comentar la escala minorista establecida por el Gobierno de su provincia para marzo de 2023. Desde el paso del huracán Ian, en septiembre pasado, las autoridades vueltabajeras publican actualizaciones mensuales de esas listas, cuyo cumplimiento luego se pretende exigir a través de los inspectores. A juzgar por las opiniones de la población local, hasta ahora sin demasiado éxito. Nada induce a suponer que la misma pretensión vaya a tener en Villa Clara —u otro lugar donde se aplique— un desenlace distinto. La escalada de precios sufrida por el arroz puso en evidencia cuán poco pueden las medidas administrativas frente a un mercado desabastecido.