El destierro de la cubana Glenda Corella Céspedes
otra raya de impunidad para el tigre
HAVANA TIMES – El avión en el que volaba la cubana Glenda Corella Céspedes desde Toronto, Canadá, aterrizó el 7 de marzo de 2023 a las 9:00 p. m. en el aeropuerto Frank País, en Holguín. Al instante, cinco oficiales de Migración ingresaron en la aeronave. Uno vociferó: “¡Todos pueden bajar del avión menos Glenda Corella Céspedes!”. Le pidieron el pasaporte y ella entregó el canadiense. “El pasaporte cubano también”, le dijo el oficial.
Glenda había aterrizado en Cuba para visitar a su familia, pero le impidieron bajar del avión y fue devuelta de inmediato a Canadá. A diferencia de otros cubanos que no han podido abordar un vuelo hacia el archipiélago, a Corella no le notificaron con anterioridad la prohibición de entrada a territorio nacional. Sin embargo, su experiencia no es un hecho aislado.
Desde 2012 Corella Céspedes reside en Canadá, tras haber esperado ocho años para que el Ministerio de Salud Pública la liberara y poder salir de Cuba. Antes ella trabajaba de enfermera en Gibara, Holguín.
Las autoridades migratorias no le ofrecieron explicación alguna. Según relata Glenda Corella en una entrevista con elTOQUE, el piloto preguntó a los agentes por qué no le notificaron la decisión a Glenda con 72 horas de antelación, protocolo que siguen naciones como China y Vietnam, las cuales suelen aplicar iguales prácticas. La explicación fue que Glenda no había llenado el formulario de migración con el tiempo previo requerido, argumento que ella negó de inmediato. “Ahora fue que nos avisaron que no podía entrar”, dijeron entonces los agentes.
El documento de negación de entrada que le dieron a Glenda tiene la firma del jefe de Inmigración y Extranjería del aeropuerto de Holguín, pero no consta el nombre (una arbitrariedad al tratarse de una notificación oficial).
Desde que Glenda se fue de Cuba regresaba con frecuencia para visitar a su familia. Su madre padece cáncer en los pulmones. En su equipaje llevaba medicamentos e insumos para el tratamiento de la enfermedad. La crisis sistémica que aqueja al país ha afectado en gran medida el sistema de salud, uno de los principales pilares que solía resaltar con orgullo el Gobierno cubano en la arena internacional.
Corella Céspedes ha denunciado en redes sociales las deficiencias y la depauperación de la sanidad cubana, en especial lo que sucedía en Gibara, su localidad natal. Luego de iniciar las publicaciones críticas en su página de Facebook, un perfil falso comenzó a amenazarla para que hiciera silencio.
“Te conocemos”; “tu Facebook está monitoreado”; “no sigas”; “tu sanción es de dos años, pero si sigues compartiendo cosas en tu muro de Facebook será de por vida”; “piensa en tu mamá, que la tienes en Cuba”. También se dirigieron a sus amigos y seguidores y les dijeron que no comentaran ni hablaran porque de hacerlo habría consecuencias.
Entre las prácticas usuales de los agentes de la Seguridad del Estado para silenciar a la ciudadanía opuesta al poder están las amenazas, coacciones y chantajes. Las amenazas anónimas que le habían hecho a Glenda se materializaron cuando aterrizó en Cuba.
“Mis padres y yo estamos devastados porque teníamos la ilusión de que nos íbamos a ver. Ha sido muy duro, pero ellos están conscientes de que no voy a parar, voy a seguir luchando y voy a denunciar los abusos y atropellos. Ellos me dijeron que luchara y siguiera adelante, que estaban conmigo. Denunciar es un compromiso tanto para quienes están dentro como afuera. No podemos tener miedo de expresar lo que sentimos”.
El castigo del poder
La obsesión por sofocar cualquier tipo de disidencia ha llevado al Gobierno cubano a violar convenios internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que plantea en el artículo 9 que “nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos argumenta que nadie puede ser privado de manera arbitraria del derecho a entrar en su país; mientras que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en el artículo 5 que “nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo”.
El destierro es una práctica cuasi arcaica, pero que aún emplean los regímenes totalitarios. Un ejemplo reciente sucedió en Nicaragua cuando el régimen de Daniel Ortega desterró a más de 200 presos políticos hacia Estados Unidos, los declaró traidores a la patria y los despojó de su nacionalidad.
Entre los casos de destierro de la última década cubana figuran el de la profesora Omara Ruiz Urquiola, a quien le han prohibido en cuatro ocasiones entrar al país para reencontrarse con su madre; el de la historiadora del arte Anamely Ramos; y el de otros profesionales del periodismo como Carlos Manuel Álvarez y Karla M. Pérez (quien terminó varada en el aeropuerto de Panamá luego de que un funcionario le notificara que no podía entrar a Cuba).
El poder cubano no solo castiga a figuras reconocidas de la oposición, el activismo o el periodismo independiente, sino también a ciudadanos comunes como Glenda.
El impedimento de ingresar a Cuba se sustenta en la Ley 1312, que niega la entrada a cualquier persona que organice, estimule, realice o participe en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano. También prohíbe la entrada a cualquier persona cuando razones de defensa y seguridad nacional así lo aconsejen.
El jurista cubano Eloy Viera advierte que un análisis centrado exclusivamente en lo que la Ley 1312 establece, olvida que la normativa debe cumplir con un ideal de justicia o, como mínimo, debe tender a su búsqueda: “No existe justicia ni vocación de su búsqueda en una ley que legitime la violación de derechos humanos. No existe justicia en una ley que sirva solo para profundizar el poder absoluto de un Estado sin importar lo que en el camino sufran sus ciudadanos. Ante una ley injusta, la desobediencia civil pacífica puede erigirse como acto político válido de la ciudadanía”, detalla.
La legislación cubana reconoce el destierro como sanción accesoria, lo cual implica que tiene que existir una decisión de un Tribunal que esté acompañada por una sanción principal que puede ser la cárcel o una multa. Para que se imponga la sanción es imprescindible que la persona haya sido juzgada. No ha existido juzgamiento alguno en el caso de Glenda ni en los que la han precedido.
El Gobierno cubano se ha negado una y otra vez a responder de manera legal a las violaciones de derechos humanos que comete, sobre todo las vinculadas a prohibiciones de entrada al país de nacionales por motivos políticos.
En marzo de 2023 varias organizaciones de derechos humanos y activistas cubanos participaron en la audiencia pública titulada Derecho a la circulación de las personas en Cuba, como parte de las actividades del 186 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caso de Glenda no parece ser el último. Cuba es hoy un país con más de mil presos políticos; un país que amenaza y encarcela a manifestantes pacíficos, activistas, periodistas e influencers a la vez que los presiona para que salgan a un exilio del que no hay retorno.