El Chipote, la cárcel favorita de Somoza y Ortega
Por Gabriela Selser (dpa)
HAVANA TIMES – “Acabábamos de desayunar y yo me fui a lavar los platos cuando oí los gritos de los policías. ‘¡Todo mundo al suelo!’, decían. Entonces salí a la calle y vi a los encapuchados que se llevaban a mi marido en una patrulla. Dicen que lo tienen encerrado allá arriba, pero no me dejan verlo…”
Con un rosario en una mano y un paquete de galletas en la otra, Esmilse Patricia Campos se protege de la lluvia bajo un toldo azul, junto a unas 20 mujeres parecidas a ella: son esposas, madres o hermanas de detenidos en la cárcel de El Chipote, en la capital de Nicaragua, por protestar contra el Gobierno de Daniel Ortega.
“Los policías y los paramilitares llegaron a llevárselo. Yo les pregunté por qué y no me contestaron. Mi vecina dice que fue porque fuimos a las marchas, como todo el mundo”, cuenta la mujer con tristeza a dpa.
La crisis en Nicaragua se inició con una protesta estudiantil el pasado 18 de abril y se agravó tras la violenta acción de la policía y paramilitares contra manifestantes civiles. Según organismos de derechos humanos independientes, más de 300 personas murieron desde entonces, aunque el Gobierno solo reconoce 47.
En la cima de la loma están las oficinas y celdas de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía. Pero todos la llaman El Chipote, porque así lo bautizaron Ortega y los demás comandantes de la revolución hace años, en homenaje a la montaña donde el patriota Augusto Sandino tuvo su cuartel general en 1927.
Entre las mujeres que esperan está Isabel González, de 48 años. Su hijo de 23 también fue detenido. En su caso no fue por protestar, sino por negarse a reprimir a opositores siendo él un miembro de la Juventud Sandinista, el brazo político juvenil del partido de Gobierno.
“Mi hijo no es universitario porque ni leer sabe. Él vende café en el mercado oriental y lo llegaron a buscar para ir a botar los ‘tranques’ (retenes de los manifestantes) pero se negó”, relata.
Isabel no quiere salir en fotos porque teme también por su otro hijo, de 21 años. “Yo estoy como loca pensando en mi muchacho… dicen que ahí dentro es horrible”, comenta con la vista fija en los enormes portones de hierro que impiden el acceso hasta el penal.
El propio Ortega estuvo en esta prisión en 1968, recluido por órdenes del dictador Anastasio Somoza, al que 11 años después derrocaría junto a las guerrillas del Frente Sandinista.
Paradojas de la vida o surrealismo puro en esta Nicaragua “demencial”, como la llamó Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas: el Gobierno de Ortega encerró en El Chipote al nieto de uno de sus compañeros de celda en los años de la lucha anti-somocista.
Manuel Tijerino Haslam, el abuelo, llegó al portón para implorarle a los policías que le entreguen al chico. Les recordó las veces que le cedió su almuerzo al hambriento y desprolijo guerrillero, que desde hace casi 12 años gobierna Nicaragua.
Manuel Eduardo, el nieto, fue capturado el 26 de junio en Matagalpa con otros cuatro estudiantes del Movimiento Universitario 19 de Abril. Con inusitada diligencia, la Fiscalía ya los acusó por crimen organizado, tráfico de drogas, de armas y secuestro, entre otros delitos graves.
Una de las dos mujeres de ese grupo, Solange Massiel Centeno, está embarazada de tres meses y se le ha impedido recibir visitas, dice Carla Sequeira, directora de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH, independiente).
La activista asegura que el Gobierno “está creando delitos” para inculpar a los detenidos por la muerte de más de 300 personas desde que inició la crisis el pasado 18 de abril. “A alguien tienen que culpar y no será a ellos mismos”, razona.
“Todos han sido detenidos por asistir a una marcha, por ir a un ‘tranque’, por llevar comida a los estudiantes en una barricada o por tomarse una foto con la bandera de Nicaragua y subirla a Facebook”, comenta Sequeira.
En torno a los familiares de los presos se ha formado una red de solidaridad. Se llama SOS-Chipote y surgió cuando un grupo de personas empezaron a traerles agua y sándwiches, luego jugos y más tarde colchones, porque las madres, esposas y hermanas también pasan la noche a la intemperie frente al centro penal.
“Ahora estamos mejor organizados y tanto los detenidos como los familiares reciben alimentos, atención médica y sicológica”, dice el economista Javier Alvarez. “Esta es una insurrección pacífica de la gente, que ha despertado un nivel de solidaridad increíble. Solidaridad en el dolor”, agrega.
Carla Sequeira, que ha instalado su despacho bajo el toldo, trabaja con diligencia pese a su propio calvario: su esposo Jaime Ramón Ampié, defensor de derechos humanos, también está preso.
Ampié fue arrestado el 30 de mayo junto a otros tres miembros de la CPDH que acompañaban una protesta cívica en Boaco (centro). Aunque organismos internacionales abogaron a su favor, ha sido acusado por exposición de personas al peligro, lesiones leves y homicidio frustrado.
Sequeira dice que desde hace años la comisión ha denunciado el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua. Sin embargo, “la forma criminal con que este Gobierno está actuando jamás la vimos antes”, subraya.
Al terminar la mañana, José Nelson Rodríguez cruza el portón de hierro hacia la libertad en medio de aplausos. Su madre se arrodilla sobre el pavimento, mientras su esposa e hijo corren a abrazarlo.
El hombre había sido arrestado a fines de junio en el reparto El Carmen, en Managua, cuando yendo a comprar pan cruzó el perímetro de seguridad de la casa del presidente Ortega. “Estuvo seis días preso ilegalmente pero no pudieron formularle cargos”, dijo Sequeira.