El canal de Nicaragua busca “expropiación de territorio”

Por Gabriela Selser (dpa)

Monica Baltodano

HAVANA TIMES – Cuando en 2013 Nicaragua anunció que construiría un canal interoceánico con un costo de 50.000 millones de dólares, muchos imaginaron puertos, aeropuertos, oleoductos y enormes buques comerciales atravesando el territorio de uno de los países más pobres de América, por fin situado a las “puertas del progreso”.

Pero casi tres años después de la inauguración oficial de las obras, estas siguen en suspenso sin una explicación por parte del Gobierno y en medio de rumores de que el ambicioso proyecto, otorgado en concesión a un consorcio chino, habría muerto antes de nacer.

“El Gobierno creó el lema de la construcción del canal para justificar una inmensa expropiación de una parte del territorio nacional, una amenaza que seguirá viva mientras esté vigente la Ley 840” que autorizó su construcción, declaró en entrevista con dpa Mónica Baltodano, ex comandante guerrillera del Frente Sandinista, hoy en la oposición aunque sin partido político.

A su juicio, el megaproyecto más emblemático del presidente Daniel Ortega puede no concretarse como tal, pero servirá “de plataforma para legalizar el más flagrante despojo de territorios en la zona sur y en cualquier otra parte del país que ellos determinen”.

“El Gobierno de Nicaragua le otorgó una concesión canalera al consorcio HKND del millonario chino Wang Jing, es decir, a una transnacional con capacidad de instalar una Zona Económica Especial, totalmente sustraída de la legislación, los Poderes y la soberanía del país”, aseguró.

Según Baltodano, la construcción del canal no se ha iniciado porque nunca estuvo prevista. “Pretenden expropiar territorios, desplazar comunidades rurales enteras y construir un país dentro de otro, regido por sus propias leyes, mediante zonas económicas especiales como las que existen en Venezuela o en México”, subrayó.

El Gobierno no ha confirmado si abandonará el proyecto, pero el asesor económico presidencial Bayardo Arce sorprendió a los periodistas recientemente, cuando al ser consultado sobre las demoras en las obras dijo que el canal “sigue siendo una tentación” para Nicaragua.

Según Baltodano, la concesión canalera al grupo chino HKND sobre una vasta zona de biodiversidad “representa una amenaza enorme porque el capital mundial vivo y duro, llámese Estados Unidos, China o Rusia, busca controlar territorios para extraer madera y aprovechar el agua”, recurso que Nicaragua ofrece con su Lago Cocibolca, el segundo más extenso de Latinoamérica.

En mayo pasado, el Gobierno nicaragüense anunció que había pactado el “arrendamiento” de más de 200 kilómetros cuadrados de territorios en el Caribe sur con líderes de nueve comunidades indígenas, para ser utilizados en el proyecto canalero.

“La ley 840 autoriza al Estado a afectar cualquier lugar del territorio bajo expropiación, confiscación, arrendamiento o donación de tierras. Es decir, nos pone una pistola en la sien a todos los nicaragüenses”, insistió Mónica Baltodano.

La ex guerrillera, que se separó del partido sandinista hace años por disentir del liderazgo de Ortega, creó en la década de los 90 la Fundación Popol Na (casa de las comunidades, en náhuatl), un organismo que promueve proyectos en municipios pobres del país. Su hija Mónica López es hoy directora de la ONG y abogada del movimiento campesino que se opone a la construcción del canal.

Miles de campesinos se han unido en torno al Consejo en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, el movimiento que exige la derogación de la ley 840 y que ha organizado 87 marchas de protesta, varias de las cuales dejaron heridos y detenidos en choques con la Policía.

En la más reciente, Baltodano fue retenida por la Policía al intentar entrar a la ciudad de Juigalpa (centro) junto a otros opositores. “El Gobierno ahora nos impide cruzar de una ciudad a otra como si no fuéramos nicaragüenses, violando el derecho a la libre movilización”, se quejó.

Recordó que la región sur del país fue la base social campesina de los ex rebeldes “contras” que combatieron a Ortega durante la revolución (1979-1990), aunque actualmente han respetado la “lucha pacífica al plantear sus reclamos.

“Pero el Gobierno está cerrando espacios a la protesta cívica, está bloqueando los caminos pacíficos y llevando a este país a un despeñadero de violencia. Y si Nicaragua vuelve a caer en una confrontación armada, el responsable será el presidente Ortega”, advirtió.


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