EE.UU. pone en jaque los vuelos a Cuba

Cientos de miles de cubanoamericanos verán dificultades adicionales para visitar a sus familiares

Por IPS-Cuba

HAVANA TIMES – El anuncio la víspera de medidas para limitar los vuelos chárteres a Cuba cumple la promesa del gobierno de Estados Unidos de aumentar la presión sobre la deteriorada economía del país caribeño, privándola de esenciales fuentes de ingresos.

Da continuidad a la decisión, efectiva desde el 10 diciembre de 2019, que limitó a La Habana el único destino a donde pueden arribar vuelos comerciales desde la nación norteña, con la consiguiente afectación a cientos de miles de cubanoamericanos.

Desde que en 2016 la administración del presidente Barack Obama (2009-2017) autorizó los vuelos comerciales entre los dos países por primera vez en más de 50 años, aerolíneas como American Airlines, Jet Blue, Southwest, Delta y United incrementaron rápidamente las operaciones a Cuba, lo que disparó y abarató los viajes.

Solo en 2019, un total de 552.816 cubanas y cubanos residentes en Estados Unidos visitaron su patria natal.

Adiós a los chárteres

El 9 de enero, el secretario de Estado Mike Pompeo anunció la suspensión de los vuelos chárteres desde Estados Unidos a todos los destinos en Cuba, excepto al aeropuerto internacional José Martí de La Habana.

Según el comunicado, nueve terminales aeroportuarias cubanas se verán afectadas por la medida. Las compañías de vuelos chárter tendrán 60 días para cancelar todos los vuelos.

Por otra parte, el Departamento del Transporte también impondrá límites al número de vuelos fletados que podrán viajar a la capital cubana. Las regulaciones serán anunciadas más adelante, indicó el texto.

De acuerdo con Pompeo, la decisión responde al apoyo de Cuba al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la situación interna sobre los derechos humanos, un tema que mantiene aguzados desencuentros entre ambos países.

Michael Kozak, subsecretario en funciones para América Latina en el departamento de Estado de Estados Unidos, declaró a finales de año a medios de prensa que la administración Trump mantendría su política de “máxima presión” contra Cuba en 2020 y que se alistaban nuevas medidas para privar al gobierno cubano de ingresos.

Reacciones

Uno de los primeros en reaccionar fue el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.

“Es grave violación de derechos humanos, de libertad de viajar estadounidenses y obstaculiza la reunificación familiar”, consideró el canciller en su cuenta de Twitter.

Organizaciones estadounidenses como el Center for Democracy in the Americas, Cuba Study Group y Engage Cuba, entre otras favorables al acercamiento bilateral, emitieron comunicados en los cuales valoraron el impacto negativo de la decisión para las familias cubanas, las empresas aéreas norteamericanas y los vínculos entre las dos naciones.

Emily Mendrala, directora ejecutiva del CDA, consideró que la medida forma parte de un grupo de “políticas sin sentido y de espíritu mezquino” que “obligan a las familias cubanas a viajar más lejos, pagar más y tomar rutas enrevesadas para ver a sus seres queridos, mientras nos acerca un paso más a cerrarle la puerta a Cuba por completo”.

Para Ricardo Herrero, director ejecutivo del CSG, esta prohibición de viajar “es otra medida desesperada de una administración que está claramente frustrada con la impotencia de su política de máxima presión para inducir un cambio de régimen en Cuba”.

Según James Williams, presidente de Engage Cuba, “detener la capacidad de los cubanoamericanos de ver a sus familias es una violación de los derechos humanos. Es un acto político cínico y cruel que está por debajo de los valores y la dignidad de este gran país”.

Y Linda Delgado, directora de Asuntos Gubernamentales de Oxfam América, opinó que la administración Trump “continúa en el camino de una política destructiva y contraproducente que perjudica a las familias cubanas”.

Medidas en 2019

Durante el año precedente, el gobierno estadounidense adoptó numerosas decisiones enfocadas en afectar, fundamentalmente, la actividad económica, bancaria y financiera externa de Cuba, en un intento de asfixiar las posibilidades de acceso a créditos y otras fuentes de financiamiento.

De junio de 2018 a abril de 2019, el gobierno estadounidense impuso nueve sanciones a compañías o bancos de terceros países, con penalidades que ascendieron a más de 3.751 millones de dólares, indicó el informe “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba”, presentado en octubre ante Naciones Unidas.

A continuación, la Redacción IPS Cuba resume algunas de las medidas de 2019:

-15 de marzo: El Gobierno estadounidense anuncia la modificación de la entrega a cubanos de las visas B2 (para turismo y visitas familiares), reducidas a una sola entrada y válidas por solo tres meses.

-2 de mayo: Se activan los capítulos III y IV de la ley Helms-Burton, pospuestos desde su aprobación en 1996. Permiten demandar en cortes estadounidenses a empresas beneficiadas con propiedades confiscadas tras la Revolución de 1959 en Cuba, así como restringir la entrada a Estados Unidos de quienes hayan confiscado propiedades de estadounidenses en Cuba o “traficado” con ellas. Se presentan en el estado de Florida las primeras demandas al amparo de dicha legislación.

-5 de junio: Se cancelan los viajes culturales y educativos de contacto con el pueblo cubano, conocidos en inglés como “people to people” y al amparo de los cuales decenas de miles de estadounidenses visitaron la isla, tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas en 2015. Las disposiciones eliminan, además, las visitas de cruceros, embarcaciones recreativas y aeronaves privadas a Cuba.

-20 de junio: Cuba es incluida en el listado de países que a juicio de Washington, incumplen las normas mínimas para eliminar la trata de personas.

-3 de julio: Washington impone sanciones a la compañía cubana Cubametales, entidad encargada de las importaciones y exportaciones de combustibles desde y hacia la isla. La medida busca limitar, sobre todo, la importación de crudo desde Venezuela.

-9 de octubre: La Oficina de Control de Activos Extranjeros, del departamento del Tesoro, limita a 1.000 dólares la cantidad máxima que se puede enviar a un ciudadano cubano por concepto de remesa familiar en cada trimestre. De igual forma, cancela la autorización conocida como “transacciones U-Turn” (Vuelta en U), que permitía efectuar ciertas operaciones bancarias a través de terceros países.

-21 de octubre: Se ponen en vigencia restricciones a las exportaciones y reexportaciones de artículos a Cuba. Entre otras medidas, se vuelve a prohibir la reexportación a la isla de artículos con más de un 10 por ciento de componentes estadounidenses, que había sido suavizada bajo el último mandato de Obama. Establece asimismo una “política general de denegación de licencias” para el arrendamiento de aeronaves a aerolíneas estatales cubanas.

-19 de noviembre: Cinco hoteles entran a formar parte de la Lista de Entidades Cubanas Restringidas del departamento de Estado. En abril, la Casa Blanca elevó a casi 220 las entidades y empresas cubanas con las cuales Estados Unidos prohíbe establecer vínculos a sus ciudadanos, por su presunta relación con el sector militar y de inteligencia cubano.

-26 de noviembre: El departamento del Tesoro anuncia sanciones contra la Corporación Panamericana S.A., por operar como intermediaria de la empresa estatal Cubametales para la compra de petróleo venezolano.

-10 de diciembre: Quedan cancelados los vuelos de aerolíneas comerciales estadounidenses a todos los destinos de Cuba, con excepción de La Habana.