EE.UU. deja a 39 excarcelados nicas en “limbo migratorio”

Algunos fueron rechazados por los delitos fabricados de narcotráfico y lavado de activos. Otros no convencieron en la entrevista. Varios piden revisión
HAVANA TIMES – Al menos 39 de los 135 presos políticos desterrados a Guatemala, el 5 de septiembre de 2024, fueron rechazados en el programa de Movilidad Segura del Gobierno de Estados Unidos. Situación que los tiene en un “limbo migratorio” y con la “urgente necesidad” de encontrar alternativas para establecerse permanentemente.
Las principales causas de ese rechazo, a pesar de que su excarcelación y traslado a Guatemala fueron gestionados por EE. UU., son los “delitos fabricados” en su contra por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, advierte Damaris Rostrán, miembro de la diáspora nicaragüense, en esta entrevista que brindó a CONFIDENCIAL.
Entre los rechazados hay personas que fueron procesadas arbitrariamente por delitos de narcotráfico y lavado de activos. Estos delitos son considerados “inadmisibles” por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis por sus siglas en inglés).
Para Rostrán es “súper preocupante” que los funcionarios de Uscis tomen en consideración las acusaciones hechas por la dictadura, ya que es ampliamente conocido que esos procesos judiciales carecen de “legalidad y legitimidad”.
Otra causa del rechazo a los excarcelados nicaragüenses fue la “falta de credibilidad” de sus testimonios. Situación que Rostrán atribuye a que las entrevistas fueron realizadas en inglés y sin que los desterrados tuvieran asesoramiento previo, y también aún con el estrés tras meses o años de cárcel.
“La barrera del idioma fue algo clave. Los oficiales de refugio que envió el gobierno de Estados Unidos no hablaban español, tenían traductores que no estaban entendiendo exactamente lo que los hermanos nicaragüenses estaban diciendo. Entonces, a la hora de traducir se perdió mucha información correcta”, subraya.
Pedirán revisión caso por caso
Para abordar esta situación, Rostrán señala que se está revisando cada caso con un equipo legal y organizaciones de derechos humanos de Nicaragua, con el objetivo de demostrar la inocencia de estas personas y solicitar la revisión de los casos ante el gobierno de Estados Unidos.
“La primera cosa que se está haciendo es revisar cuál es la nota que les están entregando”, comenta la activista nicaragüense. Luego, los abogados construirán debidamente los casos y finalmente realizarán una entrevista previa a cada uno de los afectados.
Las personas rechazadas del programa de Movilidad Segura tienen un periodo de 90 días, a partir de la fecha en que fueron notificadas, para someter su caso a una revisión administrativa ante el Gobierno de Estados Unidos.
La respuesta “no depende de los abogados ni depende de nosotros (la diáspora), sino que básicamente de la construcción del caso que hagamos. Por eso es tan importante el tema de la entrevista y que estén listos para decir exactamente cómo le fueron imputados estos cargos de una forma ilegal”, comenta Rostrán.
Alternativas ante el rechazo de Movilidad Segura
Mientras tanto, los afectados y la diáspora nicaragüense se encuentran buscando otras alternativas con los gobiernos de Guatemala, Canadá y España, quienes se han mostrado anuentes con la lucha por la democratización de Nicaragua.
El Gobierno de España ha dicho que los 135 nicaragüenses excarcelados y desterrados a Guatemala pueden optar por la nacionalidad española, tal como lo han hecho otros nicaragüenses despojados de su nacionalidad. Sin embargo, el proceso de nacionalización requiere tiempo y no todos los excarcelados lo han iniciado.
También “el gobierno de Guatemala creó un mecanismo de ayuda, entonces estamos viendo diferentes formas para asegurar la estabilidad de las familias y de todos los que están en este proceso lamentable ahorita”, comenta Rostrán.