Dora María Téllez y Lesther Alemán condenados

en juicio político que desconocían

Dora María Téllez y Lether Alemán

Fiscalía solicita 15 años de cárcel contra la comandante guerrillera y líder estudiantil; y pide que sean inhabilitados para ejercer cargos públicos

Por Confidencial

HAVANA TIMES – La exguerrillera y fundadora del Movimiento Renovador Sandinista, ahora Unión Democrática Renovadora (Unamos), Dora María Téllez, y el líder estudiantil, Lesther Alemán, quien en 2018 emplazó a Daniel Ortega, durante el primer diálogo nacional, para que renunciara tras la brutal represión contra la Rebelión de Abril, fueron declarados culpables por la justicia orteguista, acusados de supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”.

Téllez y Alemán llegaron a la audiencia de sus respectivos juicios sin saber que serían juzgados, confirmó CONFIDENCIAL. Alemán no tuvo acceso a su abogado ni antes, ni durante el proceso, mientras que a Téllez solo le permitieron intercambiar unos minutos con su defensa. La Fiscalía solicitó la pena máxima de 15 años y la inhabilitación para ejercer cargos públicos para ambos.

“A su abogado- de Alemán- no se le permitió hablar, impugnar y cuestionar, constantemente fue interrumpido y obligado a guardar silencio”, denunció la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), en un comunicado. Los abogados de ambos reos políticos tampoco tuvieron acceso al acta del juicio. En el caso de la defensa del líder estudiantil, fue negada en “múltiples ocasiones” por la jueza Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, encargada del Juzgado Segundo de Distrito Penal de Audiencias.

Fiscalía utiliza retuits de Dora María en su contra

El Ministerio Público recurrió al testimonio de cuatro policías. Uno de estos, técnico informático, reveló que utilizan un software de monitoreo de redes, a través del que identifican las interacciones de las personas en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, confirmó este medio de comunicación.

Entre las pruebas que la Fiscalía citó contra la exguerrillera, se encuentran retuits que realizara Téllez de publicaciones de José Miguel Vivanco, exdirector de Human Rights Watch; un retuit de una persona particular que había compartido la carta que senadores estadounidenses enviaron en junio de 2021, al presidente Joe Biden, instando a tomar medidas adicionales, como respuesta a la agudización de la represión que vive Nicaragua.

También citaron una supuesta carta del MRS, donde aparecía el nombre de Téllez, pero no su firma, y que fue identificada en Twitter. La Fiscalía agregó dos entrevistas que la historiadora brindó a medios de comunicación independientes y dos participaciones en diferentes momentos con miembros del Parlamento Europeo.

Según la Fiscalía, la exguerrillera “llamó al boicot en contra de Nicaragua y a las sanciones” durante las intervenciones citadas. Sin embargo, en dichas entrevistas, según conoció CONFIDENCIAL, Téllez se refiere a sanciones individuales, que no afectan la integridad del territorio.

Por su parte, AUN denunció que el Ministerio Público presentó “un perfil falso de Facebook, dos videos de entrevistas y fotografías que de ninguna forma pueden ser evidencias de delitos” contra Alemán. Aseguran que las pruebas presentadas en el juicio del líder estudiantil son “fabricadas”.

“Presa o libre seguiré luchando”

Tras más de cuatro horas de juicio, a cargo de Ángel Jeancarlos Fernández González, Téllez intervino y reclamó la violación a sus derechos por más de siete meses de encierro, privándola de entrevistas con sus abogados, visitas familiares, lectura, sometiéndola a aislamiento y frío.

Enfatizó que no se debía confundir el Estado de Nicaragua en la persona de Daniel Ortega, y que ni “Daniel Ortega ni Rosario Murillo son el Estado de Nicaragua. Esta es una República, y no una monarquía. Presa o libre voy a seguir luchando”.

No ocurrió lo mismo con Alemán, quien no pudo defenderse ni en su propio juicio. Cuando señaló inconsistencias en la causa presentada en su contra, la Fiscalía exigió a la jueza orteguista que, aunque fuera su derecho, lo mandara a “callar”. La judicial accedió de inmediato y el joven solamente reiteró su inocencia, aseguró AUN.

Alemán, de 24 años, y miembro de AUN, se involucró en las protestas sociales que estallaron contra el Gobierno en abril de 2018. Estuvo un año en el exilio y regresó en 2019, “asumiendo mis propios riesgos”, pronunció al ingresar a Nicaragua, ya que la posibilidad de ser apresado siempre estuvo latente por haber encarado a la pareja dictatorial.

La noche del 5 de julio de 2021, Alemán fue capturado en la casa de su madre, de donde fue sacado con violencia. Durante 214 días de encierro, el líder estudiantil ha sido sometido a interrogatorios constantes, ha perdido unas 30 libras de peso, sufrido mareos y lucía desnutrido, afirmó su madre, Lesbia Alfaro, tras las visitas en el “nuevo Chipote”. Ella también lo acompañó en el juicio, donde lo vio “sereno y fuerte”.

El pasado mes de enero, AUN denunció que Alemán padecía constantes dolores en su pierna derecha, que le dificultaba caminar y dormir. Aunque había recibido atención médica, no se conocía cuál era el diagnóstico de su malestar.

Saña contra exguerrillera

El régimen de Daniel Ortega se ha enseñado con Téllez desde su violenta captura, el 13 de junio de 2021, sometiéndola a un confinamiento solitario e incomunicación permanente. Una situación que se repite con la presa política y presidenta de Unamos, Suyen Barahona; Ana Margarita Vijil, expresidenta de Unamos y declarada culpable por “conspiración” el pasado miércoles, y Támara Dávila, miembro del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).

El trato carcelario contra las integrantes de Unamos es considerado como una “venganza política” del régimen orteguista por el rol que jugó el entonces MRS, aseguraron familiares y defensores de derechos humanos en noviembre pasado en una pieza publicada por CONFIDENCIAL.

Téllez, quien en agosto de 1978 lideró la negociación para liberar a 60 presos políticos de la dictadura somocista como parte de la toma del Palacio Nacional, actualmente es una rea de conciencia, pero de la dictadura de Daniel Ortega. Tras su disidencia del Frente Sandinista, su voz se convirtió en una de las más incómodas para el régimen, al señalar sus abusos de poder y autoritarismo.

En un artículo de opinión, la también disidente del Frente Sandinista, Mónica Baltodano, destacó la “forma vengativa y despreciable”, que el régimen ha mantenido a Téllez y calificó su juicio político de “un proceso judicial inescrupuloso completamente viciado y nulo de toda nulidad”.

“Dora María Téllez merece ser respetada y acompañada por todos los ciudadanos honestos de Nicaragua. Es una de las mujeres más destacadas en la lucha contra la dictadura somocista, y hoy lo sigue siendo contra la dictadura de Ortega y Murillo”, destacó Baltodano en el texto titulado A Dora María Téllez: Lo azul no hay que tocar.

Juicios en “el nuevo Chipote” violan la ley

Los juicios políticos reactivados por órdenes de Daniel Ortega se han programado para todo el mes de febrero en contra de los reos políticos, en las mismas instalaciones de “el nuevo Chipote”, donde decenas permanecen encarcelados desde finales de mayo de 2021.

Sin embargo, realizar estos procesos en las instalaciones carcelarias constituye una más de las ilegalidades al debido proceso, según la especialista en Derecho Penal, María Asunción Moreno, en entrevista con Esta Noche.

Abogados que siguen de cerca los casos contra los presos políticos coinciden con Moreno en que los jueces no pueden realizar audiencias fuera del Complejo Judicial, y que las excepciones establecidas en el artículo 121 del Código Procesal Penal, solamente aplican para “diligencias” que requieran la presencia del juez en su competencia territorial. Sin embargo, sostienen que la excepción no aplica en el caso de estos juicios políticos, porque ni la defensa ni la Fiscalía han solicitado que se desarrollen en “el nuevo Chipote”, indicó el abogado.

Se viola el derecho a la defensa

Otra de las ilegalidades es que los defensores de los presos políticos no han accedido a sus expedientes –de forma completa o parcial– y tampoco han logrado conversar libremente con los reos de conciencia.

Un abogado que da seguimiento a los juicios políticos aseguró a CONFIDENCIAL que en estos procesos se está violentando el ejercicio de la defensa técnica y material, en contra del artículo 124 del Código Procesal Penal (CPP), que establece que “las partes podrán obtener a su costa copias simples de las actuaciones judiciales sin ningún trámite”.

También, agregó, se violenta el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua, que en su ítem 4, demanda que “se garantice su intervención y debida defensa desde el inicio del proceso o procedimiento y a disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa”.

Además, este 31 de enero, el Ministerio Público violó la presunción de inocencia de los presos políticos, al llamarles “criminales y delincuentes” en un comunicado en el que anunciaba la reanudación de los juicios.

“Estos mismos criminales y delincuentes, han reincidido, atentado contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad. Son los mismos que promovieron y dirigieron los actos terroristas del fallido intento golpe de Estado del 2018, habiendo paralizado al país y creado daños a la economía; son los mismos que han provocado tanto dolor y luto en la familia nicaragüenses a causa de los asesinatos, torturas y secuestros”, publicó.

Igualmente, Ortega ya condenó a los presos políticos el pasado 8 de noviembre, en su discurso más virulento contra los presos políticos, en el que les llamó “hijos de perra del imperialismo”.

Demandan liberación de presos políticos

El régimen orteguista mantiene encarcelados a más de 170 nicaragüenses, y más de treinta de ellos permanecen en “el nuevo Chipote”, bajo aislamiento, en celdas de castigo, padeciendo torturas físicas y psicológicas, según han denunciado sus familiares, quienes solamente han logrado visitarlos en cinco ocasiones durante los más de seis meses de encierro.

Familiares de más de 30 presos políticos demandaron, a finales de enero, la anulación de los juicios y la liberación incondicional de todos los reos de conciencia. De esa forma, se sumaron a un comunicado anterior, en el que otro grupo de familiares apeló al apoyo de “gobernantes, fuerzas vivas de la nación e Iglesia (católica)” para que “encabecen” un “proceso de unificación ciudadana”, destacando que la liberación de los reos de conciencia serviría “como una especie de liberación compartida por todos los nicaragüenses”.

Tras los comunicados, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que había callado desde septiembre de 2021, respaldó la demanda de libertad de los reos de conciencia, y anunció su disposición a favor de un diálogo nacional “sin precondiciones”, en medio de la peor crisis de legitimidad del régimen orteguista, que previamente anunció encuentros con diferentes sectores económicos, sin mencionar al Cosep.

Entre los 39 presos políticos capturados entre el 28 de mayo y el 21 de octubre (entre ellos cuatro bajo régimen de casa por cárcel), 29 son acusados por supuesta conspiración para cometer menoscabo; otros siete son señalados por lavado de dinero y otros delitos; dos son investigados por violaciones a la “Ley de Soberanía” y uno por gestión abusiva y apropiación y retención indebida.

El régimen ha utilizado contra la oposición el paquete de leyes represivas que aprobaron entre octubre de 2020 y febrero de 2021, siendo las más usadas hasta ahora, la Ley 1055 o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, mejor conocida como “Ley de Soberanía”, que facilitó encarcelar a siete aspirantes presidenciales, además de líderes políticos, cívicos, estudiantiles, campesinos, exdiplomáticos, periodistas, activas, profesionales y defensores de derechos humanos.

También ha utilizado la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”, aprobada el 27 de octubre de 2020, que penaliza a quien –según los criterios del régimen– difunda “noticias falsas”. Así, la Fiscalía condenó en enero a Donald Margarito Alvarenga y Douglas Cerros Lanzas. Alvarenga fue condenado por supuestamente incitar “al odio y la violencia”, a través de publicaciones de Facebook y mensajes de WhatsApp y por “subversión, desobediencia y rebeldía a nivel de conspiración para afectar la integridad nacional”; y Cerros por presunto menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.

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