Diez presos del 11J en Holguín en huelga de hambre
se ‘plantan’ en protesta por las penas pedidas por la Fiscalía
Se recrudece el acoso por parte de la Seguridad del Estado sobre los familiares y amigos de los presos
HAVANA TIMES – Diez presos en Holguín para los que la Fiscalía mantuvo su petición de penas muy altas se pusieron en huelga de hambre al finalizar este viernes el juicio por el 11J. Así informó el médico Alejandro Raúl Pupo Casas en sus redes, alertado por la madre de uno de los procesados, William Manuel Leyva Pupo, familiar del doctor.
Para este joven de 20 años, la Fiscalía pidió 18 años, al igual que para Reymundo Fernandez Rodríguez, Jorge Luis Martínez García, Marcos Antonio Pintueles Marrero y Yoel Ricardo Sánchez Borjas.
La misma fuente advierte de que las familias de los presos los acompañarán en su protesta, aunque no precisa cuáles son los otros presos plantados.
Las sentencias se darán a conocer oficialmente el próximo 11 de febrero, según difundieron a través de Facebook familiares de los encausados, y todos ellos dan por hecho que los jueces se plegarán a las peticiones de los fiscales, como suele ocurrir en los juicios políticos.
También finalizaron este viernes tres procesos más por el 11J, en Santa Clara, La Habana y Mayabeque.
En esta ciudad, reporta la agencia Efe con base en familiares de los presos, se celebró esta semana un juicio del que familiares de presos aseguran no haber tenido constancia previamente.
Por el momento, se sabe que en Holguín es donde solicitaron las penas más altas a los manifestantes del pasado 11 de julio, acusados de “sedición”. El fiscal Fernando Valentín Sera Planas –incluido en la lista de represores de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba junto a una decena de colegas– pidió 30 años de cárcel para Miguel Cabrera Rojas, Yosvany Rosell García Caso, José Ramón Solano Randiche e Iván Colón Suárez por el delito de sedición; 28 años para Maikel Rodríguez del Campo y Mario Josué Prieto Ricardo; 25, para Cruz García Domínguez, Miguel Enrique Girón Velázquez y Yasmany Crespo Hernández, y 22 para Yoirdan Revolta Leyva.
La única mujer para la que pidieron tan altas penas en Holguín es Jessica Lisbeth Torres Calvo, para quien pedían 27 años, los mismos que tiene ahora.
También se sabe que a los cuatro menores procesados por el mismo delito –Yeral Michel Palacios Román, Ernesto Abelardo Martínez Pérez, Ayan Idalberto Jover Cardosa y Keyla Roxana Mulet Calderón– les rebajaron la petición original, de 15 años a entre 5 y 7.
Durante la última jornada de los juicios, se recrudeció el acoso por parte de la Seguridad del Estado sobre los familiares y amigos de los presos que se han manifestado públicamente.
En Santa Clara, donde fueron juzgados 16 manifestantes, la activista Saily González fue retenida durante algunas horas, al igual que los familiares del joven Andy García Lorenzo, apresados en las horas de la mañana, cuando se dirigían al tribunal, como cada día desde que comenzó el proceso, el pasado lunes.
Según informaron fuentes cercanas a Saily González, su arresto se produjo cuando se disponía a presentar un recurso de habeas corpus en favor justamente de la familia de García Lorenzo. A todos ellos, les requisaron los teléfonos y les impusieron una multa de 3.000 pesos. “Ella estaba muy alterada, llorando, le quitaron el teléfono, el disco duro en el que llevaba el documento que presentó del habeas corpus, los audífonos. Ahora ni ella ni la familia de Andy García tienen cómo comunicarse”, refirió a este diario el activista Víctor Arias, visitado por González tras ser liberada, al filo de las siete de la noche.
Arias también confirmó la liberación de la hermana de Andy García, Roxana, y de su pareja Jonathan López, pero alertó de que el padre de este, Pedro López, “salió de instrucción y aún no hay noticias de él”.
La familia de Andy García ha sido una de las más activas en denunciar las irregularidades de los juicios, en los que, aseguran, los testigos de la Fiscalía mienten. Uno de ellos, según contó Tayri Lorenzo, la madre del joven, dijo en la audiencia en Santa Clara que la Seguridad del Estado negoció con él ponerle solo una multa a cambio de que usara su testimonio para implicar a los acusados.
No son los únicos que han sufrido el asedio por parte de la policía política. Yudinela Castro, madre de Rowland Castillo, un joven de 17 años acusado de “sedición” y al que la Fiscalía pide 23 años de privación de libertad por participar en la protesta del 11J en La Habana, contó a 14ymedio que la Seguridad del Estado la está presionando para que no denuncie la situación de su hijo.
“Ayer me llegó una citación, yo no estaba en casa pero me llamaron por teléfono y me la dejaron debajo de la puerta. Fue sobre las 12 de la noche”, dice. De la molestia tan grande que le dio ver ese papel al llegar a casa, lo rompió.
Los agentes de civil que se identifican como Ignacio y Elías, prosigue, siempre le dicen que la van a acusar de “desacato o sedición” por las publicaciones que ella hace en sus redes sociales y las declaraciones que ha dado a la prensa. “Me dicen que me estoy relacionando con terroristas y contrarrevolucionarios”.
Castillo, encarcelado en la Prisión de Jóvenes de Occidente, en El Guatao, es de Mantilla, y aquel domingo de las protestas, fue detenido en la esquina de Toyo, en el municipio de Diez de Octubre, uno de los epicentros de las manifestaciones y donde fue volcada una patrulla de policía.