Dictadura de Ortega reprime a 151 sacerdotes y monjas
receta cárcel, destierro y exilio
Las religiosas y curas sufren amenazas de muerte, difamaciones públicas, agresiones físicas y verbales, según cuarto informe de Martha Patricia Molina
HAVANA TIMES – Ya sea a través de una expulsión inmediata, el destierro, la negativa de ingreso o el exilio, unos 151 sacerdotes y monjas nacionales y extranjeros fueron obligados a salir de Nicaragua, en los últimos cinco años. Estas acciones represivas fueron ordenadas por la pareja dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según un estudio de la abogada e investigadora Martha Patricia Molina.
Unas 76 monjas de diferentes congregaciones religiosas fueron expulsadas del país junto a seis sacerdotes de Nicaragua. A otros 23 curas y siete monjas les prohibieron el ingreso al país sin ninguna justificación.
Asimismo, el régimen también desterró a ocho sacerdotes, mientras que 31 padres se exiliaron tras sufrir actos de intimidación, amenazas de cárcel y vigilancia política en sus templos.
La persecución contra la Iglesia católica se profundizó en 2022 y mucho más en 2023. En lo que va de 2023, se contabiliza la salida de al menos 34 religiosos —ya incluidos en el total—, revela la cuarta entrega del informe Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?
Si bien la mayoría de las religiosas que han tenido que salir son extranjeras, también hay nicaragüenses. “Alrededor de diez congregaciones religiosas de mujeres han sido afectadas y creo que en la mayor parte de los ataques a los religiosos, quienes han sufrido más, son las monjas”, considera Molina en una entrevista en el programa Esta Noche.
2022 y 2023, los años “más nefastos” contra la Iglesia
La investigadora subraya que, entre 2019 y 2021, hubo una “fluctuación” de los ataques contra los religiosos. Sin embargo, los últimos dos “han sido los más nefastos para la Iglesia católica”.
“Solo en este año (2023) se han producido 205 agresiones, sin incluir septiembre y octubre”, detalla.
“El año pasado —continúa—, dije que (2022) era el más funesto para la Iglesia católica, pues ya no lo es, sino que es 2023. Todos los días están denunciando nuevas agresiones”.
Según el estudio, en 2018 se documentaron 90 hostilidades contra la Iglesia; 84 en 2019; 62 en 2020; 55 en 2021; 171 en 2022; y 205 hasta agosto de 2023. De estas, 117 corresponden a ataques, asedios contra templos y edificios religiosos; 82 represiones a laicos; 80 profanaciones y robos; 71 pintas y mensajes de odio y prohibición de 3240 procesiones.
Los sacerdotes y monjas han sido víctimas de 214 actos represivos, que incluyen amenazas de muerte, difamaciones públicas, agresiones verbales y físicas, asedios, persecuciones, exilio y encarcelamientos.
Se esperan más secuestros de sacerdotes
La dictadura mantiene a once sacerdotes como presos políticos: tres están condenados por delitos fabricados en juicios sin derecho a la defensa; cuatro están bajo “seminario por cárcel”; tres están encarcelados en Managua y de uno aún no se ha confirmado ubicación exacta.
Los últimos tres sacerdotes secuestrados son Julio Ricardo Norori e Iván Centeno, de la Diócesis de Estelí, y Cristóbal Gadea, de la Diócesis de Jinotega. Todos fueron capturados el pasado domingo 1 de octubre de 2023 en una redada que incluyó amenazas a otros cinco curas del norte del país.
Molina asegura que no serán los últimos religiosos en ser detenidos, porque tiene información de que existe orden de captura contra otros tres curas.
“Los encarcelamientos y secuestros van a continuar durante las próximas horas o semanas. Lo que ellos (orteguistas) buscan es erradicar a la Iglesia católica. En algunas comunidades, ni siquiera, van a permitir la presencia de sacerdotes”, opina la experta.
“Estos secuestros ya ni siquiera los hacen bajo la luz de sus leyes ilegales. Ahorita nos estamos enfrentando a desapariciones forzadas”, advierte la abogada. Ella usa como ejemplo el caso del padre Fernando Zamora, quien tiene “más de 80 días” detenido y “sin saberse nada de él”.
Confiscaciones y despojo de la nacionalidad
Al menos 19 religiosos nicaragüenses, entre ellos el obispo encarcelado Rolando Álvarez y el obispo exiliado Silvio Báez, y otros 17 sacerdotes, han sido declarados “traidores a la patria” y despojados de su nacionalidad, según el estudio.
Molina indica que, de los 19 religiosos privados de su nacionalidad (dos obispos, 14 sacerdotes, un diácono y dos seminaristas), 17 se encuentran exiliados y dos en Nicaragua (uno encarcelado y uno recluido en una casa de formación ubicada en Managua).
Asimismo, según el estudio, 13 propiedades pertenecientes a la Iglesia católica han sido “confiscadas” por el Estado de Nicaragua, pese a que el artículo 44 de la Constitución Política prohíbe la confiscación de bienes.
El Estado, además, ha cerrado de forma “arbitraria” cuatro universidades, dos institutos, 15 medios de comunicación, siete congregaciones religiosas y once proyectos y obras sociales de la Iglesia católica nicaragüense, precisa Molina.
La investigadora, que sufre exilio forzado y es miembro del Consejo Editorial del diario La Prensa, de Nicaragua, dijo durante la presentación del estudio que han sido los mismos laicos quienes han documentado las agresiones a la Iglesia.
Y no descartó que el número de agresiones sea mayor, debido a que “hay una escasa o nula denuncia por parte de las autoridades religiosas y el creciente temor y prudencia de los laicos o miembros de grupos religiosos para documentar las hostilidades”.
También la Iglesia evangélica
En el caso de las iglesias evangélicas, el estudio registró 70 ataques, principalmente cierre de oenegés cristianas y decomiso de sus bienes, represión contra pastores, y cierre “arbitrario” de medios de comunicación, universidades y proyectos sociales.
“La Iglesia católica y la Iglesia cristiana evangélica están siendo cruelmente perseguidas por la dictadura sandinista”, sostuvo Molina.
La investigadora alerta que la dictadura designó a tres policías o paramilitares, vestidos de civil a cada parroquia, para que “estén observando y analizando la homilía de los sacerdotes”. Por esa razón considera que los últimos sacerdotes secuestrados fueron producto de esa “vigilancia”.
“Los sacerdotes lo único que hacen es predicar sus homilías a la luz del evangelio. Pero como el evangelio en sí es una denuncia, cuando el sacerdote habla, por ejemplo, de justicia, de paz, de amor, ellos lo relacionan con que están atacando a la dictadura”, expresa.