Desafíos para políticas cubanas sobre adultos mayores

en tiempos de crisis económica y covid-19

Una adulta mayor carga una bolsa con alimentos, tras salir de un agromercado, en el municipio Centro Habana, en la capital de Cuba, mientras otros clientes aguardan para poder ingresar a hacer su compra. Foto: Jorge Luis Baños / IPS

Por Patricia Grogg (IPS)

HAVANA TIMES – Con 70 años, María Milagros enfrenta sola sus labores domésticas y hasta aumenta sus ingresos mensuales con el cuidado de niños y una que otra “costurita”. “Para mí, lo difícil es conseguir la comida. Son horas de cola, de pie, a veces al sol, para comprar pollo u otro producto que vendan cerca de mi casa”, cuenta.

¿Pero no se supone que las personas mayores tienen derecho a pasar sin cola (fila)?, le pregunta IPS. “Bueeeno”, dice, alargando la e como para pensar su respuesta. “Para lograr un turno de las personas vulnerables hay que llegar a las siete de la mañana o antes inclusive. Si llegas tarde, pierdes la oportunidad”, explica la mujer, que optó por identificarse solo por su nombre compuesto.

El desabastecimiento alimenticio y de medicamentos, que se arrastra desde 2019 y el encarecimiento de los precios que siguió al proceso de unificación de la moneda iniciado en enero de este año, impactan el diario vivir de toda la población cubana, aunque el rigor aumenta en el caso de los adultos mayores.

“Nosotros necesitamos más medicinas que el resto de las personas y en la farmacia de mi barrio quitaron la cola de vulnerables, porque dijeron que muchos alegan dolencias que no tienen”, añadió María Milagros, quien dio por terminada la charla, no sin antes añadir: ¡Es que en este país los viejos somos muchos!

Las estadísticas le dan razón a esta mujer que diálogo con IPS mientras esperaba hacer su compra. De entre los 11,2 millones de habitantes en Cuba, 2.328.344 tenían 60 años o más, según los datos oficiales de 2019. De ese total, 1.080.083 eran hombres y 1.248.261, mujeres.

Se prevé que hacia 2030, la proporción de personas de 60 años y más, sobrepase 33 % de la población. Este panorama de cambios profundos en la estructura por edad incidirá directamente en las necesidades y demandas sociales, económicas, de empleo y culturales de la población.

Salvo los momentos de cuarentena por la covid, es frecuente ver adultas mayores haciendo sus compras y suelen quedar expuestas a la decisión del organizador de las concurridas filas.  “Los turnos se acabaron abuela, venga mañana antes de las siete de la mañana”, me dijeron sin escuchar mis razones”, se quejó Raquel Fajardo, de 72 años.

“Cuando volví ya no había aceite…. Eso pasa a cada rato. No contraté servicio de mensajería, porque la bodega donde tengo mi libreta de abastecimiento me queda cerca.”

El problema se produce sobre todo en las tiendas donde antes se compraba en CUC (peso convertible eliminado con la unificación monetaria) y ahora es en pesos, pero de manera regulada.

En estos casos, para obtener un turno de compra hay que presentar la cartilla de racionamiento alimenticio y el carnet de identidad, disposiciones que intentan evitar el acaparamiento y posterior reventa en el mercado informal.

Es en esos establecimientos y en los de venta en moneda extranjera mediante tarjetas bancarias, es donde actúan los “coleros”, que venden el lugar en las filas, y los revendedores. Estos últimos se benefician cobrando tres o cuatro veces más por los productos más escasos como aceite, pollo o detergente.

Un grupo de clientes, la mayoría de ellos adultos mayores, esperan en el exterior de una farmacia, en un barrio de La Habana, en Cuba. Foto: Jorge Luis Baños / IPS

Cuba importa entre 70 y 80 % de los alimentos que consume y mantiene la distribución racionada de una canasta básica de productos. Como esta resulta insuficiente para cubrir las necesidades del mes, la familia debe recurrir a los mercados cuyos precios son más altos, aunque igualmente escasos en ofertas actualmente.

Analistas estiman que los bajos ritmos de crecimiento de la economía en los últimos años y la contracción de 13 % del producto interno bruto (PIB) de 2020 y hasta el 30 de septiembre, han influido en el aumento de las condiciones de vulnerabilidad y la precarización de la vida de jubilados y pensionados y, en general, de vastos sectores sociales.

El reordenamiento monetario iniciado en enero, que entre otras acciones incrementó precios mayoristas y minoristas, suprimió un conjunto de subsidios, aumentó las tarifas de los servicios y elevó salarios y pensiones, coincidió con el desabastecimiento de alimentos, medicinas y otros productos de primera necesidad.

La combinación de tales factores en medio de la pandemia de covid y el recrudecimiento del embargo estadounidense provocó una inflación por encima de 60 %, y con precios siete a 10 veces superiores a los oficiales que han disminuido el poder adquisitivo de las familias.

Estas tensiones económicas se suman a las creadas por la covid y desafían las políticas de cuidado y protección de los adultos mayores.

“El cuidado es un derecho universal que tiene que ver con el bienestar material y a los adultos en situación de vulnerabilidad social hay que darles una atención diferenciada”, valoró a IPS la socióloga e investigadora Rosa Campoalegre.

En este sentido, el anteproyecto de Código de Familias incluye preceptos que se corresponden con el artículo 88 de la Constitución aprobada en 2019 para garantizar a este segmento de la sociedad cubana el ejercicio pleno de sus derechos, además de promover su integración y participación social.

Entre otras novedades, este documente que próximamente será sometido a consultas ciudadanas y posteriormente a referéndum, propone facilitar a este sector vulnerable el acceso a las actuales tecnologías de la información, para lo cual se debe reducir la complejidad en su uso, tanto en dispositivos como en aplicaciones.

Varios adultos mayores practican ejercicios al aire libre, en un céntrico parque de La Habana, en Cuba. Foto: Jorge Luis Baños / IPS

“Con ello estaríamos a tono con los derechos que propugnan las leyes más actuales sobre Protección a las personas adultas mayores”, especifica un análisis sobre el tema de la experta Noadis Milán Morales que circula en las redes sociales.

Cuba dispone desde 1996 de un Programa Nacional de Atención Integral al Adulto Mayor, que garantiza una atención de salud ajustada a las necesidades de esas personas y lograr que vivan una vejez activa y saludable. Así mismo, fomenta su inclusión en las tareas económicas, políticas y sociales, y el empleo mayoritario de las personas aptas para trabajar.

Al respecto, la socióloga Campoalegre considera que Cuba debe pasar de una sociedad que cuida a una sociedad del cuidado.

“Hay que abandonar el paradigma de la dependencia y pasar al de la interdependencia, donde todos aportan experiencia, trabajo, energía, bienestar. En este proceso es fundamental escuchar las propuestas de las personas mayores, que ellas digan lo que desean y aporten al debate”, especificó.

A su vez, un estudio de profesionales de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, realizado en un policlínico de la capital, asevera que el envejecimiento demográfico en la nación caribeña “implica grandes retos y transformaciones en las estructuras sociales, económicas y culturales”.

Y determina que “estos cambios demográficos contemplan, a la vez, la necesidad de una adecuada preparación, donde se garanticen mejores condiciones para una sociedad envejecida”.

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