Demandan sancionar empresas del régimen y a altos funcionarios

“No tienen futuro con Ortega”

Pantallazo del foro virtual “Elecciones 7/11 en Nicaragua: un Proceso Ilegítimo”.

Jennie Lincoln, Centro Carter: hay que documentar con evidencias el fraude electoral del 7 de noviembre

Por Iván Olivares (Confidencial)

HAVANA TIMES – Un foro denominado “Elecciones 7/11 en Nicaragua: un Proceso Ilegítimo”, organizado por la Fundación Arias en Costa Rica y conducido por la periodista Tifani Roberts analizó la situación de los presos políticos en Nicaragua, y las opciones que tiene la comunidad internacional para presionar a Daniel Ortega y Rosario para que permitan que haya elecciones libres en el país.

“Las sanciones deberían seguir, pero de una manera inteligente. No para que lo entiendan Daniel Ortega y sus hijos, sino las estructuras de poder del Frente Sandinista: no hay futuro con Ortega y Murillo. Ni para ellos, ni para Nicaragua”, dijo Cynthia Arnson, directora del Programa Latinoamericano, del Centro Internacional “Woodrow Wilson”.

La experta dijo que si bien “ya ha habido fraudes en elecciones anteriores”, esta vez Ortega profundizó su control sobre el Consejo Supremo Electoral (CSE), y relató cómo “todos, dentro y fuera de Nicaragua”, quedaron sorprendidos por la rapidez y la profundidad de la represión en contra de las ONG y la sociedad civil, en este contexto electoral.

Recordó que ya habían visto la extrema violencia desatada en 2018, que se tradujo en más de 300 asesinatos a sangre fría, “pero nunca habíamos pensado en un arresto tan transversal del liderazgo político, universitario, empresarial, etc., además, sin causar una división interna del Frente Sandinista, remarcó.

Aunque la reacción internacional ha sido de condena unánime, ni las sanciones personales, ni la amenaza de aprobar y aplicar la Ley Renacer, ni la aplicación de la ya vigente NICA Act, ha tenido efecto en detener el proceso que culminará con las votaciones del 7 de noviembre, o en el aislamiento y los juicios contra los presos políticos.

“Si en mayo, la idea de la presión era lograr unas elecciones creíbles, con participación opositora, ya no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra”, lamentó Arnson, haciendo notar cómo, por causa de la represión y el mal manejo de la pandemia de covid – 19, este año “ya hay más nicas que salvadoreños llegando a la frontera con Estados Unidos”.

Por eso, más que sanciones personales, propone “investigar cuáles son las empresas que controla el Frente Sandinista; investigar en qué están invertidos los fondos del Ejército”, recordando que, aunque ya hay una sanción en contra del director del Instituto de Previsión Social Militar, “el sistema como tal no está sancionado”.

Aunque la Ley Renacer plantea la opción de expulsar a Nicaragua del Cafta, Arnson admite que es difícil sacar a un solo miembro, además que “eso podría causar daño y sufrimiento a población del segundo país más pobre del continente”.

Documentar el fraude

Jennie Lincoln, especialista senior del Centro Carter para América Latina y el Caribe, opina que “las sanciones no están teniendo ningún impacto sobre la pareja [presidencial nicaragüense], así que hay que buscar otra manera de tener influencia sobre ellos”, destacando “el silencio profundo del gran capital en Nicaragua. Ellos tienen responsabilidad, y tienen que saber que esta ruta no va a resolver el problema en este momento”.

Al considerar que “la situación en Nicaragua es horripilante”, la experta añade que si bien, la respuesta para salir de esta crisis es de los nicaragüenses, “la comunidad internacional tiene la obligación moral de ayudar a Nicaragua a salir de este reto”.

Ella recomienda de forma especial documentar el fraude electoral, “para poder declarar con evidencias, la trampa de noviembre”, y que eso obligue al Gobierno a “afrontar su responsabilidad; a sufrir la evidencia de su derrota en ese proceso. Hay que asegurar que el mundo no olvide lo que está pasando en Nicaragua, donde tiene que haber un cambio brutal para poder recuperar la democracia”.

La defensora de Derechos Humanos, Bianca Jagger, instó a “desconocer el proceso y sus resultados”; suspender al país del sistema interamericano; sancionar a Ortega, a funcionarios de su régimen, de los poderes del Estado, del Ejército Nacional, y colaboradores del sector privado, además de “detener la financiación internacional que oxigena el régimen, y que la ayuda humanitaria sea ejecutada por organismos internacionales o por oenegés nicaragüenses”.

El expresidente de Costa Rica, y Premio Nobel de la Paz 1987, Óscar Arias, advirtió que la comunidad internacional no va a reconocer esas elecciones como válidas, porque se les considera “una farsa en el mundo entero, aunque haya algunos gobiernos cínicos en este hemisferio que pudieran reconocerlos, y quizás algunos de otro hemisferio, pero no la Unión Europea, ni el resto de países en este hemisferio” los va a reconocer.

Leonardo Querido, de Transparencia Internacional, remarcó que el modelo electoral de Daniel Ortega desmantela el sistema de partidos y la institucionalidad democrática, “aunque no es algo que haya ocurrido de la noche a la mañana: es un deterioro que va en cámara lenta, año tras año, comiéndose las piezas débiles del entramado político del país”.

Recordó que Ortega, además de crear un entramado de barreras y vulneración de derechos de cara a las ‘elecciones’; aumentó su control sobre el CSE; arrestó a los precandidatos; prohibió las actividades de la oposición; y logró que el país pasara de un “bipartidismo forzado, a tener prácticamente un partido único, por lo menos en los hechos”, inspirado en el modelo cubano.

Al respecto, citó el argumento esgrimido por Ortega en 2009, cuando dijo que el pluripartidismo es una forma de desintegrar a la nación; y la democracia, una forma de dividir al pueblo. “Esa visión totalitaria es la que impera hoy en el país”, dijo Querido, calificando al proceso de “elecciones fake, prefabricadas, sin sorpresas”.

El experto electoral no cree que haya tiempo para cambiar las cosas de aquí a noviembre”, porque “las cartas ya están echadas, pero por lo menos se debería exigir observación electoral internacional”, que permita documentar el proceso.

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