Daniel Ortega usa doble rasero con el derecho internacional

El presidente Daniel Ortega junto a sus principales aliados, durante un acto de celebración por el fallo de La Haya en favor de Nicaragua. Foto: Presidencia

Demanda a Colombia que acate sentencia de La Haya, pero ignora fallo de la Corte IDH y sus obligaciones con derechos humanos

Por Octavio Enríquez (Confidencial)

HAVANA TIMES – El discurso de Daniel Ortega tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que determinó que Colombia violó las aguas territoriales de Nicaragua, se convirtió en otro punto de cuestionamiento al dictador cuando demandó al país suramericano acatar la resolución en “aras del respeto al derecho internacional”.

El propio Ortega, su esposa Rosario Murillo y el Estado bajo su control han ignorado los respectivos compromisos internacionales que tiene Nicaragua con el respeto de los derechos humanos, una materia que también hace parte del derecho internacional.

“Es tan válido cumplir con las sentencias sobre delimitación (territorial) como lo es con las sentencias que tienen que ver con los derechos humanos y los prisioneros de conciencia”, expresó un diplomático desde el anonimato.

Un jurista consultado, que prefiere el anonimato, dijo que Ortega muestra “hipocresía” en materia de derecho internacional “al llenarse la boca con la sentencia de La Haya y, por otro lado, ignorar olímpicamente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que también es un tribunal internacional”.

“Un tribunal internacional que ha declarado a Nicaragua en desacato, al desobedecer las órdenes de medidas cautelares emitidas para proteger a prisioneros políticos que languidecen y mueren en sus cárceles”, afirmó en referencia a la resolución del 22 de noviembre del año pasado de la Corte IDH en el caso de Juan Sebastián Chamorro y otros reos de conciencia, a quienes ordenó liberar.

Los otros presos políticos, a los que se refiere en su resolución la Corte IDH, son el también exprecandidato presidencial Félix Maradiaga, el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada José Adán Aguerri, la dirigente opositora Violeta Granera, entre otros.

“A juicio de la Corte, la posición asumida por Nicaragua, de acuerdo con la cual no hay ninguna voluntad de cumplir con lo ordenado, constituye un acto de evidente desacato de las decisiones de esta Corte, contrario al principio internacional que impone al Estado el deber de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe”, recordó el tribunal internacional.

Violaciones a la Constitución

Para Juan Carlos Arce, abogado del colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, esa petición de “respeto” muestra el doble rasero del régimen si se toma en cuenta su postura de falta de compromiso con las obligaciones que el país tiene con los mecanismos de protección interamericanos que se han expresado desde hace un tiempo por el cese de la represión y el desarme de las fuerzas paraestatales.

Esos compromisos están establecidos, incluso en la Constitución de Nicaragua, que Ortega ha violado en innumerables ocasiones anteriormente, una de ellas para reelegirse en 2011 valiéndose de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia bajo control de su partido.

Según el artículo 46 de la Constitución, “toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos”.

En el mismo artículo constitucional se plantea la vigencia de derechos consignados en instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas. También la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

Sin embargo, Nicaragua vive una grave crisis de derechos humanos que ha llamado la atención de la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como de la Oficina del Alto Comisionado de Las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).

Más de 300 personas resultaron asesinadas por el uso excesivo de la fuerza del Estado cuando el Estado respondió con balas a miles de manifestantes en 2018. La Policía impuso un estado de excepción, más de 100 000 nicaragüenses se fueron al exilio y hay actualmente 181 presos políticos.

La doctrina de los derechos humanos

Según el jurista, los derechos humanos son parte del derecho internacional y se encuentran recogidos en numerosos tratados, que los Estados signatarios están obligados a respetar.

“El derecho internacional nace como Ius Gentium, derecho de gentes. Su nacimiento está en las magistrales elaboraciones doctrinales de la Escuela de Salamanca, sobre los derechos de los pueblos indígenas americanos. Esto debería saberlo Ortega y si no lo sabe sus asesores deberían recordárselo todos los días”, añadió.

Para la dictadura nicaragüense, el Ejecutivo fue víctima de un intento de golpe de Estado. En 2021, el sistema de justicia bajo control de Ortega apresó a más de 40 personas, entre ellas siete precandidatos presidenciales, con lo que eliminó la competencia electoral en las votaciones presidenciales de noviembre, en las cuales se reeligió sembrando el miedo entre la ciudadanía.

Desde entonces, el gobernante ha sostenido que fue víctima de una conspiración para derrocarlo. En sus discursos es recurrente su ataque a la Iglesia católica –defensora de los derechos fundamentales–, a Estados Unidos, la Unión Europea y Colombia porque le han pedido en distintos foros internacionales que respete los derechos humanos y que retorne de inmediato al país a la democracia.

La Organización de Estados Americanos (OEA) reiteró con una mayoría de 27 países el llamado a liberar a los presos políticos en febrero de 2022 y se declararon consternados con el fallecimiento en cautiverio del general en retiro Hugo Torres, un héroe de la lucha antisomocista convertido en preso político por la dictadura de Nicaragua.

“Las circunstancias de su detención y prematura muerte constituyen una dolorosa injusticia tanto para él como para su afligida familia, y una afrenta a los valores que defienden nuestras naciones”, afirmó la declaración del organismo regional.

La OEA declaró también en noviembre pasado como ilegítimos los resultados de las votaciones de ese mismo mes, mediante los cuales Ortega se prolonga en el poder para un cuarto período consecutivo con su esposa por segunda vez como vicepresidenta. El régimen de Nicaragua, sin embargo, ha hecho caso omiso al llamado de la mayoría de la comunidad internacional que le ha demandado la liberación de los presos políticos y, en cambio, ha estrechado sus lazos con China y Rusia.

La sentencia de la Haya, señalando las violaciones a los derechos de Nicaragua por parte de Colombia, fue considerada por Paul Reichler, exasesor de Nicaragua ante la CIJ, como un triunfo histórico.

De los siete puntos resolutivos solo uno es contrario a los intereses del país centroamericano. Al conocer el fallo, el presidente de Colombia Iván Duque dijo desde San Andrés que no permitiría que se limiten los derechos de su país en el Mar Caribe.

Reichler renunció a su cargo después de prestar un servicio al país, durante más de veinte años, cuestionando a Ortega por la instauración de una nueva dictadura “no muy diferente de la que él ayudó a derrocar con unas elecciones falsas, una legislatura sumisa, un sistema judicial corrupto e incapaz de impartir justicia, y el silenciamiento de la libertad de expresión y de los medios de comunicación independientes”.

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