Daniel Ortega ordena reforma electoral cosmética

Foto de archivo: Gobierno de Nicaragua / Confidencial

La reforma excluye observación internacional, reformas constitucionales, y cambios para facilitar registro de nuevos partidos o alianzas

Por Confidencial

HAVANA TIMES – Fuentes vinculadas al partido Frente Sandinista revelaron a Confidencial que el presidente Daniel Ortega creó un grupo de trabajo para diseñar un proyecto de reformas a la Ley Electoral, enfocado estrictamente en aspectos de “orden técnico”. “El comandante Ortega y la compañera Rosario ya orientaron la elaboración de un proyecto de reforma, que estará listo para la discusión interna en las próximas dos semanas”, afirmó la fuente.

El martes 20 de octubre, un día antes de la sesión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que debatió la crisis política nicaragüense, se llevó a cabo una reunión entre líderes parlamentarios del FSLN y magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia, con Ortega y Rosario Murillo, su esposa, vicepresidenta y vocera del régimen.

Según la fuente, en la reunión Ortega le dio luz verde para su aprobación en la Asamblea Nacional al dictamen sobre la Ley Especial de Ciberdelitos y aprobó el procedimiento para presentar ante la Asamblea la propuesta de reforma constitucional que introdujo la pena de cadena perpetua, para “crímenes de odio”.

En el encuentro, Ortega ordenó la creación de un grupo de trabajo de diputados y magistrados, cuyos integrantes no fueron identificados por la fuente, para preparar una propuesta de reforma a la ley electoral, en un plazo de tres semanas. La propuesta sería aprobada en esta instancia política antes de ser presentada al parlamento.

“El presidente dio algunas orientaciones específicas sobre lo que debe contener la  reforma”, dijo la fuente, y especificó que esta debe centrarse en aspectos técnicos de la Ley, como el padrón electoral, la composición de las Juntas Receptoras de Votos, y el papel de los fiscales.

Según la fuente vinculada el FSLN, Ortega excluyó de forma explícita que las reformas contemplen cambios en la composición del actual Consejo Supremo Electoral, o que incluyan reformas constitucionales, como ha planteado el Grupo Promotor de las Reformas Electorales.

La orientación de Ortega también excluye hacer cambios en la legislación sobre los requisitos para el registro de partidos políticos, o de alianzas electorales. Según la fuente, el mandatario también mencionó el tema de la observación electoral internacional, indicando que este es un asunto sobre “el que decidirá en otro momento”, y no debe ser incluido en el proyecto de reformas.

Sobre el calendario de la reforma electoral, Ortega indicó que primero debe ser aprobada la reforma constitucional sobre la pena de cadena perpetua.

Pero Ortega no definió si la reforma electoral sería aprobada en 2020 o 2021, únicamente decidió que la reforma electoral será consultada y discutida solamente con “los partidos que tienen representación parlamentaria”, dejando abierta la posibilidad de que la consulta también abarque “a los que tienen personería jurídica”. “Esa decisión la tomarán ellos (Ortega y Murillo) más adelante”, dijo la fuente.

La propuesta del Grupo Promotor

El proyecto de Ortega de reforma electoral para los comicios de 2021 no reconoce ninguna de las condiciones previas que demanda la propuesta del Grupo Pro Reformas Electorales (GPRE), como la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades democráticas, que ha sido consensuada con la Coalición Nacional y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y cuenta con el endoso del sector empresarial.

El Grupo sostiene que en el sistema electoral actual no existen condiciones para garantizar elecciones libres, justas y transparentes, mientras el régimen también ha conculcado el derecho a la observación electoral nacional e internacional.

En las últimas dos décadas, el sistema electoral de Nicaragua se ha deteriorado a través de reformas que condujeron al colapso institucional del Consejo Supremo Electoral al servicio de los intereses del partido de Gobierno. Misiones de observación electoral nacionales e internacionales que han sido ignoradas por Ortega y Murillo han concluido que las elecciones en Nicaragua no respetan el voto popular y son “inescrutables” debido a la corrupción y hermetismo en la integración de las estructuras electorales, la administración del padrón electoral, el escrutinio y cómputo de los votos.

La propuesta del Grupo Pro Reformas Electorales incluye doce reformas de las cuales cuatro requieren de una reforma constitucional.

Las reformas contemplan la elección de nuevos magistrados del CSE, que garanticen la administración de un proceso electoral independiente, profesional y transparente; la observación electoral irrestricta conforme con los estándares internacionales; un padrón electoral único e integral, previamente auditado y depurado y la reincorporación, en forma obligatoria, del proceso de verificación ciudadana masiva.

Asimismo, un adecuado proceso de cedulación que garantice a toda la ciudadanía su derecho a tener su cédula de identidad ciudadana de manera gratuita; la modernización de sistemas tecnológicos para garantizar la transmisión, procesamiento y divulgación de resultados electorales en tiempo real y detallados por cada Junta Receptora de Votos (JRV).

Otras de las propuestas son la democratización de la constitución de nuevos partidos políticos, que permitan una participación plural y amplia de las opciones políticas, la autonomía de alianzas electorales, permitiendo elegir su propio nombre, bandera, emblema, casilla y representante legal de acuerdo a sus estatutos y que no estén obligadas a ir bajo el nombre y casilla de uno de los partidos que la conforman.

La resolución de la OEA

El pasado 21 de octubre, la Asamblea General de la OEA aprobó con 20 de 34 votos una resolución sobre Nicaragua que reitera la preocupación de la comunidad internacional por el deterioro de las instituciones democráticas e insta al Gobierno de Nicaragua “a respetar plenamente el orden constitucional, los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

El documento enfatizó la necesidad de modernizar el CSE, incluyendo que el Gobierno “acepte el despliegue amplio y efectivo de las misiones de observación electoral que comprenden observadores internacionales independientes y acreditados en el proceso electoral”.  “La legitimidad del próximo Gobierno de Nicaragua está en juego y obviamente que esa necesidad es crucial advirtió el secretario general Luis Almagro.

Sin embargo, la propuesta de reforma electoral que Ortega encargó a sus operadores políticos en la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia, contradice las demandas para democratizar el proceso electoral, que está previsto para el primer domingo de noviembre de 2021.

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