Daniel Ortega fabrica fraude electoral sin competencia

Los fraudes electorales, inhibiciones, y división opositora cultivados por Daniel Ortega para repetir elecciones a su medida en 2021

Por Moisés Martínez (Confidencial)

HAVANA TIMES – El régimen orteguista se prepara para replicar, en los comicios del 7 de noviembre de 2021, el modelo de votación sin competencia política que se dio 2016, cuando el actual dictador Daniel Ortega se proclamó por cuarta vez como presidente de Nicaragua, adjudicándose la mayor cantidad de votos en la historia nacional, sin siquiera hacer campaña electoral. Estos comicios fueron calificados por analistas, sociólogos e historiadores consultados por CONFIDENCIAL como un “circo electoral”.

En aras de este objetivo, el orteguismo ha emprendido una escalada de represión política que incluye la cancelación de la personería jurídica al Partido Restauración Democrática (PRD) —en que se alojaba la plataforma opositora Coalición Nacional—, la investigación por un supuesto lavado de dinero en contra de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro —quien encabeza los sondeos de opinión—, el reforzamiento del estado policial, el nuevo allanamiento ilegal al estudio de grabación de CONFIDENCIAL y Esta Semana, y la persecución contra los periodistas y medios independientes.

El candidato con más votos en la historia

Las elecciones de 2016 fueron muy particulares. Según los registros electorales del Consejo Supremo Electoral (CSE) son los comicios ganados por un candidato a la presidencia con el mayor porcentaje de votos recibidos desde la transición democrática de 1990.

El Frente Sandinista, con Ortega compitiendo por séptima vez como candidato por el partido rojinegro, se agenció un 71.4% de los votos, de acuerdo con los registros electorales. Es decir, un promedio de siete de cada diez electores nicaragüenses votó por el caudillo sandinista. Esto significó más de 1.8 millones de votos a favor del dictador, de acuerdo con los registros del CSE, algo nunca visto en los comicios nicaragüenses.

Daniel Ortega, el día de las votaciones nacionales de 2016, en las que se reeligió junto con su esposa Rosario Murillo. // Foto: Carlos Herrera | Confidencial

Todo esto, sin hacer un solo mitin de campaña electoral. Esto significa que para lograr esta proeza política, el dictador ni siquiera tuvo que salir de su casa. No importó tampoco que Nicaragua continuará como el segundo país más pobre de Latinoamérica y que con nueve años en el poder, Ortega ya enfrentará el consecuente y normal desgaste político.

Las elecciones de 2016 representan la culminación de un largo proceso de destrucción de la institucionalidad democrática, que comenzó desde que el Frente Sandinista era oposición y tenía como objetivo primario el retorno al poder, el cual perdió en las históricas elecciones de 1990.

Las fases de este proceso que creció como hiedra venenosa se podrían englobar en tres grandes factores a lo largo de 16 años en los que el Frente Sandinista fungió como partido de oposición: controlar el sistema electoral, dividir el voto opositor y controlar con una mayoría calificada el Poder Legislativo.

 El germen: El pacto Alemán-Ortega

El punto de partida de este proceso de control político de la dictadura fue el pacto que inició en 1998 entre Ortega y Arnoldo Alemán, caudillo del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y socio político del dictador.

El Frente Sandinista enfrentó tres derrotas electorales (1990, 1996 y 2001) a manos de la Unión Nacional Opositora (UNO) y el PLC, porque el denominado “voto duro” sandinista siempre fue minoría en relación con el electorado que adversa la figura de Daniel Ortega.

En 1990, contra Violeta Barrios de Chamorro, Ortega obtuvo un 40.82% de los votos. En 1996, contra Arnoldo Alemán, 37.83% y en 2001, contra Enrique Bolaños, 42.28%.

El presidente Arnoldo Alemán (1997-2002) y Daniel Ortega

Carlos Tünnermann Bernheim, académico y presidente de la Comisión de Buena Voluntad, explica que las victorias de la UNO, en 1990, y el PLC, en 1996 y 2001, se dieron porque los electores independientes, pero antisandinistas, apostaron a las plataformas opositoras en la que consideraban existía la mayor oportunidad de vencer al orteguismo. Este grueso de electores es lo que Tünnermann actualmente denomina como el “voto azul y blanco”.

“En 1990 y principalmente en 1996 y 2001, el voto fue donde la casilla que miraba que se podía derrotar al Frente Sandinista, sin afiliaciones partidarias o claras simpatías políticas. El votante siempre hace sus reflexiones sobre cómo no desperdiciar su voto. Dirigen su voto a aquella casilla que considera que puede derrotar al Frente Sandinista. Por lo tanto, los menos favorecidos son los partidos zancudos”, valora.

La elección de 1996 registró la mayor cantidad de partidos inscritos, alcanzando 24 candidatos. Sin embargo, la contienda se resumió entre el PLC de Alemán y el FSLN de Ortega.

“El famoso músculo liberal del PLC nunca existió. En realidad, ese músculo liberal fue ese voto independiente que hoy llamo el voto azul y blanco. Por ejemplo, en 1996, con toda esa pluralidad de candidatos, el PLC fue visto como el partido que podía derrotar al Frente Sandinista, como efectivamente ocurrió. En 2001, aún con todo el estigma de la corrupción durante el Gobierno de Alemán, el PLC volvió a ganar, aunque en este caso influyó mucho la candidatura de don Enrique Bolaños, que atrajo mucha simpatía, principalmente de ese voto independiente”, relata Tünnermann.

La división del voto y el retorno de Ortega al poder

En 2006, el panorama electoral de Nicaragua cambió drásticamente. Ortega empeñado, en retornar al poder y Alemán, buscando su sobrevivencia política luego de las acusaciones de corrupción contra él y funcionarios de su gabinete, provocaron la fractura del voto antisandinista entre el PLC de José Rizo, y la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), encabezada por Eduardo Montealegre.

Otros factores entraron en juego a favor de la división del voto antisandinista. Uno, la sordera de las facciones liberales para lograr una unidad, pese a que las tendencias indicaban claramente que unidos derrotaban el voto duro orteguista, y segundo: el control que gradualmente el sandinismo había logrado del aparato electoral.

“El voto liberal se dividió y por más que hubo gestiones de todos los sectores, tratando de que los liberales no fueran desunidos, estas no fueron escuchadas. Pero Montealegre estaba convencido de que él por su cuenta ganaba esa elección, aun con la división del PLC. Él olvidó que el FSLN tiene un voto duro que hay que enfrentar con un fuerte respaldo electoral, sobre todo después de que el pacto con Arnoldo Alemán permitía que un candidato pudiese ganar (en primera vuelta) con tan sólo un 35% de los votos, siempre y cuando tuviese una ventaja mayor del 5% del candidato que le seguía”, rememoró Tünnermann.

El analista político Enrique Saénz agrega que para 2006, el orteguismo, siempre de la mano del pacto político con el PLC, ya había logrado colocar piezas importantes en el Poder Electoral. Precisamente este pacto ya había logrado que el Poder Electoral fuese manejado por cuatro magistrados propietarios abiertamente sandinistas, y tres del PLC.

Los magistrados electorales sandinistas en 2006 eran: Emmet Lang Salmerón, José Luis Villavicencio, José Miguel Córdoba y Roberto Rivas Reyes, quien fue propuesto por el PLC, pero después se cruzó al Frente Sandinista, luego que este lo protegiera de las denuncias por corrupción en su contra, que eran indagadas por la Contraloría General de la República. El PLC quedó en desventaja, con los magistrados Luis Benavides Romero, José Marenco Cardenal y René Herrera Zúñiga.

Los magistrados de la Sala Constitucional dando a conocer la sentencia sobre la litis del PLI. Carlos Herrera / Confidencial

Estos magistrados electorales acreditaron el triunfo de Ortega en primera vuelta con un 38.7% de los votos. Montealegre obtuvo un 29.00%, Rizo 26.21%, y Edmundo Jarquín, del MRS el 6%. Sin embargo, el gran misterio de estos comicios fue un 8.7% de votos sobre el cual el CSE nunca reportó sus resultados, los cuales se afirma que habrían provocado una diferencia importante en los números finales para buscar una segunda vuelta.

“2006 fue el momento cumbre para el ascenso de Ortega al Poder Ejecutivo. Es más conocido el factor de la división del voto liberal del ALN de Eduardo Montealegre y del PLC de José Rizo, pero el otro factor que no hay que perder de vista es el control considerable que ya tenía Ortega del Poder Electoral y su más grande expresión fue el manejo turbio del famoso 8% que restaba, que nunca se supo porque lo ocultaron, ni efectivamente cuáles fueron sus resultados electorales”, puntualiza Saénz.

Luego de los resultados irregulares de los comicios de 2006, Ortega echó andar la tercera fase de su plan de control dictatorial. Ahora que controlaba los poderes Judicial, Electoral y Ejecutivo, Ortega buscaría hacerse del Legislativo. Esto eventualmente lo lograría, siempre con ayuda de su ya debilitado socio político, el PLC, y sus tentáculos en el CSE.

“Desde 2007, Ortega gobernó como si tuviera mayoría calificada, porque la bancada del PLC mantuvo el pacto en el plano legislativo, ya que votaba sistemáticamente en conjunto con el FSLN. La división fue tal, que cuando pudieron tomar el control del Poder Legislativo las dos facciones liberales opositoras, en realidad le entregaron el control del Poder Legislativo a Ortega por la vía de la presidencia de Rene Núñez”, explica Saénz.

El fraude electoral a gran escala

Esto le permitió al dictador desmontar el precario andamiaje de la institucionalidad democrática de Nicaragua, reforzar su presencia y el control institucional en el aparato judicial y en el CSE. De esta forma, ni la reunificación de las facciones liberales para las elecciones municipales de 2008, pudieron contra lo que los expertos llaman “el fraude electoral más documentado de la historia de Nicaragua”.

“De nada sirvió en las elecciones municipales de 2008 ir con la consigna de todos contra Ortega en la casilla del PLC. Montealegre fue en esa casilla. Hasta el MRS apoyó a los candidatos liberales, pero ya el poder del pacto y el control del CSE era tal que se repartieron las alcaldías, le quitaron la Alcaldía de Managua a Montealegre por medio de un fraude descarado y dejaron a Alemán como socio minoritario”, resalta Saénz.

Un informe elaborado por el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade) estableció que de los “146 municipios sometidos a votación el 9 de noviembre de 2008, se ejecutó el fraude en 46 alcaldías (32%), es decir un tercio de ellas. En el 68% restante se respetó la voluntad popular. Las irregularidades reportadas y soportadas durante dos meses de investigación por parte del Ipade, van desde la impugnación masiva de Juntas Receptoras de Votos (JRV), la alteración de actas en los Consejos Electorales Municipales (CEM) y Departamentales (CED), la anulación masiva de votos, entre otras irregularidades”.

El Ipade actualmente se encuentra confiscado y clausurado por la dictadura. Producto de las irregularidades en el recuento de los votos, en los comicios de 2008 el FSLN se adjudicó 105 alcaldías, el PLC 37 y la ALN 4. El resto de comunas se repartió entre partidos minoritarios.

Se consuma el control del Poder Legislativo

Los comicios presidenciales de 2011 se caracterizaron porque la oposición volvió a lograr una reunificación de sus fuerzas para enfrentar al orteguismo, con Daniel Ortega nuevamente a la cabeza.

Ortega apeló a su control en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el CSE para violar la Constitución Política, que lo inhibía de participar nuevamente como candidato presidencial a la reelección. Por medio de una resolución de la Sala Constitucional de la CSJ, que estableció que los derechos humanos de Ortega eran vulnerados al impedirle ser nuevamente candidato a la presidencia, el caudillo rojinegro evadió el doble candado que le impedía ser candidato a la reelección consecutiva. El CSE acató la resolución el mismo día.

El PLC había dejado de ser un actor relevante. El dictador ya no necesitaba de ellos. Los opositores se agruparon en la casilla del Partido Liberal Independiente (PLI). Eduardo Montealegre renunció a sus aspiraciones presidenciales, para dar paso a una candidatura de consenso, en la figura del conocido empresario radial Fabio Gadea Mantilla. Alemán volvió al ruedo electoral con el PLC, autoproclamándose “el manager” que iba llevar de nuevo a su partido a la victoria en los comicios.

El CSE controlado por el orteguismo adjudicó 62.4% de los votos al Frente Sandinista, 31% a Fabio Gadea y solo un 10% a Alemán. El famoso pacto PLC-FSLN finalmente quedó desmontado. Con este porcentaje, el sandinismo logró 62 diputados en la Asamblea Nacional, lo que le daba una mayoría calificada que le permitía aprobar leyes sin necesidad de negociar con ninguna otra fuerza política, y también reformar de forma unilateral la Constitución Política de Nicaragua. El control del Poder Legislativo fue consumado.

Como era de esperarse, las elecciones de 2011 estuvieron plagadas de irregularidades en el recuento de los votos, bloqueos a la observación electoral e internacional y la violencia política contra opositores. Fabio Gadea Mantilla y su candidato a vicepresidente Edmundo Jarquín no aceptaron los resultados.

“Según diversas valoraciones, incluyendo las de observadores nacionales e internacionales, las elecciones realizadas en 2011 en Nicaragua no fueron transparentes y ninguno de los partidos de oposición aceptó los resultados. Observadores fidedignos, tanto nacionales como internacionales, catalogaron una importante cantidad de irregularidades como graves y no pudieron verificar los resultados de la elección. Resulta particularmente revelador que muchos de los problemas surgiesen de las autoridades electorales, en lugar de haber sido remediados por ellas”, cita un informe sobre los comicios del prestigioso Centro Carter.

Reformas claves para afianzar el poder

Los resultados de las votaciones de 2011 dieron paso a reformas en leyes claves y a la misma Constitución Política “sin necesidad de socios como Alemán, así como reformar instrumentos claves como la Ley de la Policía y el Ejército”, explica Saénz.

Entre las reformas claves que hizo Ortega con la mayoría calificada en la Asamblea Nacional fue eliminar las trabas constitucionales a la reelección, para que fuese permanente, eliminó el porcentaje mínimo para ganar las elecciones en primera vuelta, dejando que esta se puedan adjudicar con una mayoría simple sin importar la diferencia porcentual con el candidato del segundo lugar, se nombró jefe supremo de la Policía y abrió el espacio para renovar permanentemente los períodos del mandato del jefe de las fuerzas armadas.

2016: el “circo electoral” y la sucesión dinástica

Finalmente, para los comicios de 2016, con las reformas constitucionales a su gusto y antojo vigentes, Ortega concreta la destrucción de la legitimidad de los procesos electorales. Utilizando su poder en la Corte Suprema de Justicia, Ortega inhibe tres meses antes de las elecciones a los candidatos presidenciales Luis Callejas y Violeta Granera, y a los diputados del PLI y despoja de la representación legal del partido a Eduardo Montealegre.

Ese año, el dictador compitió solamente con puros partidos colaboracionistas, en un proceso marcado por un alto porcentaje de abstención y las burdas asignaciones hechas por el CSE tanto en porcentajes de votos, como en diputados asignados al Frente Sandinista. El rol de segunda fuerza política fue asignado al PLC, cuyo candidato presidencial, Maximino Rodríguez, dijo que fue víctima de un “fraude electoral”, pero aceptó los resultados finales y un curul en la Asamblea Nacional.

Los resultados electorales oficiales minimizaron los porcentajes de abstencionismo en estos comicios. El CSE reflejó en sus reportes un abstencionismo de tan sólo un 34.7%. Sin embargo, informes de partidos opositores que participaron en el proceso, así como organismos de observación electoral nacionales, cifran este porcentaje entre un 65% hasta un 70%.

La socióloga Elvira Cuadra explica que el fenómeno del abstencionismo nació y se desarrolló de la mano del control gradual que el orteguismo iba logrando en el CSE. Y la gran explosión del fenómeno del abstencionismo se dio en los comicios de 2016 “porque la percepción es que el sistema electoral está controlado por el orteguismo, y por lo tanto no es confiable”.

El proceso de 2016 tuvo una importancia mayúscula para el dictador por un factor clave: abrió el espacio a la sucesión dinástica familiar, con la asignación como vicepresidenta a la esposa de Ortega, Rosario Murillo.

“No hubo un gane, todo estaba arreglado, por decirlo de alguna manera. Tan así era, que la gente se abstuvo de ir a votar”, afirma Cuadra.

“Lo de 2016 solo lo podemos denominar como un circo electoral. Ortega hizo lo que quiso. Excluyó a la coalición que se formó en la Alianza PLI, impuso a su esposa como vicepresidenta. Se autorecetó los votos que quiso, repartió diputaciones a como quiso. Y a eso vamos para 2021”, advierte Saénz.

El gris panorama electoral de 2021

El 12 de enero de 2021, Ortega anunció que luego de las elecciones de noviembre, en las que va a “arrasar el Frente Sandinista”, y después llamaría a un diálogo con los principales sectores del país, pero enfatizando que su prioridad será revivir el “modelo de consenso” con el sector empresarial.

Para Cuadra, los anuncios de Ortega como este y los recientes actos represivos, buscan acabar con el tono plebiscitario que adquirieron los comicios de 2021 luego de la insurrección ciudadana de abril de 2018, sofocada con la matanza y represión de las fuerzas paramilitares y policiales de la dictadura.

“Estas elecciones tienen una connotación plebiscitaria porque la insurrección cívica de abril de 2018, aparte de poner en relieve el enorme descontento ciudadano y una crisis política que ya venía arrastrando el país, elevó la contienda política al punto más alto, al demandar la salida de Ortega de la presidencia para enrumbar el país en el camino de la democracia”, opina Cuadra.

El factor plebiscitario de los comicios de 2021, desde el punto de vista de Cuadra, es algo que nunca será permitido por la dictadura. “Ortega nunca va a exponer su régimen a un plebiscito como ocurrió en Chile, en la época de Augusto Pinochet, que permitió al país abrirse paso a la transición democrática. Por eso es que además del control que ya tenía del sistema electoral, terminó de afianzarse con las leyes represivas de 2020 y las reformas electorales aprobadas este año”, añade.

Tünnermann estima que la esperanza sigue siendo lograr la unidad de los opositores en este 2021, principalmente de los precandidatos presidenciales.

“Lo que nosotros esperamos es que se honre el compromiso Unidad Nicaragua Primero. Esperemos que se honre con los candidatos, que permitan que la unidad se produzca de hecho, ya que no se pudo hacer de derecho con la Ley Electoral. Los candidatos tienen en sus manos la unidad de hecho para lograr la candidatura única para ganarle a Ortega. La Comisión de Buena Voluntad apuesta por eso. Por ahí —estima Tünnermann— puede ser la salida a este escenario de división”.

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