Cuentapropistas cubanos reclaman asesoría y apoyo legal

Por Leidys M. Hernández (El Toque)

HAVANA TIMES – Entre las insatisfacciones de los cuentapropistas cubanos están la desprotección legal de la que son objeto y la discrecionalidad con que ciertos funcionarios interpretan las reglas y las hacen cumplir.

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Iliana Vidal es vendedora ambulante y lleva dos años en un litigio con la justicia. En una ocasión la multaron, le decomisaron las pertenencias de su negocio y le retiraron la licencia. Ella no creyó justo el procedimiento al que la sometieron, por eso hizo varias denuncias en unidades policiales y en oficinas de la Fiscalía. Su caso aún no ha sido investigado, por lo que decidió buscar asesoramiento legal.

Los abogados del Bufete Colectivo del Vedado, en el municipio habanero Plaza de la Revolución, escucharon las demandas de Iliana y determinaron que su caso debía ser expuesto ante la Fiscalía General de la República. Según lo que ella contó, los inspectores la chantajeaban para que pagara cada día por la autorización para trabajar en las zonas aledañas al teatro Carlos Marx.

Como Iliana, otros cuentapropistas cubanos participaron en los intercambios con abogados que por iniciativa del Estado se desarrollaron recientemente en todo el país. La actividad coordinada por la organización de bufetes colectivos tuvo el objetivo de contribuir con la educación jurídica de los miembros del sector.

Felicia Rivero también estuvo en la reunión convocada en el municipio Plaza. Al igual que otros de sus colegas, compartió problemáticas referentes a los contratos laborales y económicos, aquellos que deben presentar a las instituciones estatales a las cuales prestan servicios.

Al respecto, los abogados explicaron que en la mayoría de los casos el rechazo de un contrato se debe a problemas de redacción, a la falta de claridad. Ante esos casos, recomendaron buscar asesoría jurídica.

“Queremos hacer las cosas bien”

De igual forma, especialistas de Bufetes Colectivos informaron que, concluido el periodo de capacitación, en esas instituciones seguirán siendo atendidas las personas que necesiten acompañamiento legal. Agregaron que se está trabajando en coordinación con otros organismos del Estado para aumentar las capacidades de superación de los cuentapropistas en Cuba.

Durante el intercambio, dejaron claro que el personal de los bufetes está capacitado para ofrecer consultas legales, representar y defender los derechos de una persona natural o jurídica ante los tribunales de justicia, los órganos de arbitraje y los organismos administrativos.

Uno de los temas más polémicos durante la sesión fue el Registro de la Propiedad Industrial. Discutieron sobre la importancia que ahora se le prestará a las marcas que se quieran promocionar en cada negocio. No podrán existir, como ocurre hoy, dos establecimientos con el mismo nombre o con los mismos diseños, por ejemplo.

“Los cuentapropistas cubanos queremos operar bajo la base de la legalidad —dijo Ileana Vidal— pero no siempre conocemos lo que podemos hacer y lo que está prohibido. Ahora con el tema del nombre de los negocios, cuánto ya no se han gastado las personas haciendo carteles, poniendo luces, pagando promociones. ¿Por qué no fue requerimiento desde el inicio?

“Queremos hacer las cosas bien, pero que nos hagan trabajar doble y gastar nuestro dinero no está bien. Además, dejar las cosas claras desde el inicio garantiza que después no vengan algunos inspectores inescrupulosos a aprovecharse de nosotros”.

Un sector considerable de la economía reclama asesoría y apoyo legal

Según datos de la prensa oficial, al cierre de 2018 en el país existían 580 mil 828 trabajadores por cuenta propia. De ellos, el 29 por ciento son jóvenes; el 34, mujeres; el 15 labora además en el sector estatal y el 10 son personas jubiladas. El número representa un 13 por ciento de la fuerza laboral del país.

“La iniciativa (de los Bufetes) se agradece, a nuestro sector le falta conocimiento jurídico, asesoría para determinados procesos propios de la actividad económica y también un respaldo legal para enfrentar sucesos cotidianos en los que no siempre los que incurren son los cuentapropistas”, manifestó Marisela Allende, quien arrienda habitaciones a extranjeros en el municipio Plaza.

Según cuenta, en la reunión en la que participó otros de los temas más controversiales fueron la evasión del fisco y la receptación de mercancías de dudosa procedencia.

Tanto abogados como cuentapropistas expusieron estos asuntos desde sus perspectivas y experiencias. Algunos cuentapropistas reconocieron que no siempre saben de dónde salen las mercancías que compran para sus negocios, que la escasez de los mercados cubanos casi que obliga a buscar en el mercado negro las materias primas para mantener las ventas.

Las insatisfacciones de los cuentapropistas cubanos no son pocas

Otro de los emprendedores que participó en los encuentros con los abogados fue Oniel Díaz Castellanos, co-fundador de AUGE, un negocio en La Habana que tiene entre sus funciones crear la identidad de otros emprendimientos. Al salir de la reunión, publicó en su perfil de Facebook su opinión sobre la experiencia y sobre la situación de los cuentapropistas cubanos:

“Aplaudo la iniciativa, el esfuerzo, el conocimiento y la paciencia de los abogados que concurrieron como panelistas. Lo que ocurrió transcendió el mero curso y devino en una asamblea en la que, una vez más, afloraron las insatisfacciones y el disgusto del sector privado con las restrictivas regulaciones que nos guían y con la práctica totalmente discrecional de funcionarios que interpretan las reglas como les parece, en ocasiones de manera corrupta y en otras por puro desconocimiento. Reconozco que desde diciembre pasado el gobierno cubano ha dado varias señales positivas, principalmente políticas, en cuanto a incorporarnos a las prioridades económicas nacionales pero lograrlo requiere más que declaraciones”.

“Habrá perfeccionamiento con nosotros, no sin nosotros”

Antes de la acción desarrollada por los Bufetes Colectivos, la Oficina Nacional Tributaria (ONAT) había realizado en 2018 un ejercicio de capacitación sobre nuevas disposiciones para el trabajo por cuenta propia. En aquel momento, los índices de participación por parte de los representantes del sector privado fueron muy bajos y las opiniones al respecto poco positivas.

Al parecer, esta vez los debates fueron variados y respondieron a algunas inquietudes. Aun así, según algunos participantes, faltaron aspectos imprescindibles por abordar como el derecho económico, bancario y tributario. El conocimiento de esos temas es útil para el manejo de las cuentas fiscales que ahora son requisito para el pago de impuestos.

Para Oniel Díaz, si bien este tipo de iniciativas son loables, deben ocurrir otras que vayan más allá de las declaraciones y las capacitaciones y que contribuyan verdaderamente al desarrollo del sector: “Son tantas las prohibiciones, tantos los absurdos y las contradicciones que esto no se resolverá con parches legislativos sino con una profunda revisión que no llegará a ningún lado si no se nos da voz en el proceso. No queremos que participen en esta revisión solamente abogados, académicos y reguladores. Habrá perfeccionamiento con nosotros, no sin nosotros”, escribió también su perfil de Facebook.