Cuba tendrá una nueva ola de represión contra las ilegalidades

¿Una nueva UMAP para la “transformación social” de personas que no estudian ni trabajan?

Por Elías Amor Bravo (14ymedio)

HAVANA TIMES – Una breve nota en Granma ha encendido la luz de alarma. La cosa se pone fea. En el consejo de ministros, reunido en sesión de ayer 25 de octubre, se presentaron directivas generales para la prevención y el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas. Ya tardaban, pero ahora el régimen ha dispuesto acabar con cualquier práctica que considere ilegal. Por mucho que, gracias a estas actividades, numerosas familias cubanas puedan llevarse algo a la mesa, después de buscar, de forma infructuosa, por las bodegas estatales.

La nota de Granma señala que uno de los diez puntos abordados en el consejo de ministros se dirigió al “combate a los precios desmedidos y la reventa de productos de primera necesidad”. Y a tal fin, se formuló un reclamo a los dirigentes del régimen y partido, a todos los niveles, pero sobre todo en los gobiernos locales, “para que no sean contemplativos ante estas situaciones, y no permitan espacios para el robo y el desvío de recursos”.

¿Esto que quiere decir? Pues ni más ni menos que a partir de ahora va a ser más difícil encontrar comida, y que el peso de la represión no tendrá límites contra las personas que se dediquen a estos servicios a sus conciudadanos.

Pero la acción represiva, de hecho, ya había empezado en algunos mercados agropecuarios de la capital. Las autoridades aplicaron multas a los vendedores denunciados por fijar precios abusivos y otras ilegalidades. En concreto, efectivos de la Dirección de Inspección Municipal (DIM) de Playa, en La Habana, impusieron el pasado fin de semana multas de hasta 8.000 pesos a seis concurrentes al mercado agropecuario de oferta y demanda de 19 y 42, por violaciones de precios y otras ilegalidades.

Dos de los sancionados fueron multados por fijar precios abusivos en la venta de tomate, ají pimiento y zanahoria, a 300 pesos la libra, así como de limón (200 pesos x lb) y piña (100 pesos x unidad). Otros dos fueron multados con 5.000 pesos por no incluir en la tablilla el precio de los productos o por “hallar en el almacén 999 jabas de nylon sin respaldo de factura, por lo que se multó al responsable con una cuota de 1.500 pesos, y se decomisó la mercancía”.

Estas contravenciones están incluidas en el Decreto Ley 30 del 2021 que establece las contravenciones personales, sanciones, medidas y procedimientos a aplicar por la violación de las normas que rigen la política de precios y tarifas. En suma, el aparato represivo ya está funcionando y las investigaciones van a continuar, sobre todo, después de las instrucciones del último consejo de ministros.

Los dirigentes quieren identificar las fuentes de donde se sustraen los productos, así como las casas que se convierten en almacenes para su venta en el mercado ilegal, de modo que se pueda hacer frente a ilegalidades e indisciplinas sociales. Detrás irá la lucha contra la venta de productos alimenticios, el acaparamiento, la sustracción de mercancías de las entidades estatales y los precios abusivos.

Es lo mismo de siempre. Si en vez de concentrar los esfuerzos en actividades improductivas como la vigilancia, la delación, la inspección, la represión, las autoridades se dedicaran a producir más, para que el aumento de la oferta inundara los mercados conteniendo los precios, otro gallo cantaría. Se ve que esto no lo saben hacer, y lo que es peor, desde una perspectiva ideológica comunista, la represión es lo que les motiva.  

Lo que el régimen califica como “ilegalidades” es tan asombroso y extenso que alguien debería empezar a preocuparse por esas anomalías que solo están presentes en Cuba. Ni siquiera en la empobrecida Haití es fácil encontrar ilegalidades como que en las panaderías y en los puntos de venta se vendan los cilindros (balitas) de gas, donde los comunistas cubanos afirman que hay una “probable complicidad de algunos trabajadores en la sustracción de más de 1.000 cilindros”. 

Otro tanto, señalan respecto de la venta de combustible en los servicentros, donde el déficit o la demora del servicio están condicionados “por problemas en su transporte, el aumento de la demanda y el incremento del tiempo que consume las operaciones de compra en los establecimientos”. Y qué decir de la electricidad, todavía no se ha recuperado cerca del 20% del alumbrado de una capital que sigue oscura. Con la vivienda, otro tanto, las viviendas afectadas por el ciclón siguen estando en la misma situación (de 1.176 afectadas solo se han reparado 166). Todo un récord.

Pero lo que verdaderamente preocupa a las autoridades son los precios. Las autoridades quieren que los precios se ajusten a la ficha de coste, y rechazan las leyes del mercado, tanto en el sector estatal como en el no estatal. Y, sobre todo, quieren que no se produzca enriquecimiento, lo que verdaderamente separa al actor económico del poder político estatal. Vendrán quiebras y cierres de negocios. La gente no puede vender sin ganancia. Esto no tiene ni pies ni cabeza.

Conclusión. El régimen saca el doberman del miedo a pasear, y se prepara para lo peor. Esta vez, como novedad, en el consejo de ministros se anunciaron las tradicionales “estrategias para la transformación social de aquellas personas que no estudian ni trabajan, para que aporten a la sociedad”. ¿Transformación social? ¿Qué demonios es esto? ¿Tal vez viene un nuevo UMAP en pleno siglo XXI? ¿El mundo va a permanecer impasible ante estas prácticas comunistas en Cuba?

En la misma reunión ministerial, Gil informó sobre el comportamiento económico del país al cierre de septiembre del actual año, pero nada ha trascendido. Tal vez lo hizo para justificar el gasto en esa encuesta que dice medir la satisfacción de los consumidores cubanos. Un despropósito. Granma no dice nada al respecto, tan solo que se analizaron en el consejo asuntos como la cartera de oportunidades de la inversión extranjera (un fracaso desde su lanzamiento), el plan hidráulico nacional (inejecutable sin inversiones que se destinan a hoteles), el Decreto Ley sobre mediación de conflictos (vaya usted a saber después de la ley de las familias puede salir cualquier cosa), y la asignación anticipada de graduados de la Educación Superior y técnicos de nivel medio que concluyen en 2023 (empleos para todos, aunque no sirvan de nada). Todo muy interesante, desde luego.

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