Cooperativas no agropecuarias en Cuba: sí, pero no

Por Gisselle Morales Rodríguez  (Progreso Semanal)

HAVANA TIMES – En febrero pasado, cuando Ramiro Valdés Menéndez, 83, visitó la cooperativa no agropecuaria La esperanza, en Fomento, los 11 asociados vieron los cielos abiertos: el vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba en persona se interesó por el peculiar proceso de elaboración del plástico y no en reuniones de oficina, sino en un pormenorizado recorrido por el taller.

Observó el ajetreo cotidiano, hurgó en la materia prima, se entrevistó con Julio Ramón Cermeño, el hombre que sacó de su chistera de inventor cada una de las máquinas, aquilató la calidad de los productos acabados de conformar y quedó deslumbrado con la llamada madera plástica, el surtido estrella de la pequeña industria.

Dos meses después, otro vicepresidente del Consejo de Estado, Salvador Valdés Mesa, repitió esa especie de tour a los dominios del plástico, un gesto que los trabajadores de La esperanza interpretaron como muestra de respaldo y apoyo gubernamental a la incipiente cooperativa. Hoy, sin embargo, no están tan seguros.

“Desde la visita del Comandante Ramiro estamos pidiendo que se valore la posibilidad de ampliarnos el local porque aquí, evidentemente, ya no cabemos”, señala con vehemencia Yoel Torres Hernández, presidente de La esperanza, mientras conduce a este equipo de prensa por entre las pacas de materia prima, las máquinas en marcha y las pilas de manguera listas para llevar. Intenta probar un punto: el hacinamiento. Y para rematar, una estocada del abogado de profesión que es: “Estas son las santas horas en que no nos han dado respuesta”.

Semejante incoherencia Torres Hernández se la explica con una idea que ha venido consolidando luego de innumerables intercambios con sus homólogos de otras regiones del país: “Las cooperativas no agropecuarias están enredadas en un doble discurso. Por un lado, se nos dice que el proceso de desarrollo de esta forma de gestión es irreversible y por otro, todos los días nos enfrentamos a zancadillas, a que esto no sale, a que esto para qué”.

La suya es una experiencia que se replica —matices más, matices menos— en las casi 500 cooperativas no agropecuarias que al cierre de mayo ya tenían personalidad jurídica en la isla; casi 500 empresas a pequeña escala que se han lanzado por su cuenta y riesgo a sortear esa suerte de limbo que supone la llamada fase experimental.

Ni estatal ni privada

“Nosotros no hemos inventado nada, todo está aquí”, explica el presidente de La esperanza echando mano a los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados en abril de 2011 y que advierte desde sus primeras líneas: “El modelo de gestión reconoce y promueve, además de la empresa estatal socialista, que es la forma principal en la economía nacional, las modalidades de inversión extranjera previstas en la ley (…), las cooperativas, los agricultores pequeños, los usufructuarios, los arrendatarios, los trabajadores por cuenta propia y otras formas, todas las que, en conjunto, deben contribuir a elevar la eficiencia”.

No obstante, transcurrieron un año y siete meses para que, en noviembre de 2012, el Consejo de Estado emitiera los documentos rectores: el Decreto-Ley 305, piedra angular para el funcionamiento de las cooperativas no agropecuarias; el Decreto-Ley 306, que regula lo concerniente al régimen especial de seguridad social al que están sujetos los socios; y el Consejo de Ministros habilitara el Decreto 309, una suerte de vademécum para las cooperativas de primer grado.

Por tales presupuestos se han regido los más de 2 300 trabajadores que, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, han optado en Cuba por una forma de empleo que, al decir de los expertos, es una especie de híbrido entre el sector privado y la empresa estatal.

Quizás por esa razón, la de hallarse a medio camino, la máxima dirección del país ha venido auscultando con lupa de gran aumento cada resquicio del proceso, al extremo de que en la más reciente sesión del Consejo de Ministros se reconocieron oficialmente los lunares que ya buena parte de la ciudadanía había advertido: las dificultades para acceder por vías legales a los suministros y la tendencia al incremento de los precios de servicios y productos, sobre todo en mercados agropecuarios y en la actividad gastronómica.

Aún sin concretar el tan reclamado mercado mayorista, que garantice el abastecimiento estable y a precios competitivos del sector no estatal y que, por ende, impida la inflación de los costos de las mercancías y los servicios al pueblo, la orientación del Consejo de Ministros fue “no masificar la creación de cooperativas, la prioridad deberá ser consolidar las que existen e ir avanzando de forma gradual, pues de lo contrario estaríamos generalizando los problemas que se presentan”.

¿Experimento a toda vela?

“Es como si pisaras al mismo tiempo el freno y el acelerador”. Así describe un operario de La esperanza el fuego cruzado en que, ahora mismo, considera él que se encuentra su entidad, por demás, la única cooperativa no agropecuaria en Cuba que se dedica a la confección de mangueras, tuberías para conexiones eléctricas e hidrosanitarias y un larguísimo etcétera de elementos plásticos.

A juzgar por sus indicadores, todo apunta a que el negocio va viento en popa y a toda vela: los socios recibieron ingresos el pasado año, entre anticipos y la utilidad final, de unos 5 000 pesos mensuales como promedio; al cierre de abril de 2015 habían ingresado más de 545 000 pesos al presupuesto del Estado, mantienen una adecuada disciplina tributaria y cumplen metódicamente con el banco, según un informe elaborado por el gobierno provincial al que la prensa tuvo acceso.

En el referido documento, además del desempeño de las siete cooperativas no agropecuarias que en la actualidad funcionan en Sancti Spíritus, se incluyen más de 10 propuestas de agrupaciones similares que ya han sido remitidas a los ministerios de la Construcción, las Comunicaciones, Industrias y Transporte para su posterior aprobación.

“De forma general consideramos que las cooperativas han contribuido a elevar la calidad de las producciones y los servicios”, sostiene Roberto Fajardo Veloso, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial que atiende el programa de desarrollo económico y social, quien esgrime cifras para apuntalar su apreciación: durante el 2014, el sector no estatal aportó 63 millones de pesos al presupuesto del Estado. “Y este año será más”, acota.

Entre los problemas identificados por el gobierno local figuran el temor de no pocas empresas estatales a formalizar contratos con estas asociaciones, la urgencia del mercado mayorista y el surgimiento de una nueva preocupación: la posibilidad de evasión fiscal, un delito que, si bien no puede imputársele gratuitamente a ninguna persona natural o jurídica, ya ha puesto sobre aviso a las autoridades gubernamentales, quienes hoy destinan el 30 por ciento de la actividad de supervisión en la provincia al riguroso examen del sector no estatal.

Al interés de mantener cortas las riendas del control pudieran atribuirse tres determinaciones radicales: la negativa del Ministerio de Transporte a reconocer una asociación para el arrendamiento de bicitaxis, toda vez que esa actividad se ajusta a los cauces del trabajo por cuenta propia; la desaprobación de una cooperativa de instalación y enrollado de motores eléctricos que no presentó garantías de suministros de materia prima, y la disolución de Construcciones Lapinet, primera agrupación de este tipo surgida en Sancti Spíritus pero que, según fuentes del gobierno, presentó irregularidades jurídicas.

Voluntad de negociar

Entre 300 empresas estatales y una veintena de cooperativas que participaron en la segunda feria de conciliación y aseguramiento al plan 2016, La esperanza se robó el show con el parlet de madera plástica: “Detectamos un demanda de ese único producto en torno a los 20 millones de pesos, demanda a la que hoy estamos renunciando —se duele el presidente—. Para enfrentar esos volúmenes productivos hace falta maquinaria, que pudiera venir incluso de otras industrias donde no están funcionando, pero los empresarios están cerrados, todos dicen que no nos las pueden arrendar ni vender, que tienen que esperar la señal de arriba; así no podemos avanzar.

“Por otra parte, para aumentar la producción de madera plástica pudiéramos apoyarnos también en la inversión extranjera. La Ley considera a las cooperativas y les da su espacio, sin embargo, solicitamos una asociación con una empresa mexicana y la respuesta del Ministerio de Industrias fue que todavía no está listo el procedimiento para la implementación”, acota Torres.

¿Cómo valora entonces el desarrollo de esta forma de gestión?

“Es como cada cual lo quiera ver. Yo veo lentos los procesos. Se dice que hace falta acelerar la producción, pero estamos amarrados. Cada vez que voy a una reunión de cooperativas oigo lo mismo. En Sancti Spíritus y creo que a nivel de país falta la voluntad de negociar, de ponernos de acuerdo”, ratifica.

Con tal criterio parece coincidir el Consejo de Ministros, que orientó la modificación del Decreto-Ley 305 y del Decreto 309 con el propósito de ajustar las normativas a las circunstancias actuales, aunque los más suspicaces hayan interpretado las declaraciones oficiales como un síntoma de retroceso.

Por si acaso, Yoel Torres Hernández ha colgado en la puerta de su oficina una especie de receta que los propios socios han comenzado a llamar Los 10 mandamientos y cuyo último acápite reza: “No se puede ayudar al hombre permanentemente haciendo por él lo que él pudiera y debiera hacer por sí mismo”.

“Lo dijo Abraham Lincoln”, me cuenta hasta con orgullo, sin sospechar siquiera que fue en verdad el reverendo William J. H. Boetcker quien publicó el llamado decálogo de la prosperidad a principios del siglo XX y que no hay manera, por más que traten los artífices del plástico, de ajustar semejante precepto al muy particular modelo económico que ensaya la isla en estos tiempos.