Contra el poder – el 11J y la articulación del día después

Protestas del 11 de julio de 2021 en La Habana. Foto: El Toque

Por Melissa C. Novo (El Toque)

HAVANA TIMES – La orfandad de la sociedad civil cubana y lo inesperado de las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 no inmovilizaron, el día después, la articulación ciudadana. Al contrario de lo que podría suceder en escenarios así, emergieron varias iniciativas —tanto dentro como fuera de la isla— que deseaban ser útiles de alguna manera. Iniciativas que, en primera instancia, se enfocaron por completo en la localización de los manifestantes detenidos y desaparecidos.

Lo que comenzó por ser una lista —primero visibilizada como publicaciones y reportes en la página de Facebook DESAPARECIDOS#SOSCUBA— anotada en una hoja de cálculo de Excel, en la cual varias mujeres, dentro y fuera de Cuba, recopilaban información —a partir de denuncias públicas y comunicación directa con familiares y amigos— de los manifestantes se convirtió luego en Justicia 11J.

Justicia 11J es hoy un grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos en Cuba. Sus fundadoras son Camila Rodríguez, Cynthia de la Cantera, Darcy Borrero, Eilyn Lombard, Ivette Leyva, Laritza Diversent, Kirenia Yalit Núñez, María Matienzo y Salomé García.

La dimensión y el alcance de la labor desplegada durante un año por estas mujeres ha sido fundamental, sobre todo, en tres direcciones básicas. La primera, en la denuncia constante de las violaciones cometidas contra los manifestantes —que abarca la detención y todas las fases del procedimiento penal—. La segunda, en la intensa visibilidad internacional y las campañas por la liberación de los menores de edad encarcelados. La última, el apoyo, acompañamiento y ayuda a las familias de los manifestantes.

Gracias a Justicia 11J se supo, en las primeras horas tras el 11 de julio, quiénes eran algunos de los detenidos y desaparecidos, y ello otorgó una dimensión numérica —aunque inexacta— y humana a la represión desatada por las fuerzas gubernamentales luego de que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, diera la orden de combate.

Gracias a Justicia 11J, existe un registro —que se perfeccionó con el paso de los días— exhaustivo en datos; es un documento y archivo que son, en sí mismos, históricos. Ese registro hoy permite consultar no solo el nombre de quienes fueron y son víctimas del castigo estatal, sino otras variables de importancia a la hora de analizar y estudiar lo sucedido —la edad, la provincia y el lugar de detención, el género, la etnia, la profesión, las medidas de aseguramiento, el tipo de sanción, los centros de reclusión y fotografías de los procesados—.

Gracias a Justicia 11J se cuenta con un instrumento independiente —y, por tanto, despojado de presiones u ocultamientos estatales— que, a pesar de ser un subregistro, ha permitido el contraste con la versión oficial. Contraste que, en algunos casos, ha desenmascarado la selectividad de la información pública de las instituciones; mientras que, en otros, ha mostrado la mayor envergadura del castigo.

El 18 de julio de 2021, siete días después de las protestas, la Conferencia Cubana de Religiosas/os (Concur) anunció un servicio de acompañamiento a los detenidos del 11J y a sus familiares. El servicio se enfocó en tres aspectos: asesoramiento para presentar recursos de habeas corpus, ayuda para localizar a quienes fueron arrestados, y el acompañamiento espiritual y psicológico.

Organizaciones como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Prisoners Defenders también colocaron sus esfuerzos en difundir registros de las personas detenidas y desaparecidas luego del 11J. Prisoners Defenders, además, presentó una denuncia ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU —el 14 de julio de 2021—. El recurso logró que desde las Naciones Unidas se exigiera información urgente al Gobierno cubano para conocer el paradero de los manifestantes recluidos.

Estudiantes, profesores y egresados de la Universidad de La Habana entregaron una misiva en la sede del Ministerio de Educación Superior (MES) para exigir la liberación inmediata de los estudiantes detenidos. La carta iba dirigida al ministro del MES, José Ramón Saborido, a quien reclamaron intervención inmediata en el asunto por tratarse de una violación de los derechos de los educandos. El documento demandaba, también, el pronunciamiento del MES respecto a los hechos y un seguimiento de los procesos judiciales de los alumnos.

Asimismo, estudiantes de la Facultad de Arte de los Medios de la Comunicación Audiovisual (Famca) se pronunciaron a favor del derecho a la manifestación, y en contra de la incitación a la violencia y la campaña de descrédito a las protestas desatada en los medios oficiales. La Facultad de Biología de la Universidad de La Habana también se sumó a reclamos similares; así como la red de apoyo y acompañamiento a víctimas de violencia machista YoSíTeCreo en Cuba.

A pesar de la disolución de una iniciativa tan aglutinadora como lo fue Archipiélago —sobre todo después de la salida inesperada de su principal gestor, Yunior García Aguilera—, la plataforma ciudadana logró posicionarse como una articulación sólida. Aunque quizá será recordada por la convocatoria a la marcha popular pacífica para el 15 de noviembre de 2021 (15N), el objetivo primero por el que luchó Archipiélago fue la liberación de los prisioneros políticos del 11J.

Otras iniciativas se enfocaron en recolectar dinero, medicinas, comida, ropa y zapatos para los presos y sus familiares. Entre ellas está Te Presto Mi Voz, liderada por Luciana Covin —cubana residente en Europa y nieta de un preso político—. El proyecto existía antes del 11J y su objetivo era hallar padrinos para los presos cubanos, pero tras el estallido social aunaron esfuerzos para enviar una jaba mensual —incluidos medicamentos— a los manifestantes que lo necesitasen. En su página de Facebook, además, realizan un seguimiento de los procesos judiciales, comparten información sobre los detenidos, así como denuncias de familiares y amigos.

Algunos de los impulsores de Te Presto Mi voz continuaron adelante con otro proyecto nombrado La Jaba De Los Inocentes; cuyo objetivo es también hacer llegar desde el exterior a Cuba alimentos para los prisioneros del 11J.

La campaña «Donde tú caes, yo te levanto» —del Movimiento San Isidro (MSI)— se gestó tras el 11J. Coordinada por la activista e historiadora del arte, Anamely Ramos, la iniciativa se encauzó para hacer llegar productos de primera necesidad a las víctimas de la represión durante las protestas, además de servir de mediación con organizaciones que ofrecen asesoría legal. Para la logística, crearon un grupo abierto en WhatsApp e Instagram, llamado Botiquín MSI.

Ayuda a los Valientes del 11J surgió en Santa Clara como iniciativa de apoyo para llevar a las prisiones los alimentos necesarios para los detenidos. Por otra parte, el grupo Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática se sumaron a las denuncias públicas de los prisioneros e hicieron cadenas de ayuno para acompañar la huelga de hambre que realizara Bárbara Farrat Guillén, madre de Jonathan Torres, excarcelado tras casi un año en prisión.

Muchas de las madres de los presos políticos también alzaron la voz y se han mantenido unidas en el reclamo de justicia para sus hijos. Han denunciado los casos de abusos, violaciones al debido proceso y las sentencias arbitrarias, tanto de manera individual como colectiva. Una de las acciones de conjunto fue la entrega de una carta dirigida a Miguel Díaz-Canel —presentada por Farrat Guillén y su esposo en la Oficina de Atención a la Población del Consejo de Estado—. La misiva recogía más de 150 firmas.

Entre las madres que más han denunciado públicamente la situación de sus hijos encarcelados se hallan Bárbara Farrat, Yanaisy Curbelo (madre de Brandon David Becerra), Yudinela Castro (madre de Rowland Castillo), Elizabeth León (madre de Frandy González León y Santiago Vázquez León), Migdalia Gutiérrez (madre de Brusnelvis Adrián Cabrera), María Luisa Fleitas (madre de Rolando Vázquez Fleitas). Destaca también la familia de Andy García y las voces contundentes de padres como Wilber Aguilar (padre de Walner Luis Aguilar) y esposas como Lázara Robledo (esposa de José Antonio González) y Saily Nuñez (esposa de Maikel Puig Bergolla).

Por otra parte, GuajiroBot es un robot de Twitter creado en abril de 2022 por Danilo El Cubano, el cual «brinda información sobre Cuba y sus luchas por la libertad». ¿Cómo funciona la iniciativa y en qué consiste? Si un usuario de esa red social tuitea el texto «@guajirobot denuncia», de manera automática se genera una respuesta que incluye una foto e información sobre un preso político. Activistas la usan para responder a tuits presidenciales.

Otras acciones colectivas — articulados desde fuera de Cuba— y llamamientos de organizaciones internacionales han contribuido también a la campaña para denunciar el exceso cometido por el Gobierno del archipiélago contra los manifestantes del 11J y para procurar su liberación.

Entre ellas estuvo la declaración conjunta de más de 300 personalidades del mundo del arte —el 8 de diciembre de 2021—; la resolución del Parlamento Europeo en condena a la represión gubernamental —aprobada el 16 de septiembre de 2021—; el comunicado de relatores de la ONU a la alta comisionada —25 de octubre de 2021—; la solicitud de libertad para los presos políticos cubanos realizada por la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas —noviembre de 2021—, y; la declaración de Josep Borrell —alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea (UE)— que instó a las máximas autoridades cubanas a liberar a los prisioneros políticos.

Aunque sea imposible saber con certeza cuál de estas acciones y en qué medida pudieron influir en excarcelaciones, escasas absoluciones y modificaciones de medidas de los manifestantes del 11J, es cierto que retaron y emplazaron al poder —y aún lo hacen—. La protesta legítima y la denuncia en escenarios como el cubano devienen armas fundamentales contra una institucionalidad para la cual la justicia no es límite.

La sociedad civil es parte constitutiva de la sociedad. Su núcleo lo constituyen las asociaciones voluntarias y estas no pertenecen al sistema administrativo. Las asociaciones voluntarias tienen como función, a criterio del politólogo John Keane, “mantener y redefinir las fronteras entre la sociedad civil y el Estado a través de dos procesos interdependientes y simultáneos: la expansión de la igualdad social y de la libertad, y la reestructuración y democratización del Estado”.

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