Cómo el Gobierno de Venezuela limita el acceso a las noticias

utilizando a los proveedores privados de Internet

Las oficinas de la empresa nacional de telecomunicaciones (CANTV) en Barinas, Venezuela. Foto de archivo: Reuters/Carlos Eduardo Ramirez)

Por John Otis (Comité para Proteger a Periodistas)

HAVANA TIMES – Luego de siete años de construir laboriosamente su audiencia, Crónica Uno, uno de los pocos medios digitales de alta calidad que se dirigen a los venezolanos pobres y de clase trabajadora, estaba registrando hasta 15.000 páginas vistas únicas por día. Sin embargo, cuando varios proveedores de Internet privados, a instancias del autoritario Gobierno venezolano, bloquearon a Crónica Uno y a otros tres medios digitales independientes en febrero, esa cifra bajó a 5.000 prácticamente de la noche a la mañana.

“Eso ha tenido un enorme impacto”, declaró Carlos Correa, director de la organización defensora de la libertad de expresión con sede en Caracas Espacio Público  y director de Crónica Uno. Los bloqueos de Internet “fácilmente pueden reducir tu tráfico a la mitad”.

Desde que el Gobierno venezolano comenzó su campaña represiva contra los medios independientes en 2007, la mayoría de los bloqueos de Internet han sido realizados por CANTV, el proveedor estatal, que en la actualidad proporciona dos terceras partes de las conexiones residenciales. No obstante, según periodistas y expertos en la Internet, el Gobierno de Nicolás Maduro cada vez más obliga a los proveedores privados de Internet, que dominan el mercado de telefonía móvil, a implantar la censura de prensa al bloquear los pocos medios digitales independientes venezolanos que quedan.

La ola de bloqueos de Internet de febrero sobresalió porque a CANTV se le sumaron los principales proveedores privados de Internet del mercado venezolano: la empresa española Movistar y las empresas locales Digitel, Inter, NetUno y Supercable, de acuerdo con Venezuela Sin Filtro, un proyecto que fiscaliza la censura en la Internet. Además de bloquear Crónica Uno, estos proveedores de Internet bloquearon los influyentes medios digitales Efecto Cocuyo y El Nacional y el canal de streaming EVTV Miami.

Durante las elecciones regionales de noviembre pasado, los proveedores privados de Internet bloquearon a 35 medios digitales independientes, lo cual motivó críticas del Centro Carter, organización estadounidense, y de la Unión Europea, los cuales enviaron equipos de observadores para vigilar la imparcialidad del proceso electoral venezolano.

“Mientras que los sitios web de noticias alineados con el gobierno […] eran constantemente accesibles durante la campaña en todos los estados y a través de cualquier proveedor de internet, los sitios web de medios de comunicación independientes […] eran de muy difícil o imposible acceso en 16 de los 23 estados”, señaló la misión de observadores europeos en su informe final posterior a las elecciones.

Como respuesta, los medios de comunicación venezolanos han creado réplicas de sus dominios originales, conocidas como espejos; han distribuido artículos de noticias escritos o grabados en audios por WhatsApp, Telegram y otras plataformas de redes sociales; y han llamado a sus audiencias a instalar redes virtuales privadas (VPN, por sus siglas en inglés) para burlar los bloqueos.

Incluso con estas medidas, los bloqueos dificultan mucho que los venezolanos puedan mantenerse informados y perjudican la capacidad de los medios digitales de consolidar su marca y conseguir financiamiento por medio de publicidad y donaciones, declaró César Batiz, director del medio digital independiente venezolano El Pitazo.

Batiz declaró al CPJ que durante los últimos cinco años El Pitazo ha sufrido bloqueos intermitentes tanto de CANTV como de proveedores de Internet privados. Cuando su portal web fue bloqueado por primera vez en 2017, el tráfico de El Pitazo cayó de 115.000 páginas vistas diarias a 11.000. El Pitazo recuperó gradualmente su audiencia, en parte gracias al creciente número de venezolanos que residen en el extranjero.

Batiz acusa a los proveedores de Internet privados de hacerle el trabajo sucio al Gobierno y dice que deberían ser obligados a pagar una indemnización a los portales web afectados. Él y otros periodistas se sienten particularmente decepcionados por la empresa española Movistar, el único proveedor de Internet extranjero en Venezuela. Dicen que Movistar, que domina el mercado de telefonía móvil, cuenta con más recursos que las empresas venezolanas y, por tanto, más espacio para maniobrar y resistir las presiones del Gobierno.

“Lo que no puedo entender es cómo una empresa con gobernanza corporativa y un código de ética que funciona de conformidad con los principios de libertad de expresión de la Unión Europea hace lo que está haciendo en Venezuela”, declaró Batiz, quien en 2019 encabezó una protesta en la sede de Movistar en Caracas.

Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, medio digital que lucha por recuperar lectores a raíz de que Movistar y otros proveedores de Internet bloquearan su sitio web en febrero, agregó: “Movistar no debe servir como instrumento de un Gobierno que no respeta las normas democráticas”.

El CPJ llamó a las sedes de las empresas Movistar, Digitel, Inter, NetUno y Supercable en Caracas, pero nadie devolvió las llamadas. El CPJ envió un correo electrónico a la oficina de prensa en Madrid de Telefónica, la empresa matriz de Movistar, pero no recibió respuesta. Pedro Marín, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones, que representa a los proveedores de Internet de Venezuela, declaró al CPJ, por intermedio de un vocero, que estaba muy ocupado para hablar.

Luis Carlos Díaz, presidente de la sección de Venezuela de Internet Society, organización global que promueve el acceso abierto a la Internet, dice que sería un error tratar con demasiada dureza a los proveedores de Internet privados. Díaz declaró al CPJ que, al igual que los sitios web que los proveedores bloquean, estas empresas también son víctimas de la represión gubernamental.

En lugar de un proceso judicial formal, señaló Díaz, los proveedores de Internet privados reciben órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) para que bloqueen sitios web. Díaz agregó que estas órdenes eran decisiones administrativas arbitrarias que no se podían impugnar legalmente y observó que los proveedores de Internet pueden ser sometidos al pago de elevadas multas, la expropiación de sus bienes o incluso a peores consecuencias por ignorarlas.

Durante los últimos dos decenios, las autoridades venezolanas han sacado del aire a decenas de canales de TV y radioemisoras independientes por criticar al Gobierno, expresó Díaz. El año pasado, funcionarios gubernamentales confiscaron los bienes, entre ellos la rotativa, del diario independiente El Nacional. En 2020, la empresa DIRECTV de AT&T se retiró del mercado venezolano cuando se le ordenó que transmitiera la señal de dos canales de TV oficialistas como parte de su servicio, y tres altos ejecutivos suyos fueron encarcelados por dos meses, acusados de fraude y de intento de desestabilizar la economía.

Los proveedores de Internet privados, expresó Díaz, “tienen una pistola apuntada a la cabeza”.

CONATEL no respondió ni a las llamadas telefónicas del CPJ ni a un correo electrónico en los cuales se le solicitaba una declaración. Un conocedor del sector, quien no estaba autorizado para efectuar declaraciones al CPJ sobre la censura y por ello solicitó el anonimato, afirmó que CONATEL casi siempre transmitía las órdenes de bloqueo a los proveedores de Internet privados por vía telefónica, para evitar dejar una constancia por escrito.

“Las empresas desean que las personas tengan acceso a todos los sitios de Internet, pero si reciben una orden del Gobierno, tienen que cumplirla”, aseguró la fuente.

En 2019, El Pitazo obtuvo acceso a un correo electrónico en el cual CONATEL ordenó el bloqueo de su dominio. El informe del Centro Carter sobre las elecciones de noviembre expresó: “CONATEL ha emitido directrices para bloquear y censurar medios digitales”.

La única vez que el Gobierno venezolano ha reconocido públicamente la censura de la Internet sucedió durante un encuentro, en 2015, con el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. William Castillo, entonces director de CONATEL, dijo que se había ordenado el bloqueo de 1.060 sitios web, entre ellos medios digitales, para “la protección de la sociedad”.

Andrés Azpúrua, coordinador de Venezuela Sin Filtro, declaró al CPJ que los proveedores de Internet privados deben ser más transparentes sobre los motivos de los bloqueos de sitios web, y puso como ejemplo el modo como Google avisa cuando se retira algún video de su plataforma YouTube por violación del derecho de autor. En lugar de ello, sostuvo Azpúrua, muchos venezolanos nunca se enteran de la censura, sino que culpan a las notoriamente lentas velocidades de Internet de Venezuela por no poder tener acceso a las noticias.

Díaz, de Internet Society, plantea que Estados Unidos y otros Gobiernos deben valorar la posibilidad de sancionar a funcionarios de CONATEL, pues, como él y otros expertos señalan, los proveedores de Internet privados, que han luchado por sobrevivir durante la actual crisis económica de Venezuela, tienen las manos atadas. Si los proveedores de Internet privados adoptan una posición pública firme a favor de la libertad de expresión y desafían las órdenes del Gobierno, afirman, eso prácticamente garantiza su cierre, y menos acceso a la Internet para los venezolanos.

En las palabras de Azpúrua: “Es mejor tener una Internet censurada que nada en lo absoluto”.

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