Clima pre-electoral de Venezuela: a una semana del 6D

Armando Chaguaceda & María Isabel Puerta

HAVANA TIMES — El clima electoral en Venezuela, de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, no ha estado exento de graves muestras de parcialidad institucional, abuso de poder y violencia política, en un país que ostenta el lamentable calificativo de ser uno de los más inseguros del mundo.

Ha sido relevante la comunicación que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, enviara a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tibisay Lucena -en ocasión de su negativa a aceptar una misión de observación electoral de la OEA-, recordándole sus deberes como representante de uno de los poderes públicos y los derechos de los ciudadanos, específicamente, los identificados con una oposición que no goza de condiciones equitativas en el proceso electoral.

El pronunciamiento menciona el uso ilimitado de recursos del Estado en la campaña; la inequidad en el acceso a medios de comunicación públicos para la oposición[1]; la confusión en el material electoral, además de otras acciones desde el Estado, así como la declaratoria de los estados de excepción en zonas fronterizas y el despliegue de la Operación Liberación del Pueblo.

Toda esta conflictividad exacerbada genera un ruido adicional a una situación ya tensa, que se evidencia en los últimos días por una serie de actos de violencia dirigidos hacia diversas figuras políticas: candidatos a la Asamblea Nacional (Miguel Pizarro, Rummy Olivo), mandatarios regionales (Henrique Capriles) y representantes políticos (Lilian Tintori) que han sido objeto de agresiones por parte de grupos identificados con el oficialismo, llegando al extremo del asesinato político del dirigente de Acción Democrática, Luis M. Díaz, secretario general del partido en la localidad de Altagracia de Orituco, en el estado Guárico, al centro del país.

La violencia ha provocado la repulsa nacional, y de organismos internacionales como la OEA, y de líderes políticos como el presidente de Colombia Juan M. Santos y el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, entre otros.

El clima de alta conflictividad se ha visto amplificado por un proceso judicial iniciado en los Estados Unidos en contra de dos sobrinos de la Primera Dama del país, acusados de conspirar para introducir un cargamento de sustancias estupefacientes, por lo que serían sometidos a la justicia federal. Esto ha generado serios cuestionamientos desde sectores de la oposición, obligando al oficialismo a responder en forma defensiva o, en el mejor de los casos, evadiendo su discusión.[2]

En la recta final preelectoral, la expectativa de activación de mecanismos de emergencia de asignación y distribución de recursos, como comida, bienes muebles e inmuebles, no ha sido satisfecha. El fin de semana previo a las elecciones se había anunciado en distintos estados del territorio nacional unos puestos de venta de alimentos a través de la red Mercal[3], sin embargo -y a pesar de la cercanía de las elecciones- las quejas de usuarios inundaron las redes sociales, a causa de la suspensión de la jornada de venta de alimentos,[4] fomentando rumores de agotamiento de comida, fracturas internas del Gobierno o simples trabas burocráticas.

Las últimas semanas los niveles de violencia discursiva e institucional del Gobierno hacia la oposición se han incrementado, limitando la capacidad de movilización de los actores políticos contrarios al oficialismo, tanto por la vía legal, como en la práctica.

Los funcionarios públicos de diversos ministerios y empresas como PDVSA, lejos de representar a la ciudadanía, persisten en su rol de comisarios políticos, dejando a un lado los reclamos por fallas en los servicios públicos y escasez de bienes de primera necesidad, así como la criminalidad desbordada.

En términos electorales, la mayoría de las encuestas siguen favoreciendo a la oposición, aunque en la más reciente de noviembre hay una modesta recuperación del oficialismo.[5] Sin embargo, el ambiente de descontento con el Gobierno y el rechazo a la gestión de Maduro hace presagiar que la oposición tendrá un mejor desempeño. Lo que explicaría las amenazas que desde el Gobierno han proferido, desde el presidente Maduro, hasta el de la Asamblea Nacional, Cabello, con relación al reconocimiento de un triunfo opositor, disparando las alarmas internacionales.
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[1] http://www.americasquarterly.org/content/venezuelas-media-isnt-smearing-opposition-its-making-them-invisible

[2] El caso de los sobrinos presidenciales ha sido silenciado en la prensa nacional con escasas excepciones, mostrando además de la censura, el impacto que tiene a lo interno del chavismo, por lo que no se trata de un tema de discusión pública, reduciéndose a rumores que se van tejiendo a partir de las muy limitadas informaciones a las que se tiene acceso.

[3] Red de mercados populares administrados por el Gobierno bajo el Programa de las Misiones Sociales.

[4] http://elcooperante.com/el-pueblo-con-hambre-y-maduro-los-engana-suspenden-jornadas-de-mega-mercal/

[5] http://prodavinci.com/2015/11/29/actualidad/quien-ganara-y-otras-preguntas-sobre-el-6d-a-luis-vicente-leon/