Cancelación de oenegés “deja indefensas” a miles de mujeres
HAVANA TIMES – Jorlenis, una campesina de Posoltega, en el occidente de Nicaragua, empezó sembrando en 2014 en una pequeña parcela de tierra, porque su hija menor tenía problemas de peso. “De esa forma logré que se pusiera sanita y me di cuenta de la importancia de cosechar mis propios alimentos”, dice.
Ahora posee un pequeño huerto en el que siembra, tanto en invierno como en verano. “En la temporada seca lo hago con un sistema de riego que me financió una organización que trabajaba con Oxfam”, detalla.
El sistema de riego funciona con un pozo del que extrae agua con un par de pedales. “Me subo, pedaleo y el agua empieza a salir hacia los barriles. De ahí abro una llavecita que dirige el agua a unas mangueras que están en el huerto para que empiece a gotear agua sobre los siembros”, explica.
Gracias a esta forma de sembrar puede sostener a su familia. “Me siento orgullosa de que no tengo que sacar un peso para comprar alimentos, porque yo misma los produzco”, insiste.
Ella se siente una mujer empoderada gracias a este cambio que aplicó en su vida. “Desde entonces dejé esa mentalidad de depender de alguien más y descubrí que puedo ser autosostenible”, menciona esta joven campesina.
Para Yorlenis es lamentable el cierre de oenegés por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. “Hablan de que apoyan al pueblo, pero están afectando a miles de familias que buscan salir de la pobreza con la expulsión de organizaciones internacionales que nos han apoyado”, comenta.
“Es un crimen tras otro el que cometen. Nos quieren robar hasta la oportunidad de ser económicamente sostenibles, de no depender de ningún hombre, de salir de la miseria”, lamenta.
Un duro golpe para las comunidades
Desde 2018, el régimen Ortega-Murillo ha despojado de su personería jurídica a 55 organizaciones, 45 de ellas en lo que va de 2021. Este año han cancelado particularmente a organizaciones médicas, de mujeres y territoriales.
Seis de las organizaciones canceladas eran originarias de Estados Unidos y Europa, como Oxfam Intermón. Este cierre afectará a cientos de familias nicaragüenses que se beneficiaban de los proyectos de desarrollo social, prevención de desastres y derechos democráticos que impulsaban en todo el país, especialmente en el Caribe.
El director regional de Oxfam para América Latina y el Caribe, Simon Ticehurst, detalla que beneficiaban a 129 705 nicaragüenses en los diferentes proyectos de ayuda humanitaria, derechos humanos, producción agroecológica y protección del medio ambiente que desarrollaban junto a 56 ONG locales.
Más de la mitad de esos beneficiarios eran mujeres como Yorlenis, pues esta organización promovió en Nicaragua “iniciativas de pequeñas y pequeños productores vinculadas a producción agroecológica que les permita mejorar su seguridad alimentaria y nutricional principalmente en territorios afectados por el cambio climático y la pobreza”.
“Mujeres en la indefensión”
Otra de las organizaciones canceladas es la Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia Oyanka. Elgin Morales, que se desempeñaba como responsable del área de atención legal y psicológica de esa ONG, lamenta que cientos de mujeres del departamento de Nueva Segovia e incluso sus alrededores queden “desamparadas”.
“Es un sentimiento de tristeza que cientos de mujeres quedan en la indefensión tras este cierre forzado porque cuando vivían situaciones de violencia machista recurrían a nuestras oficinas”, denuncia.
Morales afirma que cada día atendían al menos 100 mujeres que enfrentaban situaciones de peligro. “Nosotras atendíamos a cualquier mujer que llegara en búsqueda de ayuda y ahora lamentablemente no queda ningún organismo que dé la cara por las mujeres, cuando en Jalapa hemos tenido femicidios atroces”.
Desde su fundación en 1993 esta organización atendió a más de 15 000 mujeres víctimas de violencia, quienes recibían asistencia jurídica, atención psicológica o resguardo físico en un albergue. Además, contaban con 35 grupos territoriales en diferentes comunidades del norte del país.
El centro “Vida y Esperanza” de Oyanka empezó a funcionar en 2006 para darles un espacio a mujeres que sufrían violencia física y sexual. Morales apunta que más de 1000 mujeres con sus hijos fueron “resguardadas” en ese lugar.
Ahora desconoce qué pasará con ese lugar que fue confiscado por el Gobierno, porque, aunque sus estatutos establecían que deberían ser donados a una organización que desarrolle un trabajo similar al que ellas hacían, “no hay nadie que haga eso”.
La confiscación ya la habían vivido en 2014 cuando les robaron todos los equipos para instalar una radio local. “Ya teníamos permiso de operar y de pronto llegaron a llevarse todo, no sabemos hoy donde está todo eso”, explica Morales.
“En juego la sociedad civil”
Para Amaru Ruiz, coordinador de la ahora desaparecida Federación Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (Red Local) “aquí lo que está en juego es el derecho a la cooperación al desarrollo” y “el tercer pilar fundamental para un estado democrático que es la sociedad civil”.
“La sociedad civil en los estándares internacionales juega un papel importante para el proceso de auditoría social, para el proceso de desarrollo de las poblaciones locales, y que lamentablemente el régimen no está dispuesto a mantener en el país”, alerta.
La federación aglutinaba a más de 20 organizaciones en todo el territorio nacional y en 2019 ya la Policía Nacional había allanado sus instalaciones. “Era un golpe (el cierre) que esperábamos, sabíamos que era cuestión de tiempo porque el régimen busca desaparecer a quienes tienen incidencia en los territorios”, asegura.
Aunque en varias ocasiones intentaron llevar su documentación el Ministerio de Gobernación se negó a aceptarlas. No les otorgaban la certificación de la nueva junta directiva lo que a su vez “paralizaba” que recibieran la constancia de cumplimiento.
Ruiz afirma que el régimen empezó a ver “como enemigas” a las organizaciones que tienen vínculos en territorios donde había movilizaciones desde antes de abril de 2018.
“Trabajamos en al menos 40 municipios del país en elaboración de políticas públicas y auditoría social. Con más de 20 proyectos llegamos a beneficiar a más de 200 000 personas de zonas vulnerables del país”, detalla Ruiz.
“No podrán borrar los frutos de nuestro trabajo”
La Asociación Colectivo de Mujeres de Matagalpa, a la que le fue arrebatada su personería jurídica el pasado 26 de agosto, publicó un comunicado en el que denunció esa arbitrariedad jurídica “basada en artimañas y mentiras” que busca “imponer miedo y silencio”.
“Los frutos de este trabajo de años, sembrando en las conciencias de las personas, no los puede borrar ninguna Asamblea Nacional, ningún Gobierno, porque pertenece a las mujeres del campo, a la niñez, jóvenes”, manifestaron.
Afirman que prueba de su trabajo son las miles de mujeres y niños que durante 31 años recibieron “atención integral” en los diversos proyectos comunitarios desarrollados como: casas comunitarias, fondos revolventes, bibliotecas comunales, proyectos de agroecología, cosecha de agua, construcción de viviendas, ventas comunitarias, iniciativas creativas de teatro, coro, zancos, folletos, manuales, cartillas, entre otros.
“Denunciamos la violación al derecho de organización, a la justicia, a la libertad de expresión y al derecho a vivir sin violencia”, destacan.
Una de las integrantes de esta ONG conversó con CONFIDENCIAL y el programa Esta Noche, bajo condición de anonimato por seguridad, y cuenta que el Colectivo desarrolló durante su existencia “una serie de proyectos vinculados a mejorar las condiciones de vida de las mujeres en todo el sentido de la palabra… en el sentido del cuido de la salud, de la educación, el cuido del ambiente, del cuido del ejercicio de derechos”.
“Toda esta propuesta social organizativa es enorme porque tiene unas raíces muy grandes que se están vinculando al trabajo con la niñez, al trabajo con las adolescentes, y jóvenes en todas las comunidades que tienen una amplia red de animadores culturales, bibliotecarios rurales”, explica.
“Hay 17 espacios de bibliotecas rurales establecidas, funcionando desde hace más de 20 años en todas las comunidades, son los únicos espacios que hay y son espacios educativos, formativos, donde los niños y niñas encuentran su espacio para el ejercicio de sus derechos y el aprendizaje”, añade.