Burócratas hacen la vida imposible a los ganaderos cubanos
complicado además por ladrones
Ante el acoso permanente en su finca de Cárdenas, Ernesto piensa vender sus animales y abandonar el país.
Por Julio César Contreras (14ymedio)
HAVANA TIMES – Ernesto tiene nacionalidad española desde 2008 y en los últimos años ha viajado algunas veces a España, pero siempre regresa. En la Isla, específicamente en Cárdenas, Matanzas, gestiona una finca ganadera en la que también siembra algunos terrenos con hortalizas y de la que le cuesta desprenderse. Hasta ahora, como productor, había podido arreglárselas –aunque reconoce que “no ha sido fácil”– pero la situación que viven los guajiros lo ha llevado a considerar vender sus animales y abandonar definitivamente el país.
«Hace unos años logré, con mucho esfuerzo, conseguir tres caballerías de tierra. Tuve que ir a ver hasta al delegado de la Agricultura en Matanzas para que me dieran esta finca en usufructo. Luego de muchísimas gestiones lo logré. Sin embargo, mi propósito de desarrollar la ganadería me ha costado bien caro», confiesa el campesino de 58 años a este diario.
Entre vacas, toros y terneros, Ernesto tiene un total de 67 reses en su finca, distribuidas en dos cuartones o casas de vaquería. «Yo pensaba, inicialmente, dedicar una parte de las tierras a la producción ganadera y la otra parte al cultivo de algunas viandas, pero las dificultades para tener los recursos necesarios me han impedido avanzar», explica.
Según el ganadero, cerca de la mitad de su potrero, con tierras útiles, se mantiene desaprovechado. «¿En qué tienda puedo comprar machetes, rastrillos o guantes para lidiar con la maleza? ¿Dónde están los insumos que garantizan que los guajiros podamos cuidar las tierras y a los animales? En estos años yo he visto de todo: tiendas del campesino, proyectos con financiamiento extranjero, ventas de algunos productos en MLC (moneda libremente convertible). Pero eso son apenas intentos insuficientes para ayudar a los productores y todos han quedado en nada».
Otros problemas mantienen a Ernesto en vilo, y es que, pese a tener agua para los animales, los pastos comestibles no se dan bien en la zona y las consecuencias pueden ser desastrosas para las reses y para el bolsillo del ganadero. «Si uno de mis animales se enferma, tengo que comprar los medicamentos en el mercado informal, al precio que quieran ponerle, porque por el Estado no hay o son muy difíciles de conseguir», lamenta el hombre.
«A los cooperativistas se nos exige que cumplamos todos los planes de producción pero, en los años que llevo aquí, nadie ha venido a preguntarme qué me hace falta para hacer las vaquerías, para alimentar a mis reses o para que las tierras se mantengan en buen estado. Yo nunca he querido que me regalen nada, pero tampoco es justo que abandonen a los campesinos de esa manera», afirma molesto.
Ante la disyuntiva entre cumplir las reglas o subsistir y salvar su negocio, muchos ganaderos terminan haciendo tratos por la izquierda. “Estos años he podido ir escapando con la venta de algunos animales, pero el asunto se complicó con el censo al ganado que empezó a inicios de este año. La ‘orientación’ es que no se puede vender ningún animal hasta que terminen de contar todo, aunque la gente siempre se las arregla para vender una o dos vaquitas», asegura.
Aun así, reflexiona el guajiro, la gestión de su finca ha comenzado a darle “más dolores de cabeza que satisfacciones”, pues se ha vuelto una tarea poco rentable y el Estado “no da mucho margen de actuación a los campesinos». «Las reses supuestamente son mías, pero solo puedo sacrificar dos al año, con previa autorización de la cooperativa y de la Delegación de Agricultura. Si hago un contrato de sacrificio menor, tengo que buscar hasta el carro para transportar los animales al matadero. Después de todo lo que gasto en tiempo y trámites, me pagan la libra de carne 10 veces por debajo de lo que se cotiza en el mercado informal”, lamenta.
“Algunos guajiros terminan buscando a un veterinario para que certifique la muerte de algún animal por enfermedad, dándole baja en el registro pecuario y venderlo”, señala.
Ernesto interrumpe un instante la conversación para atender una llamada telefónica. Lo contacta un vendedor que ha conseguido alambre para cercar a 1.200 pesos el metro. «¿Quién aguanta esos precios haciéndolo todo por la canalita estatal?». Pero son gastos en los que debe incurrir, pues sus animales podrían terminar en manos de algún matarife ilegal.
«Esto se pone oscuro como una boca de lobo. En todos estos años me han robado dos veces y lo peor es que, cuando pasa, las autoridades les echan la culpa a los campesinos por no tener los terrenos delimitados y dejar que las reses deambulen. Pero si vas a cortar madera para echar una cerca, la Empresa Agroforestal te demora el permiso o te lo niega. Si haces una denuncia por robo, la Policía nunca encuentra a los delincuentes. Entonces, ¿de quién es la culpa?», reclama el guajiro.
Si se pone a sacar cuentas, Ernesto ha dedicado casi 20 años a una finca que en realidad no es suya, pues las tierras pertenecen al Estado y este puede quitárselas en cualquier momento. «Estoy expuesto a carencias y problemas de todo tipo, incluyendo los ladrones que constantemente intentan hacer lo suyo. Me he cansado de reuniones que no resuelven nada y de los burócratas que viven a costa del sacrificio ajeno”, dice. «A veces me dan ganas de deshacerme de todo esto e irme para otro país. Ese sería mi sacrificio mayor».