Así vive Venezuela bajo la “Ley contra el odio” de Maduro
La “Ley Resorte”, la “Ley contra el odio” y la “censura sofisticada” del chavismo para callar y ahogar a la prensa independiente venezolana
Por Vladimir Vásquez (Confidencial)
HAVANA TIMES – En julio de 2019, el periodista venezolano Wilmer Quintana García fue detenido en el estado de Guárico, Venezuela, señalado de “promoción e incitación del odio”. Su delito: publicar en sus cuentas de Twitter y Facebook una denuncia por supuesta corrupción en la prestación de servicios básicos en la administración del gobernador José Manuel Vásquez, un contador público y deportista que incursionó en la política en 2004, siendo alcalde municipal por trece años consecutivos, para luego asumir la gobernación regional.
Catorce meses antes, en mayo de 2018, el tuitero Pedro Jaimes Criollo fue arrestado por revelar en redes sociales la ruta del avión presidencial de Nicolás Maduro, basándose en información pública obtenida de la página Flightradar.com, que muestra datos de los aviones de todo el mundo, incluidos los oficiales usados por presidentes y ejércitos.
Para acusar a Quintana y Jaimes, el régimen venezolano utilizó la “Ley Constitucional Contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”, conocida simplemente como “Ley contra el Odio”, que fue aprobada en noviembre de 2017 estableciendo condenas de hasta 20 años de cárcel para quien incite al odio, la discriminación o la violencia, y legalizando el bloqueo de portales que sean considerados “inadecuados”.
La ley venezolana, que ha sido comparada con la “Ley Mordaza”, aprobada este 27 de octubre en Nicaragua, también es criticada por utilizarse de forma discrecional por el Gobierno de Maduro a fin de ocultar las críticas o publicaciones que no sean de su agrado.
En Venezuela, además, esta ley está precedida por la “Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión”, de 2004, conocida como “Resorte”, con la que el ahora fallecido Hugo Chávez obligaba a todos los dueños de medios televisivos y radiales a retransmitir sus alocuciones, y a no transmitir noticias o informaciones en horarios populares, relegando el contenido de 11 de la noche a cinco de la mañana, junto con los contenidos pornográficos o violentos.
Televisión, pero sin opositores
La “Ley Resorte” fue en contra de las líneas editoriales de los medios de comunicación y sus contenidos, y también de sus modelos de negocios: mientras los medios estaban obligados a transmitir las cadenas del Gobierno, también varios anuncios fueron relegados a las horas de menor audiencia.
Lisseth Boon, periodista del medio digital Runrun.es, relata que la ley permitió a las autoridades venezolanas decidir de forma arbitraria qué contenido afectaba a niños y adolescentes y como consecuencia los eventos en vivos, por ejemplo, las protestas en contra de Chávez, no se podían transmitir en la televisión.
“Todo el discurso de la oposición, el presidente de la Asamblea y el presidente encargado interino Juan Guaidó, jamás han aparecido en señal de televisión en Venezuela. ¡Jamás! El último líder de la oposición que apareció en la televisión fue Henrique Capriles, cuando fue candidato a la presidencia”, relató Bonn.
Eso fue en 2013 y desde entonces, el discurso oficial impera en las televisoras de Venezuela, mientras que la oposición está relegada a internet, al que solamente el 50% de los venezolanos tiene acceso.
Bloqueos y hasta cortes de internet
La “Ley Resorte” fue reformada en 2016, para incluir el control del internet, y por ende de todos los medios digitales que surgían en la red intentando escapar de la censura aplicada contra los medios tradicionales. Así, periodistas de diferentes plataformas comenzaron a autocensurarse, para evitar consecuencias.
En 2017, el chavismo decidió subir la parada y aprobar la “Ley contra el Odio”, que Boon califica como “abiertamente censora”, pues se utiliza para justificar detenciones arbitrarias y bloqueos totales de páginas web o el corte completo del acceso a internet en el país.
Un estudio del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), realizado entre enero y abril de 2020 en Venezuela, demostró que las limitaciones directas a páginas de medios de comunicación llegan por bloqueos del Sistema de Nombres de Dominio (DNS por sus siglas en inglés), también por Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP) y de Protocolos de Internet (IP).
“Según los registros, del total de 223 pruebas que se hicieron, la televisora VIVOplay acumuló el mayor número de impedimentos, pues registró 104 veces bloqueos por DNS, 76 por HTTP, y una sola vez se identificó un bloqueo bajo la modalidad TCP/IP. Seguidamente estuvieron los portales de VPItv, también televisora digital, que en 134 momentos mostró bloqueos bajo la modalidad de DNS y en 46 por HTTP, mientras que NTN24 apareció bloqueado por DNS en 139 ocasiones, y por HTTP en 38”, se lee en el documento.
Las evaluaciones también registraron el bloqueo a varios medios digitales, entre ellos: “Caraota Digital (154), Punto de Corte (143), Armando.Info (111), La Patilla (100), Noticia al día (91), Albertonews (90), Efecto Cocuyo (60), Aporrea (59), La Mañana (58), Globovisión (42), El Pitazo (34), Tane Tanae (30), Correo del Orinoco (26), El Nacional (26), La Prensa de Lara (25), Correo del Caroní (25), El Universal (24), VTV (24) y 2001 (18)”, continúa el informe.
Armando.Info, dedicado al periodismo de investigación, figura como el tercer medio con más bloqueos registrados en el período de evaluación. El periodista venezolano exiliado Joseph Poliszuk, coeditor y fundador del sitio, afirmó a CONFIDENCIAL que para vencer la censura han tenido que cambiar de dominio, es decir, de nombre en la web, en cuatro ocasiones.
“La Ley Resorte, en el 2004, nos pareció lo peor que podía pasar”, recuerda Poliszuk. Pero tras la aprobación de la “Ley Contra el Odio”, la mitad de la redacción de Armando.Info tuvo que exiliarse en Bogotá, Colombia.
El periodista relata que el régimen de Maduro aplica la “censura sofisticada”, que consiste en limitar el acceso a ciertas páginas web en ciertas zonas de Venezuela, pero no en otras, para que no se “pueda demostrar la censura”.
De estas limitaciones no han escapado tampoco los medios internacionales. CNN, por ejemplo, es uno de los que más ha sufrido la censura, pues desde el 2017 no puede transmitir en el país sudamericano.
Marianela Balbi, directora del Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela, asegura que estas leyes aprobadas por el chavismo se caracterizan por un lenguaje “vago, sinuoso y general”, por lo que pueden ser aplicadas de forma discrecional según estime conveniente el régimen.
Incluso, desde el ascenso de los casos de covid-19 en Venezuela, el régimen ha hecho lo posible porque no se informe sobre el avance de la pandemia.
“Desde el pasado 13 de marzo, cuando se anunció el decreto de Estado de alarma en Venezuela debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia de covid -19, aumentaron las restricciones de acceso a internet por la precariedad en los servicios y los apagones diarios que ocurren en todas las regiones, así como por los bloqueos y ataques a las plataformas de medios de comunicación y a los trabajadores de la prensa. En este período hubo 39 casos de limitaciones a los derechos digitales, que están distribuidos de la siguiente manera: 17 casos de bloqueos, seis ataques a plataformas de medios digitales, 14 restricciones y dos casos de limitaciones a la privacidad”, detalla Balbi.
El periodismo sigue vivo
Gisela Rodríguez, periodista del medio digital El Pitazo, que también ha sido bloqueado en varias ocasiones por el régimen venezolano, asegura que no solo los medios han sido afectados por la censura, sino también los médicos, los ciudadanos y dirigentes gremiales detenidos por “colocar en sus estados de WhatsApp alguna queja o información de la empresa pública donde trabajan”.
“Hay medios independientes que los periodistas seguimos haciendo nuestro trabajo, con dificultades, con temor muchas veces, pero se siguen publicando las informaciones. A veces uno está con mayor previsión y ver si esto puede ser calificado como incitación al odio. Los medios digitales no hemos dejado de publicar información y nos cuidamos”, afirma Rodríguez.
Incluso la ciudadanía, a pesar de las restricciones y la persecución del Gobierno de Maduro, no dejan de lanzar críticas contra el régimen que se vale de todas las herramientas posibles para monitorear, amenazar y perseguir.
Boon sostiene que los periodistas hacen un trabajo riguroso para sortear la persecución del régimen que intenta callar las investigaciones. Pero no es tarea fácil. “Uno de los retos que tenemos es la sustentabilidad de los medios digitales que se ha agudizado con la pandemia”, afirma Boon, se pregunta “¿cuál es el modelo de negocio a seguir en un país quebrado económicamente?”.